Opacidad y autocensura fracturaron ejercicio del periodismo en 2016
Durante las recientes manifestaciones cuerpos de seguridad reincidieron en prácticas de ataque y hostigamiento contra los reporteros y su trabajo de cobertura. Hasta ahora van 57 periodistas agredidos. Para nombrar solo dos: el camarógrafo Elvis Flores, fue detenido cuando transmitía en vivo para el canal digital VPI tv; Elyangélica Gonzales, corresponsal de Radio Caracol, resultó agredida por efectivos de la Guardia Nacional. Para Marianela Balbi, directora ejecutiva del IPYS Venezuela, estas conductas buscan reforzar el discurso de miedo para cercenar la libertad de expresión.
Datos del IPYS refieren que entre los comunicadores escrutados en su monitoreo de la censura y autocensura, un 74% manifiesta que son los funcionarios de seguridad estatales quienes con frecuencia entorpecen su labor informativa, mientras un 30 por ciento de esa muestra, fue citado a declarar durante el año pasado, siendo objeto de grandes presiones para coaccionarlos a revelar sus fuentes de información, solo el 3% admitió haber cedido.
La actuación de grupos al margen de la ley (colectivos) constituye otro mecanismo de represión según el 27% de los periodistas encuestados.
“El mutismo y la opacidad fueron los grandes protagonistas de 2016”. Las restricciones informativas que dibujan la espiral de censura, se han pronunciado hasta lograr que la ausencia de información sea la norma, prevaleció el desconocimiento ciudadano frente a las dimensiones de la realidad que les ha tocado vivir, y esto dificulta, la capacidad de generar soluciones: sin información se anulan los mecanismos de participación y deliberación” precisó Balbi.
Un minuto de silencio 2016 es el tercer estudio de alcance nacional, desarrollado con rigor científico por el Instituto de Prensa y Sociedad, junto a un equipo articulado por más de 30 especialistas entre: editores, dueños de medios, corresponsales en 17 ciudades, sociólogos y estadistas, que sondearon a 252, periodistas de todo el país, cuyos testimonios dan cuenta de cómo perciben el ejercicio de su profesión.
“Los datos sobre censura nos muestran que el periodista tiene miedo de salir a la calle (su terreno natural), y prefiere retirarse, o hacer un periodismo mucho más distante, con menos confirmación y contacto con la realidad”, manifestó Mariaengracia Chrinos, directora de libertades informativas del IPYS.
Chirinos subrayó el alcance de la investigación, que describió como una amplia radiografía de la situación general del periodismo en Venezuela, desde la perspectiva de trabajadores de medios independientes, privados (radio prensa y televisión), organizaciones no gubernamentales, y en menor proporción medios públicos y estatales, seleccionados de manera aleatoria, y confidencial, cuyas declaraciones fueron procesadas estadísticamente.
Mordaza en cifras
Los resultados de la investigación determinaron que el 82% de los periodistas tiene problemas para acceder a información pública, se esconden documentos oficiales y cifras relativas al contexto político, económico y social del país. A juicio de la directora ejecutiva del IPYS, en 2016 se mantuvo la desinformación como estrategia política:
“La mayoría de los consultados coincidieron en que la omisión de información da cuenta de una institucionalidad fragmentada, un país que se niega a debatir los temas de interés público. Las principales órdenes de censura provienen del poder ejecutivo”, agregó Balbi.
De acuerdo con el monitoreo de IPYS, la Asamblea Nacional también ha incurrido en casos de censura: “Este hecho levanta las alertas, porque cuando se impone la desinformación, esa conducta empieza a expandirse a otras capas de la sociedad”. Para muestra, los partidos políticos. En 2015, sólo 8 periodistas reportaron haber recibido órdenes de silencio por parte de organizaciones de este tipo, para 2016 esa cifra se cuadruplicó a 35.
Eufemismos y silencio
Uno de los rasgos concluyentes del estudio es la proliferación de un lenguaje suavizado, indirecto y evasivo. “Podemos decir sin temor a equivocarnos, que se impuso el eufemismo, se impuso una neolengua, y que cada día más, estamos presenciando como una nueva representación de la realidad está ocurriendo a través de los medios, principalmente estatales aunque esto también afecta a todos los demás”, aseguró la directora ejecutiva de IPYS.
“53% de nuestra muestra manifestó que los instaron a usar eufemismos y otras modalidades de lenguaje”, añadió Balbi. Los periodistas consultados consideraron comunes la omisión de noticias de interés público, uno de los casos más claros de esto fue el de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, y el tratamiento de los medios alrededor de este hecho noticioso”, sentenció la gremialista.
Más allá del lenguaje blando, se descubrió que los medios y los periodistas evitan ciertos temas. Según los participantes del estudio, la salud, es una de esas cosas sobre las que no se habla: “Es un tema prohibido, que da cuenta de una sociedad enferma, débil, con candado y diagnostico reservado ante la ausencia de rendición de cuentas, cifras oficiales y falta de transparencia, pilares fundamentales para ejercer el derecho a saber”.
Temas relativos a la seguridad ciudadana, la crisis política, y de justicia o el déficit de insumos como el cemento, también fueron esquivados por los periodistas: que en un 65% señalaron al Consejo Nacional Electoral, CNE, por obstaculizar el abordaje de los procesos electorales, especialmente aquellos vinculados al extinto referéndum revocatorio.
“25% de los periodistas, admitieron haberse autocensurado porque de todas maneras el medio para el que trabajaban no iba a publicar la información”, declaró Chrinos.
El resguardo a la integridad física es uno de los principales factores se impone entre trabajadores de los medios y su labor; en esa línea, cabe destacar los sucesivos ataques hacia las instalaciones de los medios independientes así como los robos, denunciados por el 18% de los participantes.
Para seguir alzando la Voz
“En Ipys consideramos que el acceso a la información es el primer paso para desarticular el circulo de censura; que comienza con limitaciones de acceso a la información, se agudiza con situaciones de agresión, y acciones violentas, avanza con medidas de censura dentro de los medios de comunicación, luego con medidas del propio Estado, y finaliza en ese último eslabón en el que poco se puede hacer, porque el periodista decide inhibirse de informar y se retira de su labor,” destacó Chirinos.
Transparencia, resguardo, autonomía, invertir en las plataformas y poder opinar sin miedo son algunas exigencias que hacen los periodistas al Estado en forma de soluciones puntuales.
- Acceso a la información: En ese sentido, Marianela Balbi reiteró que Venezuela está atrasada en comparación con otros países de la región, y es necesario que se promulge una nueva ley de acceso a la información pública (aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional).
“Esa primera propuesta está enfocada en que las instituciones del Estado generen datos públicos y rindan cuentas, promuevan las condiciones para que los periodistas tengan acceso a la información; desde declaraciones oficiales hasta entrevistas especializadas”, enumeró Mariengracia Chrinos.
- Seguridad y protección: Periodistas exigen que se despliegue un programa que garantice la integridad física y el pleno ejercicio de la profesión.
- Políticas de comunicación justas: “ 7 de cada 10 consultados, pide reformar las estructuras de los entes reguladores de contenido (CONATEL),hacia una autonomía alejada de cualquier interés ideológico o partidista” señaló Balbi.
- Internet como Derecho Humano: Se ha registrado, una creciente migración de periodistas, desde los medios tradicionales (sobre todo impresos), a las plataformas digitales, en consecuencia: “se requiere, un plan de acción nacional para incrementar el acceso a internet, diversificar el mercado de operadores que ofrecen este servicio, y disminuir las barreras que imponen la vigilancia y el control de contenidos por parte del Estado”.
- Libertad para Opinar: Los delitos de difamación e injuria, son utilizados para inculpar , a líderes de opinión, periodistas y fuentes de información, por tal motivo se solicita la revisión del código procesal penal, para que las voces disidentes no sean castigadas por ejercer derechos comunicacionales. “En Venezuela se han registrado unos 30 casos durante los últimos 10 años, creemos que estas sanciones, tienen carácter selectivo porque se aplican en su mayoría a editores y dueños de medios” concretó Chirinos.
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