¿Cómo crear capacidades para el nuevo estilo de desarrollo? (II de IV)

Este escrito es el segundo de los cuatro que hemos dedicado a la estrategia de construcción de capacidades para un nuevo estilo de desarrollo. Como todos los demás,  se basa en el libro “Venezuela, vértigo y futuro” cuya autoría compartimos con Tanya Miquilena. En el artículo anterior mencionamos los campos de la estrategia de creación de capacidades, y desarrollamos uno de ellos, referido la creación de sistemas universales de salud y seguridad social. La presente entrega trata de la educación en sus niveles inicial, primario y secundario, mientras las dos próximas estarán dedicadas a la educación superior y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, y a las reformas en la economía.

El deterioro económico y la inequidad social crecientes de los últimos cuarenta años tienen mucho que ver con que nuestra educación ha reducido su contribución a la formación en valores y a la adquisición de contenidos instrumentales; que ha perdido eficiencia en el uso de los recursos aplicados y que más de la mitad de nuestros hogares no tienen acceso a una educación de calidad para sus hijos. Revertir esta situación y maximizar la contribución de la educación al nuevo estilo de desarrollo exige introducir variadas reformas en la educación pública, que es la que puede llegar a los hijos de la gran mayoría de las familias. 

Hemos organizado nuestras propuestas en tres partes. En la primera nos referimos a la formación en valores y la adquisición de contenidos instrumentales. En la línea de elevar la calidad, la segunda sección la dedicamos a la excelencia en la docencia y la gerencia de planteles, y a la ampliación de la oferta no estatal de educación pública de calidad; y en el último grupo discutimos el financiamiento que puede hacer económicamente sostenible la educación de calidad para todos.

Valores y contenidos instrumentales en la reforma de currículos de la educación

Los contenidos instrumentales cuya adquisición debe facilitar la educación son conocimientos, competencias y habilidades de lecto-escritura y razonamiento abstracto. Específicamente para nuestra incorporación a la Cuarta Revolución Industrial (4RI), que ya vivimos, la educación debería ofrecer competencias en el mundo digital, en cuanto a lectura, escritura y precisión en la expresión del pensamiento; habilidad de resolver problemas en las diferentes disciplinas; capacidad para analizar el entorno social e intervenir en él para la defensa de intereses propios; recepción crítica de lo que se difunde en las redes y los medios de comunicación; aptitud y competencia para planificar y trabajar colaborativamente y, finalmente, capacidad para ubicar adecuadamente los datos, usar mejor la información acumulada, sistematizar conocimientos y publicar propuestas y análisis propios.

En cuanto a valores, nos inclinamos por los asociados a los principios de dignidad de la persona humana y de convivencia en una comunidad democrática, entre los cuales están la libertad individual y la autonomía para construir la propia vida; el respeto a los otros, la aceptación del pluralismo y el rechazo a la violencia para resolver conflictos; la solidaridad, la responsabilidad social y la protección de los valores de la naturaleza; el civilismo en la conducción de la república y el rechazo al culto a la personalidad de líderes y personajes históricos; así como la visión del Estado como instrumento de la sociedad que debe sometimiento a ella, que debe facilitar a todos sus miembros oportunidades para el desarrollo de capacidades y que debe proteger y no invadir sus derechos y libertades.

Hoy en día, y desde hace ya tiempo, la educación a la que tienen acceso los hijos de la mayoría de nuestros hogares está lejos de ofrecer valores y contenidos instrumentales como los comentados y además sus procesos tienen cuellos de botella que es necesario resolver. Ellos son, entre otros, los altos déficits que se han acumulado en la plantilla de docentes de una serie de asignaturas y la escasa eficiencia gerencial del sistema, la cual venía empeorando desde la década de 1980 y se buscó resolver con la descentralización de los años 90, que fue demandada con el nacimiento del siglo XXI. 

Las reformas relativas a contenidos instrumentales deben ayudarnos a enfrentar los retos provenientes de dos realidades que convivirán en el futuro inmediato de Venezuela, que son la sociedad del conocimiento y la 4RI, por una parte; y, por la otra, la recuperación de un país que por muchos años ha mantenido a más del 60% de su fuerza de trabajo en situación de empleo precario. En consideración a estos dos retos, apoyamos la propuesta de que el sistema educativo desarrolle dos ofertas para los jóvenes en su nivel secundario, como fue planteado por Luis Ugalde S.J. en 2012, una encaminada hacia la educación superior y la otra de carácter profesional con especialización en oficios. 

Para la línea de oferta conducente a la educación superior, apoyamos las propuestas de Guillermo Rodríguez Matos y Pedro Esté, en el sentido de diversificar las menciones tradicionales de Humanidades y Ciencias, ofreciendo en este último campo varias menciones tecnológicas que hagan el currículo más interesante para los alumnos y más relevante para la actualidad que ellos estarán viviendo. Con referencia a la línea dirigida hacia la formación profesional, la idea matriz es que Venezuela cree un subsistema nacional de formación profesional que incluya la educación vocacional y la técnica, que tenga varios “egresos” de diferente nivel técnico cuyos graduados reciban una certificación homologada en todo el país, y que esté conectado a subsistemas de la educación superior en campos tecnológicos y de ingeniería, para asegurar a sus egresados la posibilidad de proseguir estudios de tercer nivel. 

Estrategias para elevar la calidad de la educación pública

Un sistema educativo ofrece educación de calidad si puede comprobarse que todos los alumnos de todas las escuelas, y no unos pocos estudiantes de algunos planteles destacados, han tenido un aprendizaje de nivel óptimo en todas las áreas que comúnmente se consideran relevantes. Para que esto suceda, es necesario que se cumplan con excelencia las funciones de los institutos y las de los educadores, ya sean docentes o directivos de planteles, y que se amplíe de manera sistemática el número de las escuelas y docentes que cumplen sus funciones con esos niveles. Los planteamientos que siguen buscan superar las deficiencias que hay en la competencia y la motivación de nuestros docentes, así como mejorar la gerencia de los planteles y elevar la oferta no estatal de educación pública, con miras a detener el  descenso de la calidad de la educación y a propiciar un proceso sostenido de su elevación en el futuro. 

Elevar el valor de la función docente

Para generalizar en todo el sistema educativo público la excelencia en las funciones de las escuelas y los educadores, es necesario que haya suficientes docentes en las distintas áreas de conocimiento, motivados y bien formados, permanentemente actualizados e inclinados a la innovación, y que dispongan de recursos y apoyos suficientes para promover el aprendizaje en las aulas. Es decir, es indispensable que la función de los docentes genere ampliamente valor y que ello les sea reconocido, cosas que hace muchos años dejaron de ser la norma en el sistema educativo venezolano. Por eso la primera estrategia para elevar la calidad de la educación pública es valorizar la función docente.

La implementación de la política de valorización debería comenzar tan pronto se inicie la transición a la democracia, a través de cuatro grupos de medidas que incluyen, en primer lugar, desterrar la discriminación política de las prácticas de ingreso y ascenso en la planta docente y resolver la precariedad hoy imperante en las remuneraciones y la seguridad social de los maestros. En paralelo, el segundo grupo de medidas comprende elevar los recursos disponibles para el aprendizaje en las aulas; recuperar los sistemas de formación, mejoramiento profesional y actualización tecnológica de los educadores; e introducir planes transparentes de mejoras socioeconómicas basadas en criterios de mérito y asociadas a evaluaciones objetivas de desempeño. En tercer lugar, hay que cubrir el enorme déficit de docentes que existe, e incentivar la ampliación de la oferta no estatal de educación pública. Y, finalmente, para valorizar la función docente con miras a optimizar la calidad de la educación, es necesario rescatar la supervisión educativa, que se ha relajado y perdido el foco, y centrarla en la calidad de los procesos y sus resultados. 

Lograr excelencia en la gerencia de cada plantel y de los subsistemas de escuelas

Mejorar sustancialmente la gerencia de los planteles y de los subsistemas regionales y locales de escuelas como medio para elevar la oferta de educación pública de calidad, es la finalidad del segundo grupo de propuestas, que consiste en optimizar la planificación y la coordinación de procesos que deben hacer los directores y los equipos directivos de los planteles, y la supervisión pedagógica que deben hacer tanto ellos como los órganos competentes del sistema educativo en su conjunto. Para ello es necesario poner en marcha dos movimientos simultáneos que vayan creando condiciones para el funcionamiento de subsistemas regionales y locales de planteles dotados de mayor autonomía y eficiencia. 

En primer lugar hay que retomar el proceso de descentralización asignando competencias y responsabilidades claras a los niveles central, de los estados, de los municipios y de los planteles, y crear instancias intermedias entre estos últimos y los demás niveles, que asuman funciones indispensables para enmarcar y dar apoyo a la gerencia de cada escuela, como son las de estadísticas, planificación y seguimiento, y las de organización escolar, supervisión y evaluación. En concordancia con lo anterior hay que crear nuevos procedimientos burocráticos para que los directores funcionen con autonomía y autoridad real en los asuntos que corresponden a su coordinación, y que los directivos reciban desde los niveles superiores los apoyos y guías que requieren para engranarse en los planes de la educación. 

En segundo lugar, hay que fortalecer la formación de los directivos escolares, orientándola a elevar sus competencias para ubicarse en los marcos jurídicos y gerenciales; para ejercer el liderazgo de sus escuelas asumiendo los retos que plantea una mayor autonomía; y para dar apoyo técnico, promover innovaciones relevantes y hacer seguimiento a las actividades de aula. 

Incentivar el incremento de la oferta no estatal de educación pública de calidad 

Dentro del concepto de subsistemas más autónomos y eficientes de planteles comentado en el aparte anterior, nuestra propuesta incluye adicionalmente una política que incentive a muchos educadores a organizarse en emprendimientos educativos que creen y administren escuelas y liceos no estatales, dedicados a la educación pública de calidad. Esos emprendimientos podrían ser organizados por grupos de educadores en engranaje con familias y comunidades organizadas y recibir subvenciones dentro de esquemas similares a los del convenio que existe actualmente entre el Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), cuya eficiencia y cuyo aporte a la educación de calidad sean objeto de evaluación permanente a través de los sistemas de supervisión comentados antes. 

El financiamiento para facilitar el acceso de todos a la educación pública de calidad

El primer planteamiento que hacemos respecto al financiamiento de la educación pública se basa en una adaptación de las propuestas de Josefina Bruni Celli y consiste en planificar el desarrollo de la educación inicial, primaria y secundaria, con una inversión anual creciente por alumno, hasta alcanzar en una década una meta de inversión cuyo valor promedio nacional, por alumno y por año, sea equivalente al 30 % del PIB real per cápita previo al año 2014. Tomando en consideración la desventaja de calidad de la educación en la que se encuentran de partida los alumnos de los grupos sociales más desfavorecidos, las escuelas y liceos que los atienden deben tener prioridad en la implementación de las políticas sobre currículos y calidad de la educación, por lo que las cifras de inversión por alumno en el subconjunto de esos planteles deberán ser mayores que el promedio nacional. Adicionalmente, es importante alinear el empleo de recursos con el resto de las propuestas antes hechas sobre reforma y nuevas políticas, dentro de las cuales destaca la elevación de las remuneraciones reales de los educadores.

En cuanto a las fuentes y la administración de los fondos, la descentralización debe servir de estructura para las reformas financieras, y el proveedor original en el reinicio del proceso descentralizador debe ser el fisco nacional, lo cual deberá revisarse según vayan mejorando los sistemas impositivos de los estados y municipios, para crear en el futuro nuevos compromisos de provisión de recursos por parte de ellos. Dentro del marco así delineado, planteamos que desde el corto plazo las gobernaciones deben ser responsables de la construcción, la ampliación y el mantenimiento de la planta física de todas las instituciones de la educación inicial, primaria y secundaria ubicadas en sus jurisdicciones, apoyados en recursos que les sean transferidos desde el nivel central, provenientes de un Fondo Nacional para la Descentralización. Así mismo, desde el inicio del proceso descentralizador, los gobiernos municipales deberán administrar los fondos destinados a la alimentación escolar, los cuales deberían ser transferidos a ellos desde el Ministerio de Educación. 

En cambio, en la descentralización de los recursos para pago de personal, los entes descentralizados deben ser liberados del compromiso y la administración de las jubilaciones, las que deben ser asumidas por un fondo nacional equivalente en sus funciones al Fonden. Los demás pagos de personal deberían ir siendo descentralizados, respondiendo a las capacidades de gestión que vayan adquiriendo los subsectores educativos de las gobernaciones y los municipios. Las gobernaciones podrían asumir la administración de las nóminas de las escuelas y liceos dentro de su jurisdicción desde el reinicio de la descentralización, con fondos transferidos desde el Ministerio de Educación, y los pagos de salarios de las escuelas de cada municipio podrían ir siendo asumidos por las alcaldías a medida que progresen sus respectivos sistemas de administración. 

Todo el proceso de descentralización comentado, y el fomento a escuelas y liceos no estatales que participen en la educación pública de calidad, redundará en elevaciones de la eficiencia económica de la educación y hará que muchos más planteles estén en capacidad de ofrecer educación con niveles de excelencia para todos los niños y jóvenes. 

Como propuesta final referida al financiamiento de la educación pública, consideramos deseable que el Ministerio de Educación ponga en funcionamiento experiencias piloto en las que puedan evaluarse modelos en los que se subsidie la demanda, en lugar de subsidiar la oferta como tradicionalmente hemos hecho en Venezuela. Si tales evaluaciones arrojasen resultados netos positivos, podrían abrirse nuevas opciones de financiamiento en las cuales podría proliferar una creciente oferta no estatal de educación de calidad.