IV de IV: La dimensión de la Justicia en la reconciliación
El logro de la paz en la acciones de la transición a la democracia

Está por comenzar nuestro tránsito a la democracia y debemos iniciar con él la reconciliación que nos llevará a la paz. Ese fue un leitmotiv del simposio “paz y futuro a través de la reconciliación y la justicia” que tuvo lugar los días 20 y 21 de Octubre pasados en la Universidad Simón Bolívar.                        

Una de las dimensiones de las estrategias para la reconciliación discutidas en el simposio es la dimensión de la Justicia, en la cual se plantearon dos vertientes de acción. Una de ellas persigue la internalización del respeto a los derechos humanos en la cultura y la conducta pública del venezolano; y la otra consiste en lograr un compromiso real del Estado con esos mismos derechos, la reparación de las víctimas y la no repetición de las violaciones que hemos vivido en años recientes. El presente artículo, último de la serie de cuatro,  comenta algunas medidas que fueron discutidas por los ponentes en esta dimensión.

Internalizar el respeto a los derechos humanos en la cultura pública implica en términos prácticos incorporar los valores y las reglas de la institucionalidad existente a la conducta ciudadana, incluyendo revertir formas tradicionales de relacionamiento entre Estado y sociedad  que se aceptan en nuestro país como “normales”, las cuales han impedido históricamente la realización de aquellos derechos.

Para ello la estrategia propuesta  plantea unas pocas reformas a ser realizadas  a muy corto plazo, entre ellas reponer la plena vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos y volver a la jurisdicción de la Corte Interamericana, así como  fortalecer y dar a conocer los mecanismos ordinarios de la justicia, nacional e internacional, y la exigibilidad ciudadana referidos a los derechos humanos, desarrollando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en la legislación nacional.

Adicionalmente, como programa a ser implementado de forma permanente, las propuestas discutidas incluyen educar y concientizar de manera sistemática a las comunidades educacionales y laborales, y a los funcionarios del Estado en todos sus niveles y funciones, sobre el respeto y la protección de los DDHH en sus prácticas cotidianas, así como concientizar a toda la sociedad sobre su derecho a realizar contraloría social y sobre los dispositivos de la justicia aplicables a los violadores.

Lograr un compromiso real del Estado con los DDHH contribuirá a cimentar el proceso de reconciliación sobre bases y mecanismos que aseguren el acceso efectivo a la justicia, la aplicación de la misma, la no impunidad y la “Tolerancia cero” en los casos de violaciones de derechos humanos y de la comisión de cualquiera de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, así como de otros hechos punibles que han afectado severamente la gobernabilidad de la sociedad venezolana, como ha sido la corrupción generalizada de altos funcionarios a la vista de todos. Ello debe hacerse partiendo de determinar la verdad y las circunstancias en que esos hechos se produjeron, y definiendo un sistema de sanciones y penas a los responsables que permita la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas a la vez que la transición de la sociedad como conjunto hacia una paz estable y duradera.

La memoria jurídica e histórica de todo lo acontecido durante los últimos años debe comenzar con la reconstrucción de los hechos, previo el abandono de la propaganda y de versiones interesadas o ideologizadas, por lo que se plantea crear una verdadera Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la cual deberá ser integrada por instituciones y personalidades respetables de Venezuela y de organismos internacionales de comprobada imparcialidad, ajena a conflictos de intereses de cualquier clase. El alcance de las indagaciones y conclusiones de esta Comisión podría comenzar en 1958 y llegar hasta hoy, y de allí se vería la pertinencia de enjuiciar hechos y establecer responsabilidades en los diferentes casos que según ella tengan mérito de ser investigados judicialmente y enjuiciados penal, administrativa, disciplinaria o civilmente.