Cuando la excepción es regla

Por Tulio Álvarez

@tulioalvarez

 

 

 

Si algo puede considerarse una ofensa al pueblo venezolano es la manipulación y burla implícita en el famoso “Decreto de Emergencia Económica”, presentado por este régimen destructor en el peor momento imaginable. Me refiero a la oportunidad de la presentación de la Memoria y Cuenta, responsabilidad constitucional del Presidente de La República. Imagino que ese mamotreto que pretende ser un acto jurídico, es el resumen de su gestión: Desorden, destrucción, desmontaje económico.

 

¿A qué obedece apreciación tan radical? Muy simple, el gesto ejecutivo transmite que la crisis se originó después del 1° de enero de 2016. ¿De dónde saco tal conclusión? Del elemental hecho de que la Asamblea Nacional, sometida hasta el 5 de enero del presente año, dictó sucesivas leyes habilitantes que por la forma vaga y general de la habilitación delegaron la posibilidad de dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, con carácter permanente, en forma amplísima. Y la última de esas leyes venció el 31 de diciembre de 2015.

 

En pocas palabras, la omisión cometida reflejaría el absurdo de que no había crisis económica que afrontar después de una agresiva campaña que justificaba el fracaso en una terrible guerra económica de enemigos agazapados en las sombras de una maquiavélica conspiración interna, externa y sideral. Lo insólito es que la motivación y argumentos contenidos en la Ley Habilitante son los mismos que usan dos años después con el Decreto de Emergencia Económica.

 

La verdad sea dicha, la declaratoria de Estado de Excepción persigue desviar la atención de la crisis que invoca, provocando un enfrentamiento en los terrenos escabrosos de la manipulación comunicacional, al tiempo que coloca a los factores democráticos en el falso dilema de ser responsable de la crisis, si lo rechaza; o ser corresponsable de ella, si lo aprueba. Y digo que el dilema es falso porque la democracia no puede seguir siendo acorralada por sus enemigos, utilizando el fraude constitucional como recientemente lo ejecutó la Sala Electoral al usurpar la función del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar a los diputados y la de la Asamblea Nacional de calificar a sus miembros.

 

Una Emergencia Económica es una de las categorías de los Estados de Excepción  y como se infiere del término, se origina en situaciones extraordinarias que derivan de “circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico” que requieren acciones inmediatas ya que, de lo contrario, afectarían gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos”. De manera que, dada la urgencia y el peligro, el Ejecutivo declara la necesidad y ejecuta su decisión, bajo la premisa de que resultarían “insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos”.

 

Un Estado de Excepción no se consulta por cuanto es potestad del Presidente de la República en Consejo de Ministros evaluar la situación planteada. Un Estado de Excepción se controla en forma política por parte de la Asamblea Nacional o en forma Jurídica por la Sala Constitucional. Someter las medidas de emergencia a la consideración de la Asamblea Nacional, en forma previa, implica desnaturalizar su esencia y restar su eficiencia. Resultaría risible, si esta manipulación no estuviera desangrando a la Patria, el hecho de que un régimen que no respeta ninguna opinión hiciera un paréntesis en su autoritarismo para consultar, precisamente, lo que no debe ser consultado.

 

De manera que los Factores Democráticos de la Asamblea Nacional no deben caer en la trampa de un pronunciamiento. Debe, sí, develar la estrategia criminal, exigir las cifras e informes de la situación y asumir las reformas legislativas, los controles imprescindibles y el desmontaje de la camisa de fuerza que intencionalmente le han impuesto a la economía. Máxime ahora que el viejo Aristóbulo anunció tremendo recule y que el deseo de ellos es que todo quede en secreto.