El caso tributario

Los tributos son imprescindibles para cualquier Estado. Es necesario sostener financieramente las funciones de seguridad y defensa, invertir en infraestructura pública y, entre otras cosas, financiar la prestación de servicios educativos y sanitarios, sin embargo, hay equilibrios que respetar. Si los tributos son excesivos, desconsiderados o agobiantemente cobrados, quiebran los contribuyentes y matamos a la gallina de los huevos de oro. Eso está ocurriendo en Venezuela y el último capítulo del acoso tributario es la providencia administrativa del SENIAT N° 0141 en la que se establece la obligación por parte del contribuyente de adaptar sus máquinas fiscales al nuevo «Sistema Centralizado de Facturación Electrónica».

A los comerciantes; que ya están padeciendo graves problemas para mantener sus negocios producto de la hiperinflación, la escasez de productos e insumos, el incremento constante de salarios, la descapitalización y, ahora, la crisis eléctrica que literalmente paraliza todo intercambio comercial en un país sin efectivo; se suma la aprobación de esta inoportuna providencia que implica para el comerciante la obligatoria adquisición de equipos sumamente costosos, valorados muchas veces en dólares, de forma casi inmediata.

Los comerciantes, si el ente recaudador no toma conciencia de las consecuencias de sus actos, se verán conminados a tener que cerrar, o despedir empleados, para poder comprar estos equipos. Vale acotar que son pocas las empresas que proveen estos dispositivos en el país y, sin duda, quizá sean esas pocas empresas las que tengan algún beneficio en este suicidio colectivo que implica esta amenaza cierta a la viabilidad del comercio formal.

La Cámara de Comercio de Valencia ha hecho llegar a las autoridades del SENIAT sus observaciones frente a la citada providencia, su presidenta, Ana Isabel Taboada, es sumamente precisa en la misiva presentada al ente recaudador en fecha 10 de Abril de 2019 y merece cita textual:

«Solicitamos la reconsideración de la entrada en vigor de dicha norma en el plazo establecido, proponiendo se establezca la suspensión de esta medida, a la espera de que pueda mejorar algunos de los problemas que hemos expuesto y tal vez vislumbrar una esperanza para la mayoría de los comerciantes que hoy dudan si seguir levantando la santamaría o unirse a los que la bajaron y con ello dejaron familias sin un salario con el cual cubrir sus necesidades.»

Obviamente, esta providencia no solo afecta a los comerciantes valencianos. Todas las cámaras de comercio, de todos los municipios del país, deben pronunciarse inmediatamente en nombre de sus agremiados para evitar una medida contraria a la viabilidad económica del país. Asimismo, toda la sociedad debe rechazar este tipo de medidas que lo único que lograrán será la destrucción de puestos de trabajo y el fin de la actividad empresarial, a la larga, todos seremos víctimas y veremos el peor de los mundos: empresarios sin empresas, trabajadores sin trabajo y clientes sin proveedor. Así no se gobierna, así se destruye un país.