Las viejas aspiraciones
Después de un año de estrepitosos fracasos por parte de la oposición, los cuales ya hemos relatado en entregas anteriores, muchos se preguntan qué es lo que realmente se está negociando con la dictadura en República Dominicana.
Oficialmente estos son los puntos en la agenda: la oposición está pidiendo garantías electorales que pasan por el nombramiento de un nuevo CNE, cronograma electoral y observación internacional; liberación de presos políticos, retiro de inhabilitaciones y reconocimiento de la Asamblea Nacional. Por su parte, la dictadura pide: retiro de las sanciones de la Comunidad Internacional sobre funcionarios del chavismo y reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Sabemos que la dictadura, tras haberse consolidado definitivamente en 2017, sólo estará dispuesta a ceder lo necesario, a través de ciertas concesiones a la oposición (lo que se ha denominado la tesis del “apaciguamiento”), para lograr de nuevo cierta legitimidad internacional, sin que eso signifique que se realicen cambios estructurales ni mucho menos una transición democrática. También sabemos que la oposición, como el actor débil de la negociación (al estar fragmentada y altamente cuestionada ante la opinión pública), sólo negociará alguna mejora superficial en las condiciones electorales y la habilitación de ciertos políticos, sin que eso signifique que disminuya el ventajismo y la coacción de la dictadura.
A pesar de que básicamente la oposición está negociando los términos de su capitulación, muchos actores guardan aún la vieja aspiración de revivir una forma de repartición del poder, como otrora fuera entre 1958 y 1998. Algo que el politólogo Juan Carlos Rey denominara “Sistema populista de conciliación de élites”, que es un sistema de participación política y de toma de decisiones públicas distinto al sistema de partidos, de carácter semicorporativo, basado en mecanismos utilitarios para crear consenso para darle estabilidad al sistema como la distribución de la renta petrolera con una orientación clientelar, además del carácter más pragmático y menos ideológico de los partidos políticos.
Sabemos que para 1958 Acción Democrática había aprendido las lecciones de posicionarse en el poder como “partido único” y la lección era que –en palabras del historiador Manuel Caballero– cuando hay un partido único civil, “la tendencia muy natural es que se constituya una fuerza rival, y no por cierto civil”. Es por ello que a partir de 1958 (pero aún más después de la presidencia de Leoni en 1968), AD no se concibe gobernando sin una alianza y esta alianza de gobernabilidad en defensa de la institucionalidad democrática se la proporcionará Copei, que se consolidará entonces como una alternativa al propio poder, que le servirá a AD no sólo de contrapeso, sino de «colchón» protector. En ese sentido, podríamos afirmar que AD fue durante buena parte del siglo XX un partido de poder, aunque, por períodos, no estuviera formalmente en el poder.
De manera que este “sistema populista de conciliación de élites” entre 1958 y 1998 estaba constituido por un complejo entramado de negociaciones, acomodación de intereses distintos, en el cual los mecanismos de tipo utilitario (¿apaciguamiento?) aseguraban la generación de apoyos al régimen y por ende el mantenimiento del mismo, basado en el reconocimiento de la legitimidad de los intereses de la mayoría y de las minorías de manera que todos pudieran ser satisfechos, al menos parcialmente. Así las cosas, en Venezuela se implantó, durante todo el siglo XX, un estilo político que privilegió la negociación a través de mecanismos utilitarios por encima de la coacción y la lucha ideológica.
Esta es la misma estrategia, con la variante anti-democrática, que el chavismo ha aplicado desde el año 2004 a través del “apaciguamiento”, que no es más que un sistema de negociación en donde el régimen ofrece ciertas concesiones y espacios de existencia a la oposición a cambio de su permanencia en el poder y de evitar un conflicto. Sin embargo, entre 2016 y 2017 hemos asistido a una nueva fase que privilegia la coacción por encima de la negociación, en parte por el agotamiento de la renta petrolera como mecanismo utilitario de consenso, en el que el chavismo desde sus inicios basó el liderazgo carismático-rentista y que a partir de 2013 pasó a ser puro vínculo clientelar. Y en parte porque en 2015 la oposición asestó una victoria electoral que resultó (en su momento) fatal para el régimen tanto a lo interno del país como para su legitimidad internacional.
En conclusión, hasta que cierta oposición “rent seeker” no deje atrás las viejas aspiraciones y entienda que no se puede negociar con una dictadura de visos totalitarios que ha desmantelado la república y que no cree en el sistema democrático, nuestro país no recobrará la tan anhelada pero cada vez más lejana libertad.
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