Los hipócritas escándalos del kirchnerismo

Alegres, cerca del abismo. Cualquier extranjero que se detuviera un instante en el debate político argentino creería que el país tiene sus problemas resueltos y que su sociedad conoció por fin la felicidad colectiva. Aunque el Gobierno juega una hipócrita ficción de espías y detectives, lo cierto es que la Argentina está a pocas semanas de caer en default con el Fondo Monetario y con el Club de París. Al revés de lo que parece, el país merodea las proximidades de una tragedia colectiva. No tiene un plan para salir de la ratonera en la que está y, encima, lo acusa al Fondo de hacerle un plan. Es lo que el Fondo hace cuando no le llevan una propuesta seria.

El gobierno de Alberto Fernández (y de Cristina Kirchner) no entiende la geometría del poder. Necesita a la oposición para negociar con el exterior, pero hace una política imprudente y orillera, que culpa solo a los cuatro años de Juntos por el Cambio de todos los males argentinos. El peronismo, en cualquiera de sus muchas versiones, estuvo 25 años en el poder de los 38 años de vida democrática. Solo Gerardo Morales, gobernador y presidente del radicalismo, se prestó a semejante distorsión de la realidad; acercó su discurso al discurso del oficialismo. Los gobernadores no deberían ser presidentes de ningún partido, porque los jefes provinciales están condenados a llevarse bien con el gobierno federal, que es el que reparte el dinero público. Tampoco Gerardo Morales necesita que lo presionen mucho; siempre estuvo más inclinado a los acuerdos políticos y partidarios con el peronismo. ¿Pruebas? Su relación con Sergio Massa es muy antigua y gobierna Jujuy en alianza con el exalcalde de Tigre. División e internismo son promovidos por el increíble discurso de Morales. El radicalismo más serio está en otra parte.

La grabación clandestina de una reunión de funcionarios bonaerenses y empresarios en la sede porteña del Banco Provincia desató una caza de brujas por parte del cristinismo y del albertismo, ya irremediablemente juntos. La reunión se hizo, como bien lo señaló un documento de asociaciones empresarias y de arquitectos de La Plata, para que el gobierno escuchara las denuncias sobre las prácticas mafiosas del dirigente del gremio platense de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina. Medina ejercía la conducción del gremio, como dice ese documento, con una metodología “basada en la agresión personal, los condicionamientos ilegales y los bloqueos de obras por parte de grupos violentos”. Todo se resolvía con el “precio Pata Medina”, que aumentaba considerablemente el costo de las obras. Su protección debía pagarse. La mafia hizo eso desde que la mafia existe. Ese es el centro del problema, no una grabación que apareció milagrosamente dos años después de que volviera a gobernar el peronismo. El pretexto de que esa grabación se encontró de casualidad mientras se limpiaban computadoras del servicio de inteligencia es una ocurrencia infantil.

Hay que detenerse en dos aspectos de ese supuesto escándalo. Uno: la alusión a la Gestapo por parte del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que fue frívolamente repetida por políticos y periodistas de cualquier color. Nada es comparable con los crímenes del nazismo. Hablar de la Gestapo para hablar de cualquier cosa es banalizar la tragedia más cruel que vivió la humanidad en la historia moderna. El pueblo judío tiene razón cuando se ofende. El otro: es absolutamente inexplicable que en esa reunión pública, porque había empresarios que no conocían a todos los participantes, hayan estado tres espías de la ex-SIDE. Nadie sabe qué hacían ahí. Ni siquiera Macri. Si los servicios de inteligencia están solo para hurgar en las inmundicias de la política, como sucede recurrentemente, más vale que no existan. Ya son un Estado dentro del Estado. ¿Fue María Eugenia Vidal quien mandó a los espías? Ridículo. Ella nunca tuvo ninguna influencia en los espías ni en las cloacas estatales.

Nadie usó más los servicios de inteligencia para perseguir a opositores, disidentes y críticos que el gobierno de Cristina Kirchner. Tenía un holding de medios (propiedad de Sergio Szpolski) que se abastecía de las campañas de difamación que ordenaba la entonces SIDE, a cargo del todopoderoso Jaime Stiuso. Este periodista fue una de las víctimas y su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alberto Fernández denunció, poco después de renunciar como jefe de Gabinete, que su teléfono estaba siendo intervenido por los servicios de inteligencia. ¿Lo sabía Cristina? No hay constancias, pero la Justicia encontró en su casa, durante un allanamiento, carpetas con informes de la ex-SIDE sobre actividades y conversaciones telefónicas de empresarios y políticos opositores. Esa investigación duerme desde hace mucho tiempo un sueño injusto en el despacho del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El tamaño de la hipocresía es ya indescriptible.

La causa judicial iniciada por la jefa actual de los servicios de inteligencia, Cristina Caamaño, no tiene ningún destino porque esa grabación es ilícita. No fue autorizada por ninguno de los presentes ni ordenada por un juez. Su validez es nula. Es un típico caso de forum shopping (buscan al juez más amigo) porque cayó en manos del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, hermano del ideologizado ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak. Tampoco el caso corresponde a la jurisdicción de la Justicia Federal de La Plata. La reunión se hizo en la Capital y, según la jurisprudencia que existe, las cuestiones relacionadas con el servicio de inteligencia del gobierno federal deben investigarse en los tribunales federales de la Capital, en Comodoro Py. El infaltable Pata Medina acusó al fiscal Carlos Stornelli porque supuestamente demoró una denuncia suya sobre esa reunión en el Banco Provincia. Lo nombró solo a Stornelli, que nunca tuvo delegada la investigación. No mencionó a los tres jueces que intervinieron: María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y Daniel Rafecas. El propósito es evidente: obturar la puerta de entrada de Comodoro Py para que el expediente quede en poder del juez platense Kreplak.

Otra persecución está sucediendo paralelamente: la del procurador general de La Plata (jefe de los fiscales bonaerenses) Julio Conte Grand, uno de los funcionarios más serios y honestos de la Justicia. Conte Grand no participó de ninguno de los trámites judiciales que procesaron y pusieron preso a Pata Medina. Fueron el juez federal de Quilmes Luis Armella y la fiscal federal Silvia Cavallo los que lo metieron entre rejas. Conte Grand es el jefe de la acusación en la jurisdicción provincial, no en la federal. Pero el Gobierno no puede darse el lujo de que las elecciones de 2023 lo sorprendan con Conte Grand como jefe de la acusación en territorio bonaerense. Construyó una historia fantasiosa sobre Conte Grand y hasta pidió su juicio político en la Legislatura provincial. Si no hay nuevas deserciones ni distracciones en Juntos por el Cambio, ese juicio no ocurrirá nunca.

La Asociación Nacional de Fiscales salió en auxilio de Conte Grand. También lo respaldó el Consejo de Procuradores, que reúne a todos los procuradores del país. Pero el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se ocupó luego personalmente de bajar algunas adhesiones de procuradores provinciales, que pertenecen a la Justicia y no tienen ninguna dependencia de él. El gobierno nacional habló directamente con los gobernadores para que presionaran a los procuradores que se solidarizaron con Conte Grand. Desertaron los procuradores de las provincias gobernadas por el peronismo más cerril: Formosa, La Rioja, La Pampa y Tucumán. ¿Quién práctica el lawfare? ¿No era este el gobierno que no se metería con la Justicia, según Alberto Fernández? Mena ni siquiera se tomó el trabajo de desmentir su presión sobre funcionarios judiciales. La hipocresía y la desfachatez suelen caminar tomadas de la mano.

Fuente: La Nación