III de IV: Desmantelar el nuevo ecosistema criminal
El logro de la paz en las acciones de la transición a la democracia

Enfrentar la violencia delictual que nos agobia forma parte de las estrategias para la paz, la reconciliación  y la justicia que fueron discutidas en el simposio que tuvo lugar los días 20 y 21 de Octubre pasados en la Universidad Simón Bolívar. Una de las líneas de acción que plantearon los ponentes está dirigida a controlar factores de riesgo por parte de familias y colectividades, otra está orientada a promover una cultura ciudadana de No Impunidad y de respeto a la Ley, y una tercera está compuesta de reformas y otras acciones fundamentales del sistema judicial y de los sistemas de prevención, control y represión del delito.

Este artículo, tercero de una serie de cuatro, discute acciones que pertenecen a la tercera línea, las cuales cobran gran importancia desde el momento mismo en que iniciemos el proceso de transición a la democracia. Se trata de desmantelar poderosas organizaciones delictivas que tuvieron su origen en prácticas que empleó el Estado en los últimos tres quinquenios a través de sus sistemas policiales y de inteligencia. Algunas de esas prácticas fueron inicialmente implementadas como parte de “alianzas internacionales anti-imperialistas” que estableció el gobierno revolucionario con las FARC, o como aparatos para-militares que el mismo gobierno puso en marcha para reprimir manifestaciones opositoras y amedrentar a la clase media. Ambas iniciativas acabaron propiciando el funcionamiento de una red delictiva que controla buena parte del tráfico de drogas y de armas, que maneja flujos muy  grandes de dinero y que organiza los mercados de negocios del delito en lo que algunos especialistas han comenzado a llamar “el nuevo ecosistema criminal” de Venezuela.

En efecto, en Venezuela parece existir hoy un sistema de organizaciones delictivas muy distinto al que había hace veinte años, a través del cual circulan grandes flujos del dinero proveniente de los “negocios minoristas” de Pranes, Colectivos, Mega-bandas y Seudo-sindicatos. Una parte de esos flujos va a retribuir servicios de protección que las bandas reciben de grupos corrompidos que actúan en cuerpos policiales y militares, y otra mayor remunera al “negocio mayorista” más importante, ordenador de todos los demás negocios del ecosistema, que es el tráfico de drogas y de armas, controlado por grandes Capos.

La violencia delictual que todos los venezolanos sufrimos actualmente ha crecido de manera exponencial en los últimos quince años como una manifestación del incremento que ha tenido la “actividad minorista” del nuevo ecosistema criminal, el cual ha establecido vínculos sistémicos con grupos influyentes que están incrustados en cuerpos policiales y de inteligencia, con los cuales mantiene transacciones regulares para adquirir información, protección, armas y drogas, todos ellos insumos y servicios que le son indispensables para una operación económica eficiente.

Por último, en años recientes se observa una progresiva interacción entre los procesos de corrupción que se dan en organismos del Estado, el ecosistema criminal comentado y parte de  los subsistemas nacionales de comercio y finanzas que participan en la   “legitimación de capitales”. De un lado, una fracción de los fondos de la corrupción se emplea en la compra de drogas, como ha quedado en evidencia en casos de traficantes que se juzgan actualmente en tribunales de los EEUU; del otro lado han proliferado en el país negocios inmobiliarios y comercios minoristas de diversa índole propiedad de “empresarios” venezolanos señalados como Capos, cuya actividad comercial lícita es a todas luces inexistente; y finalmente, se ha hecho más frecuente la referencia que hacen órganos internacionales al lavado de dinero proveniente de operaciones non sanctas que se originan en entes públicos del país y en los mismos “empresarios” mencionados. Todo esto pudiese estar configurando una transformación ulterior del ecosistema criminal, que lo está sembrando de manera muy peligrosa en la economía “legítima” del país.    

Estando este ecosistema entre las raíces principales de la inseguridad y la violencia que nos abruman, no bastará para controlarlas que nos limitemos a aplicar estrategias tradicionales de prevención y control que conciban a la violencia como una expresión difusa de la debilidad de la familia o como consecuencia de la descomposición social o de la ineficacia o la corrupción de los cuerpos policiales.

En adición a esas y a otras políticas públicas de prevención y control, para erradicar la violencia de las calles y para evitar que el crimen se incruste definitivamente en el Estado y en la economía legítima del país, se impone desmantelar muy pronto el nuevo ecosistema criminal que los está minando. Ello pasa necesariamente por superar el actual régimen político, ya que no solo involucra remover de los entes públicos a los actores señalados de ser Capos del ecosistema, sino que implica también desaparecer a las organizaciones para-estatales del tipo “Colectivos” y suspender el apoyo oficial a los Pranes en las cárceles; e intervenir entre otros a los cuerpos oficiales que participan en el combate al tráfico de drogas, a los subsistemas financieros públicos y a los sistemas de contraloría de grandes empresas del Estado. Implica así mismo realizar una reforma profunda del sistema venezolano de justicia que modifique la designación de jueces y fiscales y supervise su actuación, y que intervenga y reforme al subsistema de establecimientos carcelarios y a casi todos los cuerpos de policía.

Finalmente, desmantelar la urdimbre que teje todas las actividades delictivas comentadas, pasa también por extraer el control y la represión del tráfico de drogas del ámbito de acción de la Fuerza Armada Nacional, y revisar el funcionamiento de sus servicios de inteligencia para que el Poder Civil pueda efectivamente investigar y controlar unas actividades cuya opacidad pareciera haber cobijado el desarrollo del nuevo ecosistema criminal.