La justicia militar
Una “confusión” dio lugar, en territorio fronterizo, a una drástica acción de funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP) en la que murieron 14 pescadores venezolanos. Inicialmente se pensaba que se trataba de guerrilleros colombianos, por eso abrieron fuego contra ellos. Así mismo, sin dar muchas explicaciones, se lo comunica a la prensa el Ministro del Interior, Simón Alberto Consalvi.
-Esa es la única explicación posible, por ahora- es la declaración que da el funcionario al corresponsal de AP.
Este hecho, uno de los más graves ocurridos en la frontera durante los últimos años, se registró el sábado 29 de octubre poco antes del mediodía en la zona conocida como “Caño la Colorada” de la región de Guafitas, territorio venezolano próximo al río Arauca que marca la frontera con Colombia. Un parlamentario de oposición no ha tardado en afirmar que el incidente podría tipificarse como “una matanza” pues, según este, los uniformados del Ejército Nacional y la Policía acabaron con la vida de gente desarmada e inocente.
Las autoridades informaron que se había registrado un enfrentamiento contra una columna guerrillera del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), grupo faccioso de extrema izquierda que opera en áreas de la dilatada frontera entre Colombia y Venezuela. Según la versión oficial, la supuesta columna de insurgentes se disponía a sabotear instalaciones petroleras venezolanas y el enfrentamiento dejó un saldo de 16 guerrilleros fallecidos
El Presidente Jaime Lusinchi ordena se realice una averiguación sumarial de lo ocurrido cuanto antes, pues los muertos no son colombianos ni guerrilleros, al parecer se trataba de ciudadanos pacíficos que no representaban amenaza. Varios parlamentarios de oposición afirman que los occisos eran vecinos de la zona y esa es la versión que sostiene la Prefecta de El Amparo, la población más cercana al lugar de los hechos, quien asegura que los ultimados eran pescadores y no un comando de partisanos.
Es por lo anterior que el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal dictó hoy auto de detención a 4 militares, 15 funcionarios policiales y un confidente de los organismos de seguridad de Venezuela y Colombia, en relación a los hechos que ocurrieron la mañana del sábado en “Caño la Colorada”.
En total son 20 los autos de detención decretados. Todos por los delitos comunes de homicidio intencional, uso indebido de armas de fuego y simulación de hechos punibles. La orden es recluir a los imputados en el Departamento de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente, cárcel ubicada en la población de Santa Ana en el Estado Táchira.
La decisión tomada por el Consejo de Guerra Permanente no fue dada a conocer por su Presidente, Coronel Ángel Edecio Zambrano Chaparro, ni por otros magistrados ya que, a las cuatro de la tarde de ayer, no se había recibido aún la autorización del Ministro de la Defensa, General Ítalo del Valle Alliegro. Se espera que en las próximas horas se publique un reporte oficial detallado sobre el incidente… Más o menos así narraba la prensa nacional, el día martes 1ro de noviembre de 1988, los acontecimientos de la masacre del Amparo.
Este siniestro episodio dejaría de ser noticia al cabo de pocos meses. El estallido social que se produjo el 27 de febrero de 1989, una semana entera de disturbios, saqueos, ley marcial y toque de queda, no tardaron en opacar la perversidad de la carnicería de Apure con una mucho peor y inimaginables dimensiones.
Lo cierto es que la Masacre del Amparo, acción coordinada por los jefes del CEJAP, General Humberto Camejo Arias, Coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco, quedó impune. Según el informe de la Comisión Especial designada por el Congreso Nacional para investigar los acontecimientos, la exhumación de los 14 pescadores determinó que aquello no se trataba de un enfrentamiento sino más bien de una ejecución. Todos y cada uno de los cadáveres había recibido disparos por la espalda o la parte posterior de la cabeza, teoría que corroboraron los dos sobrevivientes, José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinillas.
El 29 de abril de 1992, casi un lustro después de los acontecimientos, el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dicta sentencia. En esta declara que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano y se les exime de la pena: por cuanto en los hechos que originaron el proceso penal militar, estos actuaron en ejercicio legítimo de una autoridad o cargo y en defensa de sus personas.
Así es la justicia militar.
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