Lo que es igual no es trampa

Por Tulio Álvarez

@tulioalvarez

 

 

 

Si Santos no aprende esta vez, lo mejor es que entregue el cargo a otro que lo merezca. Parece que la lección tenía que aprenderla en carne propia aunque el sufrimiento real sea para miles de sus compatriotas. Se supone que debía hacer su tarea, estudiar bien la historia, bautizarse en las aguas sulfurosas de la política latina, como requisito para ser Presidente de un país como Colombia. Pero demostró que el cargo le está quedando grande y que ha sido un pésimo alumno de Álvaro Uribe. ¿Qué tan difícil pudo haber sido comprender que con actores de pensamiento totalitario no se puede convivir? Pero él tendió la cama a los rojos de ambos lados de la frontera y parece disfrutar el ménage à trois  y la apasionada componenda con las fuerzas del mal.

 

Esta premisa, la imposibilidad de convivir con regímenes y facciones comunistas, tan elemental, se potencia en valor al recordar que nuestra otra patria grancolombina ha sido desangrada durante seis décadas por una guerrilla castrista, socio capitalista del narcotráfico, definida por la comunidad internacional como organización terrorista. De manera que, hasta cierto punto, luce lógico que Santos se equivoque con el régimen rojo de Maduro, si partimos de la base que sigue insistiendo en un “dialogo” y una “negociación” con los defensores de doctrinas materialistas decimonónicas que no tienen escrúpulos para masacrar a la población civil y traficar con la miseria humana.

 

Lo de los Estados de Excepción en la frontera equivale a la picada que le hace el alacrán al sapo a mitad del río. Es lo que diríamos con vernáculo acento de la política criolla: “Un auto-suicidio voluntariamente infringido”. ¿Por qué lo digo? Por muchas razones, pero hay dos que quiero resaltar. Primero refleja una realidad de excesos y violación de derechos fundamentales no solo de ciudadanos venezolanos sino también de ciudadanos extranjeros; en especial, de nacionalidad colombiana. A tal punto de gravedad llega esta situación que en fecha 26 de agosto de 2015 Alejandro Ordóñez, el Procurador General de la Nación, en Colombia, calificó como “un ataque sistemático contra la población civil de estigmatización y de persecución las recientes actividades desplegadas por las autoridades de Venezuela contra las personas que viven en la zona de frontera, hechos que, de continuar, podrían ser calificados como de lesa humanidad y de competencia de la Corte Penal Internacional”. El alto funcionario no hace cualquier acusación y, si se toma en serio, constituye un parámetro singular del sentimiento del pueblo colombiano.

 

A este pronunciamiento, se debe agregar las declaraciones del Presidente de Colombia y un importante número de autoridades y personalidades colombianas que alertan sobre la violación sistemática de derechos de venezolanos y colombianos, en el marco de ejecución del referido Decreto. En ese sentido, resulta más que relevante que el Procurador General de la Nación le haya solicitado a Juan Manuel Santos que “denuncie ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las violaciones a los derechos humanos de los colombianos en la zona de frontera por parte del Gobierno venezolano, así como que denuncie la situación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.  De acuerdo con Ordóñez, a dicha población de frontera se le somete a desplazamiento forzoso, se les segrega, criminaliza, estigmatiza y somete a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir que Maduro da ahora a los colombianos el mismo trato que recibimos los venezolanos desde hace 14 años.

 

El Decreto no obedece a objetivos de preservación de la soberanía nacional. Si fuera así, hace tiempo se hubieran tomado medidas en la Goajira y, en especial, en el Alto Apure. En esta última zona se ha cedido el control territorial al narcotráfico, al paramilitarismo y a las FARC. Pero parece que los mismos que dictaron un Estado de Excepción en municipios de El Táchira eluden tomar mínimas medidas de resguardo de la soberanía nacional en otros territorios de la República. Entonces, el primer efecto no deseado será pulverizar los resquicios de credibilidad internacional de un régimen en plena decadencia.

 

Está claro que el Decreto persigue fines distintos a los declarados en su texto. Sin embargo, el costo-beneficio de crear un enemigo a conveniencia en las preliminares de un proceso electoral está por verse. Para entender el segundo efecto hay que recordar el informe FRAUDE A LA DEMOCRACIA: CASO VENEZUELA (8 de septiembre de 2004), la investigación sobre el fraude cualitativo ejecutado en el proceso electoral relacionado con la revocatoria del mandato de Hugo Chávez Frías elaborado por un equipo de profesores que coordiné. El régimen diseñó un Plan de Cedulación de venezolanos y extranjeros sin los requerimientos técnicos de seguridad necesarios para este tipo de documentos. La consecuencia fue una distorsión absoluta del Registro Electoral para el Referendo Revocatorio, Elecciones de Gobernadores y Alcaldes y Elecciones Generales, próximas a realizar.

 

Se ejecutó un proceso masivo de otorgamiento de la nacionalidad venezolana a extranjeros en situación de ilegalidad otorgándoseles, en forma discrecional, la condición de residentes y de votantes, una vez que se inscribieron en el Registro Electoral Permanente. Esta misma categoría de personas registradas pero que, en principio y por mandato constitucional, no son titulares de los derechos políticos del ciudadano han ejercido el voto en todos los procesos electorales. Los operativos de cedulación se realizaron desde el 9 de abril de 2004 hasta el 3 de agosto de 2004. Se aplicó un convenio entre DIEX-CNE por lo que la entrega de la cédula de identidad era hecha por un funcionario del CNE el cual se limitaba a interrogar al interesado sobre si estaba inscrito o no en el Registro Electoral Permanente, R.E.P.,  procediendo a inscribirlo o reubicarlo dependiendo del caso.

 

Por vía de la Misión de Identidad, en solo cuatro (4) meses se cedularon cerca de un millón ochocientos mil (1.800.000) personas, la mayoría de ellas colombianas o descendientes de estos. Tengo la certeza que estos venezolanos express van a cobrar la afrenta infringida el día de las elecciones. Por lo pronto, finalizó afirmando que lo que hicieron en 2004 y los años subsiguientes se revertirá este año. Lo que es igual no es trampa. En cuanto al amigo Santos lo único que puedo decir es que debe dar tristeza pasar a la historia como par de Maduro.