La calle y la salida institucional
El pasado jueves, Jesús Torrealba anunció que la oposición no participaría en la reunión prevista para el viernes 14 de enero. Era la inevitable respuesta de la alianza después de conocerse las exigencias formuladas en noviembre por Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, a Nicolás Maduro: mientras el gobierno venezolano no ponga en libertad a los presos políticos, anuncie un cronograma electoral, reconozca la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y abra canales internacionales de ayuda humanitaria para la población acosada por la escasez de alimentos y medicamentos, el Vaticano no continuaría desempeñando su papel de mediador entre el Gobierno y la oposición.
Siempre se ha dicho que las revoluciones no se cuentan en las urnas de ningún evento electoral, pero Hugo Chávez había creado la ilusión de que la revolución y el voto de los ciudadanos no son términos antagónicos, si desde el poder central podía controlarse su desarrollo y resultados. Fue, sin duda, un importante aporte a la teoría revolucionaria latinoamericana después del fracaso de la propuesta guevarista del foco guerrillero como condición subjetiva suficiente para que un grupo de hombres audaces, como había hecho Fidel Castro y su Movimiento 26 de Julio en Cuba, tomara el poder por la vía de la violencia revolucionaria. Y un hecho que le permitió a la comunidad internacional y a la oposición venezolana, a pesar de las dudas y certezas sobre la falta de imparcialidad y transparencia del árbitro electoral, aferrarse fieramente a la solución institucional y pacífica de la compleja confrontación de la dos Venezuelas.
Fue precisamente esta actitud, para muchos falsa e imposible, de la oposición venezolana después del 11 de abril y de la huelga petrolera de diciembre de 2002, lo que le facilitó a Chávez la tarea de imponerle al país sus nuevas y nada democráticas reglas del juego político y electoral. Sobre todo, porque en aquel año de graves incertidumbres y turbulencias, Jimmy Carter y César Gaviria, con el respaldo de Washington, dispusieron una apaciguadora Mesa de Negociación y Acuerdos que no resolvió nada, pero que tuvo un logro relevante, la celebración del referéndum revocatorio del mandato presidencial de Chávez, que se celebró con más de un año de retraso y con la aplicación de todas las artimañas imaginables, desde la grosera invención de las planillas planas y el reafirmazo, hasta la conversión del referéndum en plebiscito, una violación flagrante del artículo 72 de la Constitución Nacional. Dispositivos del todo fraudulentos, que le permitieron a Chávez alzarse con una sólida aunque muy discutible victoria en las urnas del 15 de agosto de 2004.
Dos días después, The New York Times concluía en un editorial que a la oposición venezolana sencillamente le había faltado “eficacia y realismo” para encarar el desafío que le había presentado Chávez. Por su parte, la Coordinadora Democrática le encargó a dos venezolanos de prestigio, el constitucionalista Tulio Álvarez y el economista Ricardo Hausman, preparar un informe sobre las causas de aquella catástrofe. A mediados de septiembre, en vísperas de las elecciones regionales, Álvarez resumió el resultado del trabajo de ambos con una afirmación terminante: “En Venezuela no están dadas las condiciones para tener elecciones.”
La Coordinadora Democrática no le hizo el menor caso al informe. Ni entonces ni nunca. Hasta el día de hoy, con crecientes rupturas, misteriosamente fiel a la ilusión institucional, una perspectiva imaginaria de la auténtica realidad política de Venezuela, que tuvo su máxima expresión el pasado mes de mayo en República Dominicana, con las primeras y entonces clandestinas reuniones entre representantes del Gobierno y la oposición. Cuestionada por muchos esa decisión, y tras recorrer un sendero sembrado de muy diversos obstáculos, gracias a la decisión papal de cumplir una función mediadora, finalmente se produjo en octubre la instalación oficial de esta controversial y paralizante Mesa de Diálogo, que ahora parece haber muerto.
¿Sólo por ahora? ¿O la marcha del próximo 23 de enero y la nueva política represiva del régimen han borrado definitivamente del mapa la quimera de una solución negociada de la crisis?
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