Campo y jueces, los enemigos de siempre

Un proyecto de ley de cinco senadoras del núcleo duro que rodea a Cristina Kirchner que dispone que el periodismo no trate casos de corrupción. O que no haya jueces en condiciones de investigar a los corruptos. La difusión de la dirección supuestamente secreta de un arrepentido (la de Alejandro Vandenbroeleen la causa que encarceló a Amado Boudou) y una auditoría sobre los arrepentidos que testificaron contra muchos integrantes del actual gobierno, entre ellos, contra la vicepresidenta. Maniobra elemental y tosca para torcer la historia de los juicios por corrupción. Un tuit de Alberto Fernández que sorprendió por su falta de contexto sobre la existencia del improbable lawfare y sobre violaciones increíbles de los derechos humanos durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Se trata, acaso, de hechos inconexos? ¿Surgieron, entonces, de la creación particular y autónoma de algunos funcionarios y legisladores? Es conocida la picardía del cristinismo para arreglar lo que no tiene arreglo con ardides que convierten a las instituciones en cómplices.

La primera información que debe consignarse es que Cristina Kirchner no se conforma solo con una dilación eterna de sus juicios. Quiere ser declarada inocente por la Justicia. Si bien se mira cada uno de esos problemas, es la ideología o la política la que prevalece sobre la economía o las necesarias reformas. Esas batallas políticas suceden cuando el país lleva casi diez años oscilando entre el estancamiento y la recesión de su economía. Y cuando la agenda de la Justicia incluye el juzgamiento oral y público de muchos casos de supuesta corrupción durante la década en la que gobernó el matrimonio Kirchner.

El jueves pasado, Scioli se convirtió en el diputado 129 en la Cámara de Diputados (el número necesario para que el cuerpo tenga quorum) y esta pudiera de esa manera aprobar la reforma del régimen jubilatorio de jueces, fiscales y altos funcionarios del Poder Judicial. Ese mismo día, en Brasilia, la embajada argentina distribuía una circular interna en la que señalaba que «el señor embajador Daniel Scioli invita a los señores cónsules» en Brasil para una reunión de coordinación en los próximos días. ¿Estaba aquí o estaba allá? Scioli no había renunciado todavía a su condición de diputado. Tan cierto como eso es que la Constitución y el Código Penal prohíben a los legisladores cumplir tareas en el Poder Ejecutivo, que es lo que Scioli estaba haciendo con aquella invitación a los cónsules en Brasil. De hecho, Scioli ya había actuado como embajador en Brasilia cuando acompañó al canciller Felipe Solá, después de recibir el plácet del gobierno de Bolsonaro y el acuerdo del Senado argentino. Concedió también amplios reportajes a la prensa brasileña como embajador argentino. Ilegal o ilegítima, lo cierto es que su maniobra carece de cualquier noción de ética. Ni él ni Sergio Massa (quien inspiró esa treta) merecían empezar de tan mala forma el tramo final de sus carreras políticas. Hay maneras más dignas de despedirse de la vida pública.

¿Ha vuelto el peronismo menemista, que en los años 90 privatizó empresas públicas gracias a la presencia de diputruchos? Primero hay que hacer otra pregunta: ¿por qué el peronismo kirchnerista de ahora prefirió sancionar una ley con los justos 129 diputados si tenía la posibilidad de hacerlo con cerca de 250? La discordia sucedió cuando Cambiemos le propuso a la coalición peronista que se agregara a la ley un artículo transitorio. Este señalaría que los jueces que cumplieron 60 años (los necesarios para jubilarse ahora) conservarían los beneficios del viejo sistema aunque se retiraran a los 75. Era la manera de frenar un éxodo masivo de jueces. Unos 260 magistrados habían iniciado, antes de este conflicto, el trámite de la jubilación. En pocos días se sumaron 360 más, entre jueces y fiscales. Ya preexistían 250 juzgados vacantes en el país, que no se pudieron cubrir en los últimos años. El Poder Judicial colapsaría si cerca de 800 jueces desaparecieran de pronto. Es un problema enorme, pero ¿lo es para el gobierno que manda? La orden de romper con la oposición vino de la Casa de Gobierno, dicen diputados del propio oficialismo.

El argumento del peronismo gobernante fue que la preservación de los derechos adquiridos estaba implícita. Si estaba implícita, ¿por qué no hacerla explícita? ¿Por qué llevar el rechazo a esa idea hasta el extremo de romper relaciones con la oposición? La respuesta está en que la oposición nunca hubiera acompañado una decisión escondida en la nueva ley, que derogó un artículo de otra ley que permitía que la Justicia convocara a jueces jubilados para cubrir cargos vacantes. ¿Cómo resolverán entonces el problema de las vacantes? Sencillo: el Gobierno enviará al Congreso una lista de conjueces, según su gusto y paladar, que necesita solo la aprobación de una mayoría simple. Centenares de cargos de jueces de primera instancia, de cámaras federales, de Casación y de tribunales orales quedarán vacantes o serán cubiertos temporalmente por profesionales cercanos al peronismo. Es la reforma judicial de Cristina Kirchner, que la Corte Suprema volteó en su momento, hecha por otros medios. Es ideología más que reforma. Y es también más necesidad que política. La necesidad de aliviar la monumental carga judicial que pesa sobre Cristina.

¿Es necesario, por otro lado, imponerle más retenciones a la soja cuando solo se recaudarán unos 430 millones de dólares? Esa cantidad de dinero es menor que el déficit anual de Aerolíneas Argentinas. La administración de Alberto Fernández imaginó primero un aumento segmentado de las retenciones. Se aplicarían solo al poroto de soja porque el «lobby aceitero», como lo llaman los dirigentes rurales, había logrado exceptuar el aceite y la harina de soja en nombre de la industria argentina. El resultado defraudó al Gobierno; así, solo habría recaudado 80 millones de dólares. Todos los productos sojeros significan aquella cifra de 430 millones de dólares. La mitad será destinada a la baja de retenciones de las economías regionales y la otra mitad, para ayudar a proyectos familiares o cooperativos agropecuarios. A pesar de que Basterra les dijo a los dirigentes agropecuarios que la necesidad de dólares de la administración es desesperada, el resultado de la recaudación para el Estado será cero. Solo continuará con la política de sacarles a los que algo tienen para darles a los que nada tienen. La soja ya sufría una presión impositiva del 94%, entre impuestos directos e indirectos, que se incrementará cuando se apliquen las nuevas retenciones. Es probable que el FMI haya hecho algún reproche porque aquí no se ponen en orden las cuentas públicas, sobre todo después de que en enero volvió el déficit. Los ajustes se siguen haciendo por los ingresos y no por los egresos, que es la mejor manera de persistir en la recesión.

Aquella política de vaciar el bolsillo de los que tienen algo puede parecer justa a primera vista, pero su conclusión es que paralizará aún más la economía. Una parte del equipo económico está dedicada exclusivamente a la reestructuración de la deuda. La otra parte quiere cumplir el sueño de los viejos proteccionistas. Sustituir importaciones e incrementar las exportaciones. Una contradicción. La matriz industrial argentina está hecha de tal manera que necesita muchos insumos importados. Además, el mundo no es ingenuo. ¿Por qué le compraría productos a un país que cierra sus fronteras a la importación? La información y el comercio circulan hoy a una velocidad que parece desorientar a los funcionarios argentinos.

El campo es el sector más dinámico de la economía argentina. El cambio permanente en las reglas de juego podría desalentar no solo la inversión, sino también su capacidad de consumo. El sector energético está renuente a la inversión desde que se congelaron las tarifas y, más aún, desde que Alberto Fernández desmintió a su jefe de Gabinete (y se desmintió él mismo) cuando puso en duda el congelamiento por seis meses que dispuso el propio Presidente. Vaca Muerta trabaja ahora solo al 50% en comparación con 2019. El sector inmobiliario registró la actividad más baja de los últimos 20 años por el precio del dólar y por la dificultad para acceder a la moneda norteamericana. Las viviendas se compran y se venden en dólares en el país de los argentinos. El Gobierno suspendió la vigencia de los beneficios impositivos para las empresas tecnológicas (grandes creadoras de puestos de trabajo) hasta que haga una nueva reglamentación de la ley de la economía del conocimiento. Nadie puede criticar a Marcos Galperin, creador de Mercado Libre, por haberse hartado de la Argentina. Se fue a vivir a Uruguay.

¿Cómo crecerá la economía argentina? ¿O el plan consiste solo en seguir desplumando a los que algo conservan todavía, que son, a la vez, los que pueden reactivar la economía? La ideología y la represalia no reemplazarán a la imprescindible inversión. Nunca hay una última batalla para las viejas guerras.

Crédito: La Nación