Estados Unidos de Venezuela

Por razones muy distintas a las que hoy ocupan la palestra pública, luego de la Guerra Federal, la Constitución de 1864 definió a Venezuela como un Estado federal y le otorgó el nombre de Estados Unidos de Venezuela.

La idea detrás de ese nombre era clara: la República estaba constituida por 20 estados autónomos que, unidos, conformaban un solo país.

No sería de extrañar que quienes hasta el 2 de enero se declaraban antiyanquis, hoy propongan retomar ese nombre para congraciarse con su nuevo mejor amigo.

Ahora bien, en Estados Unidos y Canadá, de donde probablemente Venezuela tomó inspiración para su modelo federal, los estados y provincias tienen un nivel de autonomía que aquí resulta casi inimaginable. Administran sus propios recursos naturales —petróleo, gas, minería—, gestionan sistemas de salud, diseñan y controlan la educación, desarrollan políticas de transporte y cuentan con capacidad fiscal propia.

Ese poder no es un accidente. Responde a cómo nacieron esos países: como la unión de entidades que ya tenían identidad, territorio y poder.

Claro está, Venezuela no es Canadá ni Estados Unidos. Por la extensión de sus territorios, muchos estados o provincias de esos países son tres o cuatro veces el tamaño de Venezuela entera. Nuestro territorio es más pequeño y nuestras dinámicas distintas. Pretender copiar ese modelo de forma mecánica sería ingenuo. Pero lo que sí resulta inaceptable es el extremo opuesto que tenemos hoy en día: un país con tantos problemas sin resolver y donde todo depende de una oficina en Caracas.

Venezuela ha tenido 26 constituciones. De ellas, solo dos —las de 1819 y 1929— no definieron al país como un Estado federal. Es decir, la idea de un país federal no es nueva, sino una aspiración histórica. Hablar de federalismo en Venezuela no es solo hablar de la organización política y jurídica del Estado, sino de la necesidad urgente de que las regiones sean escuchadas y estén realmente cerca del poder.

El Mariscal Juan Crisóstomo Falcón y el General Ezequiel Zamora, padres del federalismo en Venezuela, no defendieron esta idea como una consigna vacía, sino como una herramienta para acercar el poder a la gente y hacerlo más eficiente frente a los problemas, romper con las élites centralistas y democratizar el país desde sus regiones.

En lo personal, no puedo hablar de ellos como figuras lejanas. No solo me identifico con sus valores liberales, sino que además tengo vínculos directos con ambos: con Falcón por consanguinidad, a través de su hermana Mercedes y su cuñado José Melitón Toledo —de quienes desciendo en sexta generación—, y con Zamora por afinidad, en el mismo grado, por ser este cuñado de Falcón. Pero más allá de cualquier vínculo familiar, lo importante es el legado.

El centralismo fue una de las causas fundamentales de la cruenta Guerra Federal, que buscaba transformar la concepción del poder en el país. Mientras el Partido Conservador, entonces en el poder, defendía un gobierno central fuerte radicado en Caracas, los liberales federalistas, encabezados por Falcón y Zamora, exigían autonomía para las provincias, igualdad social y la eliminación de los privilegios heredados de la colonia.

Hoy, de alguna forma, pareciera que la historia se repite, las élites que ejercen el poder desde hace 27 años se aferran a la idea de un poder centralizado y se niegan a entregarlo en las formas previstas en nuestra constitución.

A lo largo de nuestra historia ha habido avances importantes en materia de federalismo y descentralización. A finales del siglo XX, impulsado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) y posteriormente por el Dr. Allan Brewer-Carías como ministro de Estado para la Descentralización, se construyó un marco jurídico que fortaleció estos procesos. Esto se acompañó con reformas clave como la elección directa de gobernadores y alcaldes a partir de 1989, lo que marcó un antes y un después en la relación entre ciudadanos y poder público.

Fue, sin duda, una de las reformas políticas y administrativas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela.

Posteriormente, la Constitución de 1999 definió al Estado como federal y descentralizado en su artículo 4, y el chavismo prometió en ese momento profundizar aún más estos principios.

Sin embargo, muchos de estos avances fueron anulados cuando, a partir de 2006, el chavismo, en uno de sus tantos virajes, decidió centralizar férreamente el poder y sustituir el federalismo y la descentralización por el experimento del llamado “Estado comunal”, cuyo fracaso hoy resulta evidente.

En estos últimos 27 años, lo que se construyó durante más de un siglo en materia de federalismo y descentralización fue sistemáticamente desmontado: competencias retiradas, presupuestos condicionados, liderazgos regionales debilitados, subordinados y, en la mayoría de los casos, designados a dedo desde Caracas. El resultado está a la vista.

No puede ser que los habitantes de Araya o Marigüitar, en el estado Sucre, tengan que esperar que en una oficina de Miraflores alguien se dé cuenta de que llevan meses sin agua.

Tampoco puede ser que en Cumarebo, Paraguaná o Curimagua, en el estado Falcón, la gente viva rezando —literalmente— para que el poder central les resuelva apagones diarios de cuatro o cinco horas.

No puede ser que problemas tan básicos como el agua, la electricidad, el gas o la vialidad urbana dependan de decisiones tomadas a cientos de kilómetros por funcionarios que nunca han pisado esas comunidades y que, en muchos casos, no tienen ningún interés en hacerlo.

Eso no es solo ineficiente. Es absurdo y es la manifestación más clara de la ausencia de poder real en lo local y consecuencia de los grandes retrocesos en materia de federalismo y descentralización que hemos experimentado en las últimas décadas. De no haber sido así, hoy tendríamos al menos varias regiones del país funcionando eficientemente y no se habría desplomado todo por la dependencia exagerada a un gobierno central que en este caso resultó extremadamente ineficiente (por decir lo menos).

Esa fue precisamente la causa por la que lucharon miles de venezolanos bajo el liderazgo del Mariscal Falcón y el General Zamora.

Hoy me sumo a esas banderas y asumo, con humildad pero con firmeza, el compromiso de aportar desde el campo jurídico todo lo necesario para sentar las bases legales y constitucionales que permitan desarrollar, como nunca antes, un verdadero Estado federal, descentralizado y eficiente. Un Estado que le devuelva a las regiones y a los municipios la autonomía y el poder real que necesitan para resolver los problemas de su gente y dejar atrás, de una vez por todas, la dependencia de un poder central que ha demostrado ser incapaz de responder a las necesidades del país.