Problemas comunes para un gobierno que…se viene

Por Nassin Castillo

 

Cada vez falta menos, y si bien todos los días parece acortarse e incluso invertirse la brecha entre los dos principales candidatos que hoy pelean por ejercer el cargo de la Presidencia de la República, la ventaja del candidato Capriles o el emparejamiento de las intenciones de voto deben ser tomadas con mucha precaución.

 

Sucede que, la competición política, el número de intereses creados, y la complejidad de nuestra situación económica, van a enmarañar el avance de un eventual gobierno de la alternativa al chavismo, se trata del empleo público (más de 3 millones hoy día). Si bien Capriles ha prometido que el trabajo será garantizado para quienes cumplan sus labores de forma eficiente, puede ser mejor entender que el eventual gobierno, con poco margen para maniobrar (y falta de voluntad de achicar el tamaño del gobierno y entregar funciones a la sociedad) va a tener muy difícil el despedir empleados públicos.

 

En este sentido, poco o nada se disminuirá en los 3 millones de empleados actuales. Ahora bien, debe resaltarse que hoy día, quienes trabajan en la campaña de la alternativa democrática con vocación profesional sean voluntarios o contratados, simpatizantes o equipos cerrados, van a aspirar a obtener mejoras salariales y de estatus laboral en razón de sus servicios prestados durante la campaña (incluso antes).

 

Hoy día es común la existencia de partidos nómina. Y donde el PSUV lidera, otros no se quedan atrás. Tanto así que es situación común apreciar oficinas públicas que parecen ser comandos de campaña permanentes de partidos, y donde el fundamental profesionalismo del empleado público, se ve remplazado o acompañado, por el clientelismo partidista. El contrato se firma en forma de pacto servicial, y no en base a las necesidades y el mejoramiento de los servicios públicos que, a fin de cuentas, son financiados directa o indirectamente por los venezolanos (la propiedad del petróleo y otros recursos por parte del Estado termina siendo una delegación, al menos en términos formales, de la riqueza supuestamente colectiva).

 

Es menester entender que toda esa población que hoy día trabaja sin remuneración o con una remuneración relativamente baja, no puede permanecer durante mucho tiempo así. Menos aun cuando el plan de gobierno de oposición contempla aumentar más la liquidez en Venezuela vía gasto público. Probablemente la inflación no sea contenida y el poder real de compra se siga depreciando.

 

Lo lógico será que, en vista del alto costo político-electoral que generarían despidos públicos, en especial de aquellos menos productivos y quienes precisamente se hallan ahí obteniendo una remuneración en base a lealtad partidista, el futuro gobierno de Capriles incremente de forma importante el número de trabajadores empleados públicos. Este aumento será producto de todos aquellos que por lealtad política pretendan obtener un espacio dentro del gobierno, es decir, una serie de beneficios laborales que no guardan relación alguna con la productividad laboral sino que se admiten como derechos irrenunciables.

 

Aunque muchas personas están guiadas por un sentimiento verdadero de ayuda y mejora para el país, rara vez son jueces adecuados de sus méritos y contribuciones. Para ello existen otros mecanismos, el juego de valoraciones expresado en precios que llamamos mercado es hasta ahora de los más eficientes. En este caso, dado que se trata de labores técnicas, y fruto del racionalismo en la política así como de la visión del saber técnico frente a la “doxa”, sería necesario que la entrada y permanencia dentro de la estructura del Estado respondiera, al menos, a criterios de capacidad técnica y eficiencia lo más cercanos a la imparcialidad posible. Pero esto no es lo que se apreciará en los años venideros, gane quien gane las elecciones, el “óptimo político” no lo permite.

 

Tendremos, pues, un sector público engordado, que producirá menos y que gastará más. Nada nuevo en el país, pero peligroso para una nación cargada de deudas que aun no sabe cómo se honrarán las obligaciones.

 

Sería interesante ver que se planteen iniciativas como en el estado de Georgia, Estados Unidos (reseñada por The Economist “Here’s how to do it” 28-06-2012), donde para aligerar el costo, hacer más eficiente al gobierno y flagelar menos al contribuyente se ha llevado a cabo un “outsourcing” con otras dependencias y, sorprendentemente, una alcaldía (pequeña, pero resaltante) posee un personal fijo de tan solo 7 personas.