La vía nicaragüense a la dictadura

El camino está trazado. La senda jalonada en los últimos años por el matrimonio Ortega – Murillo para reconstruir la dictadura somocista ha llegado a buen puerto. La farsa electoral del 7 de noviembre fue la anteúltima estación de este periplo.

La violación sistemática de los derechos humanos, la subordinación del Estado a los caprichos presidenciales, la voladura controlada de los contrapesos que limitan la acción del gobierno, como la justicia y el parlamento, y la aprobación de leyes represivas y atentatorias contra las libertades individuales son los mejores mecanismos para convertir un proyecto autoritario en un gobierno de claro perfil dictatorial.

En este contexto, cualquier crítica interna o externa es inadmisible. Las internas son más fáciles de silenciar. Basta intimidar, acosar, perseguir, encarcelar y exiliar a los inconformes.

Por eso, pese a que las elecciones ya pasaron y que con honra y boato Daniel Ortega fue reelegido nuevamente, en las mazmorras orteguistas hay 170 presos políticos, todos los cuales, según el gobierno, son “agentes extranjeros”.

El cinismo alcanza su clímax cuando se dice que no hay candidatos presos (son siete) porque nunca fueron proclamados oficialmente.

A lo largo de noviembre, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, con datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otros 27 nombres engrosaron la lista del horror. Las detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, la incomunicación y las torturas son pasos necesarios en esta labor de acoso y derribo al disenso.

Las críticas externas son más difíciles de acallar. Lo primer que se les ocurre es levantar la voz e insultar a todo aquel que cuestione su legitimidad. La noche del 7 de diciembre Ortega se despachó a gustó contra EEUU, la UE, la OEA y España, denunciando la “política intervencionista, expansionista y colonialista” de EEUU y los países europeos. A estos últimos y al gobierno español los llamó “fascistas”, “descendientes del franquismo” y “hermanos de Hitler”, para concluir: “Es hora ya de que Europa entienda de una vez por todas que en estas tierras, en estos pueblos, en estas naciones, que en Nicaragua, gobierna el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos”.

A veces, sin embargo, con levantar la voz no basta y hay que mostrar la energía suficiente, como si de ese modo se alejaran todos los malos presagios y las señales de tormenta que los amenazan. Por eso, después de que la OEA declarara “sin legitimidad” las elecciones, Ortega decidió abandonar el sistema panamericano, quejándose de sus constantes “actitudes injerencistas”.

En realidad, fue una medida desesperada para evitar que le aplicaran la Carta democrática panamericana y termine suspendiendo su membresía. Más allá de la decisión que finalmente se adopte al respecto, tanto Washington como Bruselas seguirán discutiendo sobre Nicaragua y sus violaciones a los derechos humanos.

El Parlamento Europeo debatirá el tema monográficamente el 14 de diciembre y podría apoyar la política de sanciones impulsada por el Alto Comisionado Josep Borrell.

Incluso EEUU estaría en condiciones de dar un paso más y excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana (DR – CAFTA), una línea de acción impulsada por varios senadores republicanos, Marco Rubio entre ellos.

De tomarse esta medida extrema, y complicada, afectaría las exportaciones, el empleo, la actividad económica, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Teniendo en cuenta el peso económico de EEUU como su principal socio comercial, esta decisión sería catastrófica. Es el único país centroamericano con superávit comercial, el 60% de sus exportaciones van al mercado estadounidense, y de EEUU parte el mayor flujo de remesas que llega a Nicaragua. Algunas fuentes estiman que el país podría perder u$1.500 millones anuales de prosperar esta iniciativa.

Pese al ensueño oficialista de que todo se solucionará con más represión, el futuro es poco halagüeño para la dictadura pos sandinista. Las perspectivas económicas son complicadas: el FMI estima que en 2021 el PIB crecerá un 5% (frente al 7% previsto por el gobierno), debido al efecto rebote, pero que en 2022 comenzará un lustro de estancamiento.

Las noticias políticas tampoco son mejores. Durante la jornada electoral se vio como el pueblo le daba la espalda al régimen y se quedaba en su casa sin ir a votar. Desde las protestas de 2018 algunos de los principales apoyos de Ortega lo han ido abandonando y es previsible que el proceso se acentúe ante la falta de legitimidad y las crecientes dificultades.

De este contexto, la oposición debe extraer algunas lecciones. La primera, la crisis política solo se resolverá en Nicaragua y por los nicaragüenses. La comunidad internacional puede acompañar, pero no aportar soluciones mágicas.

La segunda, sin unidad no hay paraíso. La única manera de acabar con la dictadura neo somocista es trabajando mancomunadamente, aunque el régimen haga todo lo posible por dividirla: persiguiéndola, acosándola y premiando a los cómplices.

Si bien, los incentivos para coaligarse son escasos, y menos sin la convocatoria de elecciones con garantías, la unidad es una condición sine que non para acabar con la dictadura.

Fuente: Clarin