LA SALIDA DEL SISTEMA INTERAMERICANO

Por Francisco Alfonzo

@FranciscoAlfonz

 

 

 

La Salida del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (integrado por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por parte del Estado Venezolano es un tema que da mucho de qué hablar, desde diferentes puntos de vista, incluidos por supuesto el jurídico y el político. Lo primero que habría que señalar es que dicha acción de gobierno le está prohibida por la Constitución, lo cual la hace absolutamente nula, es contraria al Estado de Derecho y a la democracia, a nuestra historia Republicana y a nuestros valores como país.

 

Decimos que la renuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es inconstitucional pues nuestra Carta Fundamental prohíbe al Estado limitar o quitar derechos a las personas que ya han sido previamente adquiridos (principio de progresividad: articulo 19) y entre nuestros derechos se encuentra el consagrado en el artículo 31 constitucional, según el cual todos podemos dirigir peticiones y reclamos contra el Estado ante organismos internacionales por la violación de nuestros derechos. La denuncia de dicha Convención Americana (o Pacto de San José) nos quita, entre muchos derechos que ahí se encuentran consagrados, la garantía jurídica de poder acudir ante la Corte IDH a pedir la protección de nuestros otros derechos cuando ellos no hayan sido defendidos, protegidos y garantizados por el Estado.

 

Además, el artículo 23 de la Constitución establece expresamente que los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, es decir: rango, valor y fuerza de Ley Suprema, por lo cual el Pacto de San José tiene en Venezuela la misma fuerza normativa que la Constitución, lo que significa que el Gobierno se tiene que subordinar a él y tomar acciones contrarias a su contenido y propósito no es admisible en Venezuela por nuestro ordenamiento jurídico.

 

No obstante, es necesario destacar que, en la práctica, ya nos encontrábamos fuera del Sistema Interamericano. Ello pues el gobierno de Chávez no reconocía las recomendaciones y observaciones realizadas, de buena fe, por la Comisión Interamericana para proteger más y mejor nuestros derechos humanos, así como tampoco acataba las sentencias de la Corte Interamericana, ni los parámetros establecidos por ella en sus fallos en cuanto a la interpretación y protección de derechos. Por ello, haberse retirado del Sistema no tiene consecuencias prácticas tan reales y directas, más sí las tiene desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, desde el político. Ahora que Venezuela se encuentra fuera del Sistema Interamericano se seguirán violando los derechos humanos de los venezolanos a diestra y siniestra de manera impune, igual que antes, y es que esos derechos son violados porque al Gobierno no le interesan, pues ellos en nada sirven para el plan dictatorial, totalitario y hegemónico que tiene la élite del PSUV para el país.

 

La historia nos ha demostrado que las dictaduras no son para siempre, algunas duran más años que otros, lo que sí resulta sorprendente es que la Chavista haya durado tanto, pero ello se debe al consentimiento que los venezolanos hemos dado frente a tal situación. No obstante, estamos seguros de que tarde o temprano volveremos al Sistema Interamericano, la democracia triunfará y los derechos humanos poco a poco se abrirán camino en nuestra sociedad. Perú, por ejemplo, bajo gobierno del dictador Fujimori intentó (en 1999) salirse del Sistema Interamericano, pero no más de dos años más tarde ya se encontraba de vuelta como parte del mismo (2001). El único país que se ha retirado definitivamente del mismo ha sido Trinidad y Tobago (en 1998) por problemas con la ejecución de la pena de muerte por parte de sus tribunales y órganos nacionales.

 

Así mismo, los venezolanos deben saber que la Convención Americana sobre Derechos Humanos aún puede tener efectos por hechos ocurridos antes de su denuncia, es decir, hechos anteriores al 10 de septiembre de 2013. El artículo 78 de dicho tratado establece que el Estado aún podrá ser declarado responsable por la Corte IDH por violaciones de derechos humanos ocurridas antes de tal fecha.

 

Adicionalmente, es necesario hacer saber que los Venezolanos aún contamos con otros mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, dentro del marco de la ONU y sus órganos especializados, como por ejemplo el Comité de Derechos Humanos, que se encarga de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado del cual Venezuela es parte y es de similar contenido que la Convención Americana; así como también están a nuestra disposición las Relatorías Especiales y los Grupos de Trabajo de la misma ONU.

 

Más allá de las múltiples consideraciones jurídicas que se podrían hacer sobre este tema, lo importante es que ese paso del Gobierno de la Revolución Socialista pone en evidencia clara su espíritu totalitario y antidemocrático. Los derechos humanos siempre han sido un límite al poder, una garantía de la libertad de las personas y de su independencia del gobierno, pues bien, el régimen del PSUV no se siente cómodo con el poder limitado, necesita el poder absoluto, así como necesita limitar la libertad de las personas para que estas dependan y se subordinen al régimen Chavista-Madurista, es pues: un gobierno totalitario y dictatorial.

 

Lo más importante que todo lo anterior es el hecho de que los venezolanos no nos demos cuenta del tipo de gobierno que permitimos que esté en el poder. Es un gobierno que ha dado claras muestras de irrespeto por nuestra democracia y por nuestro Estado de Derecho, que ha demostrado que no le interesan nuestros derechos sino su proyecto político, cuya ineficiencia además ha quedado manifiesta y de la cual no quedan dudas, pues luego de casi 15 años con unos ingresos petroleros exponenciales no ha podido sacar al país adelante, sino que lo ha hundido más y más en la pobreza y el retroceso. Y es que todos los venezolanos sabemos que el Gobierno, unos lo creen en mayor o menor grado que otros, es un gobierno militarista, precario y mentiroso, que desconoce las reglas de juego democrático y que le gusta jugar sucio en contra de los adversarios; lo que si genera grandes interrogantes, luego de varios años, es tratar de entender la pasividad del pueblo venezolano ante una situación tan lamentable como la nuestra.