Cambio climático, democracia y dictadura en las Américas

La autocracia contamina más que la democracia, escribí la semana pasada. Fue en relación a China, el mayor contaminante del planeta cuyas emisiones superan a los siguientes cuatro países juntos: Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Además estuvo ausente en la conferencia COP26 de Glasgow, confirmando su persistente conducta no-cooperativa.

Lo cual es crítico, ya que sin cooperación global no será posible abordar la reducción del consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero, ni acelerar la transición hacia energías limpias. Ello debido a que el medio ambiente es el bien público por excelencia. La atmósfera, los océanos y las poblaciones ícticas son de acceso abierto e ilimitado.

Es decir, su uso es gratis, con lo cual incentivan la sobre-explotación y el abuso, siendo susceptibles de agotamiento y degradación. Pues eso está ocurriendo, deteriorando la calidad de vida y contribuyendo al calentamiento global; una amenaza a la vida y sustento de diversas especies.

La humana entre ellas; o sea, no es tan solo teoría. Sucede con frecuencia que ciertas conductas racionales individuales deriven en una irracionalidad colectiva. El proteccionismo, la búsqueda de subsidios y la inflación ilustran el punto, entre otros fenómenos económicos estudiados exhaustivamente.

En el caso de la sobre-explotación de recursos naturales, sin embargo, se trata de una gigantesca “Tragedia de los Comunes”—el agotamiento de recursos que son necesarios para toda la colectividad—ya que además las soluciones típicas de la microeconomía no son aplicables. No es posible asignar derechos de propiedad individual, que en principio permitirían una administración más eficiente, pues los bienes públicos son indivisibles.

Con lo cual solo nos queda la cooperación para “Gobernar los Comunes”, según la célebre Nobel Elinor Ostrom. La cooperación depende de la existencia de una densa red de normas e instituciones que recompensan dichas conductas. Incentivos para acordar y tomar decisiones colectivas; en síntesis, normas que fomentan la confianza entre los actores y evitan el suma-cero característico de las conductas oportunistas, cuando el beneficio de uno se obtiene en detrimento de otro.

Resolver dichos dilemas de acción colectiva requiere, a su vez, un específico tipo de orden político: la democracia constitucional. En democracia existe la rendición de cuentas, la libertad de prensa y, por ende, un significativo grado de transparencia en el proceso decisorio. La construcción de agendas públicas es abierta, las prioridades y posiciones se someten al escrutinio de la sociedad.

Estas observaciones son confirmadas por importantes acciones llevadas adelante por algunos gobiernos de las Américas. Por ejemplo, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá establecieron una reserva marina en un corredor que extiende el área de protección de las Islas Galápagos de Ecuador hasta la Isla Malpelo de Colombia y las Islas Cocos y Coiba vecinas a América Central.

Es la primera zona de protección multinacional creada en el mundo, la más grande del hemisferio occidental. Persigue el objetivo de proteger la riqueza y diversidad íctica, enfrentando la pesca depredadora. Los expertos han documentado el crecimiento exponencial de las flotas pesqueras chinas en la zona. Especializada en la captura del calamar gigante, dicha actividad está afectando la cadena alimenticia en su totalidad.

Los países caribeños, a su vez altamente sensibles al cambio climático, se hicieron presentes en COP26. Antigua y Barbuda junto a Tuvalu, nación de la Polinesia también miembro del Commonwealth británico, lideran la “Alianza de pequeños Estados-Isla” en su reclamo de justicia climática. A tal fin, se aprestan a litigar la materia ante la justicia internacional, pues para ellos el cambio climático es una cuestión de vida o muerte hoy, no en el futuro.

La emisión de gases contaminantes es insignificante en estos países y sin embargo sufren las catastróficas consecuencias del aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos con la consiguiente destrucción y costos de reconstrucción que obligan a un persistente endeudamiento y la contracción del turismo, principal actividad económica. Todo ello, además, y tal como lo han manifestado los países del CARICOM, en un contexto de inequidad en la distribución de vacunas contra el COVID-19, representa una amenaza existencial.

La relevancia de estos pequeños Estados-Isla va más allá de la cuestión climática, ya que constituye una poderosa lección de cooperación democrática multilateral necesaria para comprender que esa es, precisamente, la única manera para que la agenda en cuestión pueda avanzar y traducirse en acciones de suma positiva. Sin ello, el debate quedará en eso, un ejercicio retórico.

Las autocracias de las Américas, a su vez, confirman “a contrario” las proposiciones elaboradas aquí. Bolivia y Venezuela fueron los únicos países de Sudamérica que no firmaron la Declaración sobre Bosques y el Uso de la Tierra durante COP26, documento que también protege los derechos indígenas, ello a pesar de que el documento fue suscripto por 133 países. Solo la democracia acepta la fiscalización internacional y promueve la transparencia de los actos de gobierno.

Lo de Venezuela es ya un ecocidio documentado que afecta a toda la región. Solo en el estado Amazonas 5.265 km cuadrados de bosque han sido devastados en los últimos 15 años. En el llamado “Arco Minero”, el extractivismo aumentó a niveles extraordinarios, más de cien mil kilómetros cuadrados de tierras fueron destinadas a la explotación minera con fines comerciales a gran escala.

Las concesiones a empresas extranjeras y nacionales fracasaron, con lo cual el grueso de la actividad permanece en la informalidad y la ilegalidad. A consecuencia de ello, desde 2016 hasta julio de 2020, murieron 149 personas por abusos y violencia, según un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. La mayoría de las victimas pertenecen a pueblos indígenas, en una zona donde opera el crimen organizado y el ELN colombiano.

La naturaleza ilegal y el crecimiento de la explotación aurífera también da cuenta del uso indiscriminado de mercurio, habiendo causado una masiva contaminación del suelo, los ríos, y la riqueza íctica de la cuenca del Orinoco. En autocracia no hay mañana, el futuro está siempre descontado. Por eso también encarar soluciones para el cambio climático requiere democracia.

Es que la política supone diferentes maneras de concebir y administrar el tiempo. Y ello no solo en China.