El caso RCTV y nuestra libertad de expresión

Por Francisco Alfonz

@FranciscoAlfonz

 

 

 

La semana pasada se cumplieron 7 años del cierre de RCTV, un evento dramático en la historia de la libertad de expresión y la democracia de Venezuela. Casualmente, la semana pasada también se celebró en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, localizada en San José, Costa Rica, la audiencia del juicio internacional en contra del Estado venezolano por dicho cierre arbitrario de la importante ventana de libertad que representaba el canal RCTV.

 

Luego de no haber encontrado justicia en su propio país, las víctimas del cierre de RCTV acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., para solicitarle a ese órgano de la OEA que protegiera los derechos humanos de los periodistas, trabajadores, directivos y accionistas del canal.

 

Una vez tramitado el procedimiento ante la Comisión Interamericana, ese organismo determinó que se habían violado derechos humanos protegidos internacionalmente y, en consecuencia, solicitó al Gobierno de Venezuela que reparara la situación. Ya que el Gobierno se negó a ese requerimiento de la Comisión, esta procedió a demandar internacionalmente a Venezuela ante la Corte Interamericana.

 

La audiencia de juicio producto de esa demanda tuvo lugar el jueves y el viernes de la semana pasada, justo después de 7 años de que RCTV cesara su transmisión televisiva que exitosamente había estado al aire y al servicio de los venezolanos durante décadas.

 

En el juicio, se demandó al Estado venezolano por violar varios derechos humanos protegidos por ese Sistema Interamericano, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad, a la justicia y a la igualdad.

 

En este caso, la libertad de expresión había sido violada porque el Estado actuó de una forma restrictiva de ese derecho, limitándolo, sin ningún tipo de justificación objetiva. Fue una decisión adoptada sin un procedimiento previo apegado a la legalidad. Se acusó al Estado de administrar el espectro radioeléctrico de una forma arbitraria, antidemocrática y discriminatoria por motivación política.

 

Por otro lado, se alegó la violación del derecho a la propiedad porque los accionistas de RCTV fueron privados de la posibilidad de utilizar, disponer y disfrutar de muchos de sus bienes que fueron incautados arbitrariamente por el Estado, sin un procedimiento previo y sin el pago de una justa indemnización.

 

La violación del derecho de acceso a la justicia adoptó muchas formas en este caso, pero en líneas generales se acusó al Estado de no permitir que RCTV cuestionara la constitucionalidad y la legalidad, ante un tribunal independiente e imparcial, de las decisiones de CONATEL y del Ministerio que le estaban limitando sus derechos fundamentales.

 

Las violaciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación, sucedieron en el presente caso debido a que RCTV no recibió el mismo trato favorable a su derecho a la libertad de expresión que sí recibieron otras plantas televisivas (Venevisión y Televén) las cuales se encontraban en exactamente las mismas condiciones jurídicas y fácticas.

 

Durante la audiencia celebrada en Costa Rica, las víctimas tuvieron la oportunidad de exponer lo sucedido, de expresar cómo esos hechos habían afectado los derechos que les son inherentes por la condición de ser humano y pudieron finalmente solicitar justicia ante un tribunal independiente e imparcial.

 

Un hecho que llamó la atención fue la revelación realizada por los accionistas de RCTV durante el juicio, donde por primera vez dieron a conocer públicamente que el Gobierno les había ofrecido comprar el canal de televisión por 600 millones de dólares.

 

El Estado venezolano tuvo la oportunidad de defenderse en la audiencia, a través de sus representantes internacionales. Al igual que la Comisión Interamericana y que las víctimas, el Gobierno venezolano pudo producir las pruebas que consideró pertinentes, puedo alegar y contradecir, interrogar peritos y testigos, cuestionar y producir argumentos, etc. Lamentándolo mucho, la actitud y conducta de los representantes del Gobierno dejó mucho que desear, incluso fue objeto de regaños y llamados de atención del Presidente de la Corte durante la audiencia.

 

Una vez finalizada la audiencia, podemos esperar que dentro de un poco más de seis meses, aproximadamente, la Corte Interamericana emita una sentencia sobre el caso, donde podrá declarar que el Estado venezolano violó los mencionados derechos de las víctimas y podrá ordenar que se adopten todas las medidas reparatorias que sean necesarias para reparar la situación infringida.

 

Viendo el cierre de RCTV en retrospectiva, habiendo observado los argumentos formulados durante este juicio, es evidente la intención que tuvo el Gobierno al cerrar esa planta televisiva. Hoy día nos podemos dar cuenta de las terribles consecuencias que ha tenido ese evento para nuestra democracia.

 

La libertad de expresión es un instrumento en la democracia que sirve a la sociedad para controlar públicamente la actividad de los gobernantes. Mientras más libertad de expresión más control sobre lo que hacen las personas que están en el poder. Durante los últimos años nos han ido quitando, progresivamente, distintas ventanas y oportunidades para ejercer la libertad de expresión, ello ha permitido que el gobierno cada vez abuse más de su poder y que cometa las arbitrariedades groseras que ya actualmente son cuestiones de día a día.

 

Por ejemplo, en el caso de las protestas y las detenciones de los estudiantes manifestando. Esos jóvenes han sido gravemente perseguidos y violados en sus derechos humanos por parte del Gobierno sin que la sociedad civil tenga un canal de televisión con suficiente penetración como para enterarse de todo lo sucedido. ¿Por qué protestaban? ¿Cómo protestaban? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué fueron reprimidos? ¿Por qué se los llevaron presos y no los dejaron manifestar? Toda historia tiene dos versiones, pero actualmente el Gobierno ha logrado que sólo se escuche la versión que le conviene, de forma masiva y hegemónica.

 

En el caso de las actuales persecuciones contra la diputada María Corina Machado también se observan las consecuencias de las graves limitaciones del derecho a la libertad de expresión de los venezolanos. El Gobierno ha emprendido una campaña de desprestigio nacional en contra de María Corina, tratando de mostrarle a todo el país que en la oposición hay gente que busca un golpe de estado. Gracias al cierre de televisoras y de radios, gracias a la persecución, al hostigamiento y a las amenazas a medios, gracias a la falta de papel periódico, a la censura y a la autocensura, María Corina no ha podido defenderse públicamente, en igualdad de condiciones y alcance de las acusaciones del Gobierno. Ella tiene derecho de decirle al pueblo cuál es su versión de la historia, debe tener la oportunidad de replicar al Gobierno y de contradecir las acusaciones públicas en su contra. Con el cierre de ventanas para la libertad de expresión el Gobierno ha logrado manipular la opinión pública y ha logrado que los venezolanos conozcan, crean o piensen sólo lo que al régimen le conviene, convirtiendo poco a poco a la sociedad venezolana en una sociedad ciega y esclavizada.

 

El país reporta una situación socioeconómica catastrófica. Los índices de inflación, desempleo, inseguridad, desabastecimiento, pobreza, entre otros, son realmente alarmantes. Pero gracias a la eliminación de los medios de comunicación críticos y libres el Gobierno ha logrado manipular esa situación e implantar una matriz de opinión según la cual aquí todo esta maravilloso por la cantidad de patria que tenemos.

 

La política comunicacional del Gobierno ha sido la de un régimen tiránico y autoritario que no permite la crítica, que no permite la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, que impone sus ideas, sus noticias, su historia y su realidad sobre cualquier otra que se pueda proponer frente a la opinión pública. Siempre han querido moldear la forma de pensar de los venezolanos, la Resolución 058 en materia de educación es otro vivo ejemplo.

 

Probablemente el gobierno ha cerrado las ventanas de la libertad de expresión desde hace años porque sabía que iban a ser un problema para su proyecto político, impulsado e inspirado en el pensamiento comunista de Fidel Castro. Sabían que se iban a convertir en una dictadura totalitaria y que para eso no podían tener canales ni medios de comunicación opositores en el camino.

 

No cabe duda de que recuperar la libertad de expresión es una de las tareas más urgentes de la sociedad civil. Abrir las ventanas que fueron cerradas y muchas otras más, con pluralidad de ideas, opiniones e informaciones, es uno de los requisitos más urgentes para recuperar nuestra democracia.