Feliciano Reyna: “Gobierno venezolano no muestra voluntad clara para solucionar situación de derechos humanos”
Iris Varela presidió la delegación nacional en la Asamblea de Naciones Unidas
Emprender acciones para garantizar el acceso a alimentos, medicinas e información, constituyeron la mayoría de las 274 peticiones que elevaron los países miembros del consejo de Naciones Unidas al Estado Venezolano, durante la presentación de su segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Este jueves 16 de marzo concluyó el plazo para pronunciarse ante la ONU. Venezuela aceptó 193 propuestas, las 81 restantes están en tela de juicio, y 53 de esas fuera de toda discusión.
En cuanto a la libertad de expresión, (tema controversial durante todo el EPU), sobre el que se recibieron unas 54 sugerencias, el gobierno venezolano, solo acepto 22.
La sesión duro 1 hora y cada nación tuvo dos minutos para ejercer su derecho de palabra
En representación del Estado Venezolano, la ministra de asuntos penitenciarios Iris Varela, manifestó que nos hemos erigido como una nación pionera en el abordaje de los Derechos Humanos: “Venezuela ha aceptado la gran mayoría de las recomendaciones, y ha cumplido un 70%, de ellas, acto seguido, aseguró que las libertades de asociación, expresión y protesta pacífica, se ejercen libremente, sin más limitaciones que las establecidas en la constitución.
Varela asumió una postura tajante: “algunas recomendaciones sobre el ámbito de salud, alimentación y supuestas persecuciones políticas fueron formuladas sin ningún ánimo constructivo, el gobierno, las rechazó por su naturaleza sesgada, hay en ellas un claro trasfondo político que contradice, el ejercicio de este Examen Periódico Universal”, expresó.
La representante de Venezuela, una vez más señaló la especulación y el contrabando de extracción, como las principales razones que impiden garantizar el derecho a la salud y alimentación. Del mismo modo, subrayó los 24 compromisos voluntarios asumidos por el Gobierno y contó como logros de la actual gestión; el despliegue completo de un nuevo régimen penitenciario y la capacitación de los cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos.
La versión de la sociedad civil
Feliciano Reyna, habló en nombre de Civicus y otras 170 organizaciones civiles: “periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de los derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización, y las personas detenidas, son sometidas a torturas y tratos crueles. Debe cesar el uso del Servicio Venezolano de inteligencia como un sistema de justicia paralelo, y el uso de la justicia militar para procesar civiles”, añadió.
Con carácter de urgencia, el vocero de Civicus, llamó la atención del alto comisionado sobre las siguientes situaciones:
- 82% de la población vive en pobreza
- 1 de cada 10 niños en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global aguda en Diciembre de 2016
- 65% de hospitales públicos han reducido su servicio por desabastecimiento,
- 40 mil pacientes pasan meses sin acceder a tratamiento para tratar el VIH y los laboratorios no cuentan con reactivos para pruebas de control
Tras presentar estas cifras, Reyna recalcó que es un deber del Gobierno Venezolano aceptar la ayuda internacional.
A Juicio del defensor de Derechos Humanos, la situación de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, se encuentra en un rumbo similar al que transitaba hace 4 meses, cuando se enfrentó a la sesión del 1ero de noviembre: “El Gobierno aparece hoy en tomando notas de algunas preocupaciones que se pusieron en relieve, pero no vemos la voluntad clara de poner en marcha políticas públicas, diálogos o consensos para solucionar problemas de fondo”, sentenció.
Reyna se mostró en desacuerdo con las declaraciones emitidas por la ministra de asuntos penitenciarios, Iris Valera, jefa de la delegación venezolana: “Resulta alarmante que se refiera al tema de lo humanitario como una campaña de manipulación internacional, cuando día a día vemos cuando está sufriendo la población venezolana por falta de alimentos y acceso a la salud”.
El activista reconoció la importancia de mecanismos como el Examen Periódico Universal, que permiten a las organizaciones civiles, abrir los canales para seguir trabajado por el bienestar de la gente. En ese sentido, cuestionó la negativa del sector oficial de abrir las puertas a los relatores de las naciones Unidas, que no visitan al país desde 1996:
“Uno escucha que hay plena vigencia, y que Venezuela es pionera en la manera como lleva sus programas de derechos humanos, entonces no habría ninguna razón para no terminar de abrir la puerta. De 6 procesos pendientes debemos tener 12 solicitudes, casi que cada uno ha pedido la visita dos veces, la última fue en referencia a la alimentación en 2013, y no sucedió, puntualizó».
