(Bolivia) Linchamientos (el “derecho a matar”)

Un subteniente y un jefe policial iban en una patrulla por una de las rutas de tierra que conecta Qjaqjachaca con Challapa (Oruro). El subteniente bajó la velocidad cuando vio en la ladera del frente una bola de polvareda que corría por el camino como un torbellino. Era un Toyota Land Cruiser casi nuevo. El subteniente estacionó la camioneta e hizo señales al chofer del bólido para que frene.

Paró en seco y el polvo envolvió como un hongo al vehículo del que bajaron dos tipos ebrios con sus ponchos y chicotes y espetaron: ¡Qué quieren carajo! ¡Nosotros somos gobierno! El subteniente pidió licencia al conductor y preguntó de dónde venían. Cuando se aprestaba a inspeccionar el auto, bajaron seis tipos más, desafiantes y más agresivos.

El jefe policial olfateó el peligro y ordenó al subteniente subir al vehículo y dejar que pasen.

Este pasaje me contó el mismo jefe policial. “No estábamos en condiciones y creo que ellos estaban armados. Teníamos que salir rápidamente del lugar porque uno de ellos estaba llamando por su celular a otra gente e intuí que nos querían tomar como rehenes (en una zona roja por el narcotráfico) y quizá luego matarnos como ya pasó antes”, me dijo en octubre de 2017.

Meses después, “Ayllus quemaron patrullas y retuvieron policías” (2/08/ 2018, Erbol). Ocho años antes, en mayo de 2010, ayllus de Cala Cala, Uncía (la misma zona), secuestraron y lincharon a cuatro policías de Diprove. El pasado miércoles, en el mismo lugar, una turba mató a pedradas a dos jóvenes, acusados de robar un vehículo chuto.

La noche del lunes pasado, pobladores de San Julián, Santa Cruz, lincharon a un ciudadano brasileño. Según estadísticas, este fue el quinto linchamiento en esa misma población.

En septiembre de este año, alrededor de 700 personas de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, lincharon a un joven e hirieron a dos, tras acusarlos de robo de un vehículo. Según la Red Uno, sólo en un año, en 2013, hubo siete linchamientos en esa zona del país. Hasta la fecha, las estadísticas no oficiales establecen que pasó la decena de casos.

En ninguno de los hechos descritos hubo un solo acusado por asesinato y torturas, pese a que ambos delitos están tipificados en el Código Penal.

Los casos del Norte de Potosí, San Julián de Santa Cruz y Trópico de Cochabamba definen un punto en común: Los linchadores se creen la ley, el fiscal, el juez y el verdugo.

No es la típica reacción de la gente ante el abuso de autoridad, la ausencia de justicia, la inseguridad ciudadana, la impunidad o desconfianza hacia el Gobierno. Los motivos se pueden resumir en una frase: tengo el poder fáctico para matar y puedo quedar impune.

Sí, la dificultad está en identificar a los responsables. Un ejemplo histórico se da en la obra teatral Fuenteovejuna de Lope de Vega, donde se describe el asesinato de un comendador abusivo en el que participa todo el pueblo. Cuando se interroga quién lo mató, la respuesta es el pueblo (de Fuenteovejuna lo hizo). Y como el pueblo no puede ser encarcelado, los instigadores quedan impunes.

Se supone que en el Estado Plurinacional, a diferencia de Fuenteovejuna, rige el derecho y hay más recursos para operar, por lo que las instituciones están obligadas a sancionar a las personas que violaron los derechos a la vida, a la presunción de inocencia, a un juicio justo y a no sufrir una pena más grave que el delito.

Si no se castiga a los instigadores, que pueden ser identificados ahora con los recursos tecnológicos, el linchamiento se convertirá, al menos en algunas partes de Bolivia, en un “derecho a matar”.

Paralelamente, como sociedad debemos hacer un estudio de las causas del linchamiento, enfocar zonas y analizar por qué rige la tiranía de la turba.

También debemos plantearnos una política pública para prevenir y evitar estos hechos si no queremos retroceder a la barbarie. Esa política debe pasar por la igualdad de oportunidades en la educación, creación de empleo, eficacia de la justicia, equipo de reacción inmediata de la Policía, grupo multidisciplinario para trabajar en valores y derechos en zonas de linchamiento.

Volví a hablar con el jefe policial después de la lapidación de dos jóvenes en Uncía. “Te lo dije y volverá a pasar si no hacemos nada”, alertó.

 Andrés Gómez Vela es periodista

Crédito: Página Siete