La CIDH solicita medidas cautelares al Gobierno de Venezuela

Por Elismar Plata

@Elismar_plata

 

 

 

 

El poder se ha salido de las manos de todos aquellos agentes del Estado que apuntan sus armas contra el pueblo que de manera cívica, manifiesta su descontento por la situación caótica que vive nuestro país. A raíz de las protestas del año 2014 e inicios de 2015, hemos visto como miles de personas llegaron heridas en búsqueda de atención médica a los hospitales y como un número considerable de estudiantes dejaron un rastro de sangre en el pavimento junto con sus vidas. Es así como vemos que esta fuerte represión, para disipar las manifestaciones está alarmando y generando preocupación a los organismos internacionales.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el día 3 de marzo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a tomar medidas para “evitar el uso excesivo de la fuerza” por parte de los agentes públicos a la hora de controlar manifestaciones; esto fue consecuencia de la muerte ocasionada por parte de fuerzas de seguridad del Estado, del joven de 14 años Kluivert Roa en una protesta el 24 de febrero en el Estado Táchira. Entre lo dicho en la reunión, la CIDH indicó: “La Comisión Interamericana urge al Estado (de Venezuela) a adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta, obligación que debe ser tenida particularmente en cuenta cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”. Todos sabemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela defiende estos derechos; es alarmante que el gobierno ignore esas leyes impulsadas por Hugo Chávez, a tal extremo de que organismos internacionales alcen su voz ante estas faltas.

 

El ex mandatario colombiano Andrés Pastrana solicitó a la CIDH medidas cautelares para los dirigentes opositores venezolanos Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. La petición de Pastrana coincide con el otorgamiento por parte de la CIDH de medidas cautelares a favor de dos estudiantes, Lorent Gómez Saleh y Gerardo Carrero, presos en un sótano conocido como “la tumba” en el Sebin de Caracas, Plaza Venezuela; por considerar que están en riesgo “sus derechos a la vida, salud e integridad personal”. Saleh fue imputado en 2010 en Venezuela junto al también estudiante opositor Gabriel Valles por presuntos delitos de instigación e intimidación al orden público, incertidumbre pública y divulgación de información falsa.

 

«La Comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Lorent Saleh y Gerardo Carrero, proporcionando la atención médica adecuada de acuerdo a las condiciones de sus patologías», señaló el organismo en un comunicado. Allí, son sometidos a un «aislamiento prolongado sin contacto con otras personas, en un espacio confinado de 2×3 metros, con cámaras de vídeo y micrófonos en cada una de sus celdas, sin acceso a la luz del sol o al aire libre», indicó el documento oficial.

 

La CIDH pidió al Gobierno venezolano que, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de emisión de la presente resolución, informe sobre la adopción de las medidas cautelares.

 

Muchos nos preguntamos, ¿en dónde está el valor a la vida? ¿Qué tan inhumano puede llegar a ser una persona, que ve la desesperación y llanto de su pueblo y aún así actúa en contra de él? Venezuela pasa por momentos difíciles tanto en ámbitos políticos y económicos como en el ámbito social. La vida comienza a verse como un juego en donde las torturas y faltas a los derechos humanos abundan. Pero, así como los organismos internacionales se están dando cuenta de las atrocidades que imponen los mandatarios del Estado, hay esperanzas de que el pueblo venezolano a favor del oficialismo, que está viviendo en carne y hueso las consecuencias de esta situación crítica, comience a entender que este gobierno que no pudo cumplir sus expectativas, y tal vez pronto, lograremos salir de esto de manera democrática y sin violencia, como lo dicta nuestra Constitución.

 

 

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