Alberto Nisman: la política dentro de la Justicia

Un documental de Netflix que pudo ser uno más entre tantos. No lo fue, porque revolvió de nuevo la política argentina. Rectificaciones, polémicas, debates. Sirvió, de todos modos, para confirmar que la muerte (o el asesinato) del fiscal Alberto Nisman es un drama que está extremadamente politizado. A la Justicia le es difícil acercarse a la verdad cuando sus decisiones terminan manchadas por las pasiones políticas. La muerte política más importante de la democracia argentina está a punto de cumplir cinco años. No hay culpables todavía en un país donde la impunidad es habitual. Dos instancias cruciales de la Justicia establecieron que fue un homicidio. Un crimen sin culpables, por ahora. ¿Suficiente? No. Las dudas se reinstalaron con el regreso de un gobierno peronista, porque Nisman murió pocos días después de hacer una durísima denuncia contra Cristina Kirchner. La acusó de encubrir a los autores del criminal atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos inocentes, cuando firmó el tratado con Irán para establecer la verdad. Nadie sabe qué llevó a Cristina a firmar ese acuerdo con Teherán, pero la verdad ya había sido establecida por la Justicia argentina, que imputó al gobierno de Irán de entonces, 1994, la autoría intelectual y el financiamiento para hacer volar la sede de la mutual judía argentina.

La primera polémica surgió cuando Alberto Fernández creyó necesario actualizar (es una manera de decir) su pensamiento sobre la muerte de Nisman. En el documental, hecho en 2017, el actual presidente dijo: «Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado». El miércoles pasado, en el primer día del nuevo año, Alberto Fernández aclaró que «las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que hubo un asesinato». Como se advierte fácilmente, no hizo una afirmación en ninguno de los dos sentidos. Antes dudaba del suicidio. Ahora duda del homicidio. Dos maneras de decir lo mismo. Parece un debate escolástico. Pero la segunda aseveración le sirvió para poner en duda el peritaje de la Gendarmería, que sí estableció que fue un asesinato. El problema central de este nuevo revuelo por la muerte del fiscal es que el Poder Ejecutivo se está metiendo demasiado en cuestiones que están en la esfera de la Justicia. El peritaje de la Gendarmería fue pedido por el fiscal Eduardo Taiano y aceptado por el juez Julián Ercolini. El trabajo lo hizo una amplia junta interdisciplinaria, con peritos de todas las partes. La Gendarmería ejecutó la orden del juez bajo la supervisión permanente de varios especialistas. El fiscal y el juez recurrieron a la Gendarmería porque la Policía Federal estaba a cargo de la custodia del fiscal más custodiado del país. Sospecharon que podría haber parcialidad de los peritos federales.

La revisión de ese peritaje, ratificada ahora por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se basa, según fuentes oficiales, en que «dos gendarmes» le dijeron al actual gobierno que fueron «presionados» para firmar las conclusiones del trabajo. Fuentes judiciales aseguraron que «ningún miembro de la Gendarmería que trabajó en la pericia» dijo tal cosa. «Esperamos nuevas operaciones en contra de la causa», adelantaron esas fuentes. El peritaje fue una disposición de la Justicia y, como tal, está en manos de un poder en el que el Ejecutivo no debería entrometerse. Sucede que el cristinismo se aferra ahora a la hipótesis del suicidio porque un crimen sería una pesada loza moral sobre esa fuerza política. El informe de la Gendarmería, en cambio, afirma que fue un asesinato y reconstruyó cómo se hizo. Todos olvidan que Ercolini y Taiano, dos funcionarios del fuero penal federal, están a cargo de la investigación de la muerte de Nisman porque así lo decidió la Corte Suprema de Justicia. Como denunciante de la muerte del fiscal queda solo su madre, Sara Garfunkel, porque su exesposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, renunció en nombre de sus hijas a su condición de querellante. La madre de Nisman le pidió al máximo tribunal que la muerte de su hijo se investigara en el fuero penal federal. La Corte accedió. Si bien el tribunal supremo no habló de homicidio, una duda, grande o chica, hubo en la Corte, porque la unanimidad de los jueces resolvió que era una cuestión penal federal. Pudo ser un homicidio, concluyeron, porque el suicidio no es un asunto del Código Penal. Y el crimen presunto de uno de los fiscales más importantes del país no podía quedar en manos de la Justicia ordinaria.

Tampoco es cierto que la autopsia de Nisman haya dicho que fue un suicidio. Con la firma de 14 peritos, algunos de las partes, el cuerpo forense que depende de la Corte Suprema concluyó de la siguiente manera: «No podemos afirmar ni descartar -con certeza científica- cualquier hipótesis de causalidad subjetiva; es decir, que se trate de una muerte voluntaria autoprovocada u ocasionada por la acción directa o indirecta de terceras personas». Con otras palabras: ese cuerpo forense no descartó el homicidio pocas horas después de la muerte de Nisman. El peritaje de la Gendarmería avanzó en una de las hipótesis que dejaron abiertas los forenses de la Corte Suprema. La entonces presidenta Cristina Kirchner abonó la teoría del homicidio cuando dijo, tres días después de la muerte de Nisman: «Estoy convencida de que no fue suicidio». Esa hipótesis la conservó hasta 2017, pero luego la puso en duda.

Es cierta la deducción de que la muerte del fiscal afectó políticamente a la propia Cristina, más que a ningún otro. Pero el fiscal acababa de hacerle un daño político monumental a la entonces presidenta. No se puede descartar la decisión de voluntarios dispuestos a agradar al jefe. Sucedió muchas veces en la historia. O pudo ser el resultado de una guerra entre servicios de inteligencia. Pero lo cierto es que poco después de su muerte, el fiscal fue sometido a una inhumana campaña de difamación. Solo el gobierno podía hacer eso. Para peor, el jefe de Gabinete de Cristina, Aníbal Fernández, homologó esa campaña con una frase demoledora sobre Nisman: «Es un sinvergüenza como pocas veces se ha visto», dijo sobre quien había muerto hacía muy poco. Menos de 48 horas después de la muerte de Nisman, el gobierno de Israel les hizo saber a los gobiernos occidentales que la inteligencia de Irán había ejecutado el asesinato. Varios gobiernos occidentales sostienen esa teoría. Nunca se presentó ninguna prueba. Otro que sostiene la teoría del asesinato es el otrora hombre fuerte de los servicios de inteligencia Antonio Stiuso, un aliado todoterreno de los Kirchner hasta la firma del tratado con Irán. Stiuso tampoco presentó ninguna prueba para avalar su teoría del crimen. «Es el que menos aportó», afirma un abogado que suscribe la tesis del homicidio.

Al mismo tiempo, no es creíble la teoría que entonces desarrolló el oficialismo, que sostenía que Nisman se suicidó cuando advirtió la inconsistencia de su denuncia. El duro planteo de Nisman fue desestimado por el juez Daniel Rafecas, pero finalmente recayó en el juez Claudio Bonadio, quien procesó a 12 personas, Cristina Kirchner entre ellas, por «traición a la patria». Tan inconsistente no era entonces la denuncia de Nisman. La resolución del juez Ercolini sobre el asesinato de Nisman y la de Bonadio sobre el tratado con Irán fueron ratificadas por la Cámara Federal. La Justicia tiene una dirección clara. La política es la que zigzaguea mientras chapotea en territorios de un poder que no es el suyo. Un simple documental sobre la muerte más importante de las últimas décadas volvió a exponer la impunidad y el absurdo en un país donde ningún crimen político se resuelve nunca. Solo se discute sobre la muerte.

Crédito: La Nación