El enredo del empréstito
En Marzo de 1896, el General Crespo solicita al Congreso Nacional la autorización para contratar un empréstito destinado a solventar la incapacidad fiscal de su gobierno y poder pagar las obligaciones contraídas con las empresas europeas que construyen y operan el Gran Ferrocarril Bolívar de Venezuela.
Don Joaquín explica a diputados y senadores que la obra del Gran Ferrocarril aprobada en tiempos de Guzmán Blanco ha sido realizada sin previo estudio de las verdaderas necesidades del país y generado más problemas económicos que beneficios a Venezuela. Que la única manera de palear esta crisis es solicitar un préstamo de cincuenta millones de bolívares a una de las pocas instituciones financieras del extranjero que aún se encuentra dispuesta a prestarle a la desprestigiada república tropical, el banco alemán “Berliner Disconto Gessellschaft”.
Sugiere el llanero que esta cifra no solo alcanzaría para saldar las deudas contraídas por las obras del Gran Ferrocarril Bolívar de Venezuela y sus intereses, sino que también podría sobrar dinero para la construcción de nuevas obras. Su discurso finaliza al son del aplauso y el Legislativo, sin mucha deliberación, autoriza al Presidente a proceder con el empréstito y se nombra al Dr. Claudio Bruzual Serra, Ministro de Obras Públicas, como comisionado especial para las negociaciones.
El asunto del viaje de Bruzual Serra a Europa y el préstamo del “Berliner Disconto Gessellschaft” no tarda en colmar las páginas de la prensa nacional con denuncias de actos de corrupción y hechos ilícitos cometidos por el representante venezolano al momento del contrato.
En su columna editorial de “La República”, el periodista Pedro Vicente Mijares critica la negociación entre el gobierno y el banco alemán acusando al Ministro de no haber incluido la cláusula a la cual se refiere el artículo 149 de la constitución nacional: “En todo contrato de interés público se establecerá que las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre su inteligencia y ejecución, serán decididas por tribunales venezolanos y conforme a las leyes de la República, sin que puedan tales contratos ser, en ningún caso, motivo de reclamaciones”.
Alega Mijares que semejante acto no puede explicarse por omisión de Bruzual Serra, no con su fama de ser uno de los más exitosos abogados de la República y poseer tan inmensa y distinguida cartera de clientes. Le resulta imposible concebir que un hombre de leyes de su experiencia se haya olvidado de esta disposición constitucional al sentarse en las lujosas oficinas del “Berliner Disconto Gessellschaft”, a menos que fuera condición no negociable para los alemanes o el Doctor aceptase un soborno para que esta no apareciera en el documento.
Simón Barceló escribe en “El Resumen” que tal contrato no puede ser considerado como empréstito ni pago de una deuda, sino como un compromiso con los alemanes que mañana podría ensangrentar a Venezuela o exponerla a vejámenes por parte de las potencias europeas. Además las condiciones del financiamiento son más castigo que socorro en horas de crisis para la economía nacional.
El Ministro cae en desgracia cuando se revela al público que será el banco el que tendrá la potestad de distribuir los cincuenta millones y no el gobierno de Venezuela. Un soborno parece ser la única explicación posible para que un abogado de su fama y sapiencia haya pasado por alto el orden constitucional y firmado un contrato tan desfavorable en nombre de su representada.
Resulta Bruzual Serra, en octubre de aquel año, demandado por un particular ante la Alta Corte Federal. La acción jurídica se fundamenta en la infracción del orden constitucional y malversación de fondos. Entonces, la mañana del 21 de noviembre, el tribunal dicta un auto en el cual justifica que existe mérito suficiente para someter a juicio al funcionario acusado y lo declara suspendido del cargo.
Aquella misma tarde decide Joaquín Crespo invitar a los jueces de la Alta Corte Federal a una cena en la villa “Santa Inés” de Caño Amarillo, su hogar y Palacio Presidencial. Allí se encuentran los magistrados con que el único plato de degustación es el amargo bocadillo de la displicencia del guariqueño, quien les comunica que el Ministro únicamente cumplía con sus instrucciones y les muestra un despliegue de su poderío militar en cada esquina de la residencia. La cena tan solo es una excusa para servir en la mesa de “Santa Inés” un mensaje de guerra al Poder Judicial.
Los jueces deciden no esperar el postre en casa del General Joaquín Crespo e inmediatamente se dirigen al despacho para reunirse en sesión permanente. Antes que el reloj marque la medianoche, publican un segundo auto que contradice al primero y en el cual se declara sobreseída la causa contra el Ministro Claudio Bruzual Serra.
Esta decisión demuestra que la Alta Corte Federal no es más que un aparato vulgar, un órgano sometido a la voluntad del caudillo y que no parece tener otro fin que brindar buenos sueldos a aquellos que le lamen las botas.
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