El caos económico y financiero del país es hoy imposible de ocultar
Editorial #382 – Quebrados
Lo que ocurrió la semana pasada se venía anticipando desde hace mucho tiempo: la admisión de la quiebra financiera de Venezuela; una nación petrolera. En cadena nacional el pasado jueves, Nicolás Maduro anunció que había ordenado que se comience con el proceso de “restructuración” de la deuda total del país.
Este anuncio fue quizás el más esperado en mucho tiempo en los mercados financieros mundiales. Los actores más importantes de Wall Street y de la banca de inversión internacional coincidían en que la situación venezolana era insostenible y que solo era cuestión de tiempo para que se haga evidente que el país no estaba en la capacidad de cumplir con los pagos de su deuda.
La economía venezolana se encuentra en una situación deplorable y cada año que pasa es peor que el anterior. En 2016 se contrajo 10%, mientras que se espera que este año lo haga en por lo menos 12%; la inflación de este año superará el 1000% y el próximo año es posible, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que sobrepase los 2000%; la deuda alcanza los 150.000 millones de dólares mientras que las reservas internacionales son solo 10.000 millones de dólares, el punto más bajo en los últimos 15 años.
En un contexto como éste, el gobierno venezolano buscará reestructurar su deuda. El escenario no puede ser más adverso. No solamente la confianza en la economía y en el gobierno venezolano es muy baja, sino que para lograr un canje general se lo debería hacer en una mesa de negociación con actores que están ahora sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, lo cual hace cualquier virtual acuerdo mucho más difícil de imaginar.
Una de las mayores preocupaciones del gobierno seguramente es PDVSA y sus activos fuera de las fronteras venezolanas. ¿Qué pasaría con ellos en caso de no lograrse un acuerdo de reestructuración? Se abre la posibilidad de un escenario judicial internacional en el que las propiedades de PDVSA –refinerías, por ejemplo- puedan ser sujetas a embargos que no solamente afectarían el funcionamiento de la empresa, sino también las compras de crudo venezolano por parte de clientes que preferirán mirar a otras fuentes de oferta más estables.
Fue quizá esto último lo que motivó que el gobierno, antes de cesar sus pagos, decidiera hacer uno último el viernes por 1.100 millones de dólares correspondientes al bono 2017 de PDVSA. Es lógico pensar que de alguna manera, se buscará dejar fuera a PDVSA del proceso de reestructuración e intentar que no sea objeto de ninguna sanción.
El caos económico y financiero del país es hoy imposible de ocultar, mientras el gobierno sigue buscando culpables imaginarios como, en este caso, un bloqueo financiero internacional “con la complicidad de lacayos locales”.
La inflación totalmente descontrolada, colas interminables por escasez de comida, medicinas y hasta efectivo, la acelerada pérdida del valor de nuestra moneda y, ahora, la admisión de que el país no está en condiciones de honrar su deuda, son prueba inocultable de una trágica e inédita realidad:
Estamos quebrados.
Twitter: @MiguelVelarde
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