Breve historia del fraude electoral boliviano

Era un estudio de MIT, Massachusetts Institute of Technology, y publicado en el Washington Post. La reputación de la universidad y la credibilidad del medio bastaban para que al dictamen de dicha investigación fuera contundente: no hubo fraude en la elección de Bolivia, según había reportado la OEA.

Escuchando el llamado, rápidamente se alistaron los soldados. Ebrard, canciller de México, hizo sonar la diana: “le estamos pidiendo a la OEA que nos aclare a los miembros porqué hay una diferencia tan grande entre el informe de la OEA que señaló que sí hubo fraude en Bolivia con el informe del MIT, que dice lo contrario”.

Zapatero, siempre obediente del alto mando, no perdió tiempo. Apoyó a Evo Morales y dijo que era “obligación de la comunidad internacional pedir una investigación independiente” ya que “Las dudas sobre el informe de la OEA así lo exigen”. Monedero y el coro de repetidores de Podemos siguieron en la misma línea.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, se puso a las órdenes: “Como siempre señalé, en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la OEA”.

Los medios oficiales cubanos le confirmaron a la tropa que iban en la dirección correcta citando al propio Evo Morales: “El periódico Washington Post publicó las conclusiones de una investigación, que señala que no hubo fraude en las elecciones de octubre en Bolivia. Es una evidencia más del monumental robo que Mesa, Áñez, Camacho y Almagro hicieron a todos los bolivianos”.

Tanto alboroto coordinado no duraría demasiado, sin embargo. Bastó una carta de MIT diciendo que los investigadores en cuestión habían publicado dicho artículo a título personal y no en nombre de la universidad, y siendo contratados por el “Center for Economic and Policy Research” de Washington DC, para que el rostro de una burda operación política comenzara a distinguirse tras el velo de nombres de prestigio.

“There is no such thing as bad publicity” es una conocida expresión en inglés. “No existe tal cosa llamada mala publicidad”, pero en este caso, sí. Los quince minutos de fama de los investigadores en cuestión los pagarán muy caros en términos de reputación. Así ocurre cuando uno se asocia al Center for Economic and Policy Research (CEPR), supuesto “think tank” que no es más que un “lobbista de Maduro”, según lo caracterizó La Nación de Buenos Aires.

Otros estudios—los realizados por Rómulo Chumacero de la Universidad de Chile, Diego Escobari y Gary Hoover de la Universidad de Texas, y Walter Mebane de la Universidad de Michigan—confirman, al igual que la OEA, que la única manera que tenia Evo Morales de proclamarse vencedor en primera vuelta era por medio de un fraude. Ninguno de ellos contó con un lobbista para que el Washington Post les preste atención.

Si la moneda de cambio del trabajo intelectual es la credibilidad, la comunidad académica de Washington sabe que el CEPR tiene cero en esta materia, pues se dedica a la propaganda bolivariana. Sobran los ejemplos de sus “estudios” sesgados, parciales, subjetivos y siempre ideológicos. Nunca ha producido conocimiento confiable. Jamás ha esbozado un desacuerdo, cuestionamiento o simple duda acerca de los socialistas del siglo XXI, sus políticas y sus aliados.

Ahora mismo tiene al excanciller de Correa, Guillaume Long, como investigador de planta. La estrategia es transparente: otra excanciller de Correa, María Fernanda Espinosa, aspira a ser Secretaria General de la OEA. El sesgo que los caracteriza está presente en este supuesto análisis de la elección de Bolivia. Dicho informe es igual de fraudulento que la elección en cuestión.

Un modelo estadístico es tan bueno como confiable sea la información que el mismo procesa, tal vez eso es lo primero que se escucha en un curso introductorio de estadística. Se dice en todas las latitudes y en todos los idiomas, lo saben todos los estudiantes pero no parece saberlo los “técnicos” contratados por el CEPR.

Ocurre que se basan en los datos del Tribunal Electoral de Evo Morales y los toman por buenos de manera acrítica. El informe de la OEA, en contraste, tomó en cuenta la falsificación de actas, un corte de energía que interrumpió el conteo por 23 horas, la existencia de servidores ocultos que ingresaban votos en el sistema sin respaldo, fraude en los votos de bolivianos residentes en Argentina, anomalías en la cadena de custodia, denuncias, presiones y renuncias entre los miembros del Tribunal Electoral, entre otras irregularidades.

Pues con datos falsos no es posible arribar a conclusiones válidas; otro axioma del análisis estadístico que el CEPR ignora deliberadamente. Dado el manejo doloso de la información y la falta de integridad del proceso electoral, la OEA concluyó que era imposible conocer el resultado final y que, por ende, la elección debía repetirse bajo otras condiciones. La Unión Europea, también con observadores en Bolivia, formuló similares recomendaciones en su informe.

¿Por qué esta ofensiva ahora? Pues porque justificar el fraude electoral de Evo Morales es un instrumento para intentar otro fraude: arrebatarle la Secretaría General a Luis Almagro con falsedades, cuestionando la integridad de uno de los buques insignia en la flotilla de la OEA: el Departamento de Cooperación y Observación Electoral, reconocido por su capacidad en el mundo entero.

Es que la estrategia de esta supuesta “izquierda” castro-chavista, con énfasis en las comillas, es capturar la OEA y en el camino despedazarla. El fraude de Evo Morales es una concepción siniestra de la política. Hoy la reproducen intentando impedir la reelección de Almagro el próximo 20 de marzo.

Crédito: La Nación