MORATORIA Y PRETORIANISMO LEGISLATIVO PARA LA FRONTERA
Por Xavier Rodríguez Franco*
@xfranco22
Venezuela es hasta la fecha, el único país de la América del Sur desprovisto de un instrumento legal de carácter orgánico que regule la actividad socio-económica de su frontera. Situación saliente si consideramos que posee con Colombia, la segunda frontera más dinámica del hemisferio, después de la frontera de México con los Estados Unidos de América. Lo cual representa además, una violación de lo que la Constitución de 1999 impone en su artículo 15[1], así como el carácter de prioritario que tiene la frontera en cuanto a la defensa de la nación prevista en el artículo 327[2]. Situación ya denunciada recientemente por organizaciones civiles como Control Ciudadano.
Breves antecedentes
La Asamblea Nacional recibió el Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras (LOF) el 08 de julio de 2003, siendo aprobado en primera discusión poco más de un año después (27/07/2004) y manejado su proceso legislativo por la Comisión de Política Exterior [3]. Desde entonces han sido reiterados los diferimientos [4], cambios y un desconocimiento generalizado sobre su futuro legislativo. Con el comienzo de la actual legislatura (2011-2016) el Proyecto de la LOF vuelve a ser retomado por la Comisión ahora denominada de Política Exterior, Soberanía e Integración, bajo la dirección del fallecido diputado Carlos Escarrá, quien planteaba en su momento la necesidad de retomar este proceso legislativo en el marco de un “relanzamiento de unas relaciones armoniosas con Colombia”. Sin embargo, poco tiempo después la LOF vuelve a ser diferida por dos años más, sin mayores explicaciones.
En el primer período legislativo del 2013, el proyecto aparece nuevamente dentro de las prioridades legislativas, siendo inclusive planteadas como «claves» por el Presidente Nicolás Maduro, quien desde su posición como Canciller consideraría al instrumento legal como una herramienta diplomática propicia, para que las relaciones de Venezuela con los países fronterizos, especialmente con Colombia, se mantuvieran al menos en un tenor más estable de lo que se ha tenido a la fecha.
Sin embargo, el Proyecto de Ley desde mediados del año 2012, fue acogido por la Comisión de Defensa y Seguridad y por el grupo de diputados más cercanos al Presidente de la Asamblea Nacional diputado Diosdado Cabello. Lo cual a tenor de recientes declaraciones del diputado (y también militar retirado) William Fariñas Presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, deja ver la disolución del carácter diplomático que tenía la LOF, y el fortalecimiento de una tendencia más militar de “defensa de la patria” y especialmente reactiva con la dinámica socio-comercial con Colombia. Siendo vista la «hermana República» más como protagonista de una hipótesis de conflicto, que como un socio comercial necesario en la hora aciaga que atraviesa la productividad nacional. A la fecha se desconocen los nuevos informes que discute la Comisión sobre la LOF, lo cual acentúa el clima de especulación e incertidumbre sobre este ámbito tan socialmente sensible.
¿A quiénes afecta la LOF?
Es necesario hacer notar que el rango de aplicación de esta ley va dirigido al 70% del territorio venezolano, al 36% de la
población y político-administrativamente a 10 Gobernaciones y poco más de un centenar de alcaldías. De modo que su relevancia no admite discusiones y más aún el cabal conocimiento de este instrumento legal, sus implicaciones y su importancia para la vida económica, social y política de Venezuela y sus vecinos fronterizos para los próximos años.
Por los momentos, solo tenemos de forma declarativa la confirmación de que la segunda discusión de la LOF está prevista para este segundo período de sesiones del 2013 que ya comenzó el pasado martes 17 de septiembre.
Esperamos que el proceso legislativo de este instrumento legal tan importante sea plural e incluya principalmente las inquietudes de todos los sectores sociales y agentes económicos que viven en estos territorios, y que no sea la pertinaz mentalidad conspirativa la que se imponga sobre las necesidades de los ciudadanos una vez más.
(*)Politólogo y director de Entorno Parlamentario.
Notas
[1] “El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una Ley Orgánica de Fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad”
[2] “La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial.”
[3] Consulte aquí el informe y proyecto original del 2004: http://www.resdal.org/parlamento-y-defensa/venezuela-ley-frontera.pdf
