¿De quién es la culpa?

Existen dos formas de violar derechos humanos: por acción directa de quien ejecuta el agravio; y por omisión, es decir, cuando siendo consciente de que la acción de un tercero cercena los derechos de una o más personas, no se actúa denunciando, investigando, corrigiendo o neutralizando al agresor.

La normativa internacional no distingue entre los tipos de penalización diferenciados para el agresor y el omisor, por cuanto, es tan responsable quien ejecuta y quien siendo co-partícipe, testigo o simplemente aquel que estando en cuenta de una acción que vulnere los derechos humanos, no actúa.

Esto parece ser obviado a menudo; la razón, es una vieja concepción del derecho internacional, que sitúa las violaciones a derechos humanos como responsabilidad exclusiva de los estados; algo que la jurisprudencia ha superado con el paso de los años. Actualmente el estado, las instituciones, las empresas privadas y el individuo, son sensibles a cometer actos de naturaleza punitiva en materia de derechos humanos, y pueden ser llevados a tribunales internacionales, para ser juzgados por sus actos (Corte Penal Internacional en el caso de los individuos y entes privados, y Corte Internacional de Justicia en el caso de las instituciones del estado).

Lo anterior llama poderosamente la atención en el caso venezolano. A la vista de lo expuesto en líneas anteriores, es tan responsable aquel que ostentando cualquier cargo público ejerza algún acto que lesione los derechos humanos, como aquel, que siendo funcionario público y esté en cuenta de lo sucedido, no ejerza ningún tipo de oposición sobre ese delito. Pero, además, es responsable quien estando en la acera de enfrente, no cumpla también con su responsabilidad política, moral, ciudadana y, en definitiva, humana, de hacerle frente decididamente a aquella situación.

Se omiten violaciones múltiples a los derechos humanos, cuando frente a la violencia y a los centenares de asesinatos que semanalmente tienen lugar en Venezuela – algo que indudablemente se ha consolidado como una política de estado – no se hace nada. Se omiten también despidos masivos contra venezolanos, por su forma de pensar. Se omiten las torturas y más de un centenar de encarcelaciones por motivos políticos que tienen lugar en este momento en Venezuela; y también, las condiciones de vida de esos y de los demás privados de libertad.

Se omiten las actuaciones para-policiales de los cuerpos de seguridad del estado; los impedimentos a la información y las violaciones a la libertad de prensa.

Se omiten derechos como la educación y la salud. Se omite el hecho de que buena parte de la población hoy se alimenta de la basura y de las migajas de comida de pésima calidad que escasamente proporciona el gobierno. Se obvian las cifras de desnutrición y muertes a causa de enfermedades a las que la ciencia médica ha encontrado cura, y que, en Venezuela, por efectos de la escasez, son motivo de muertes.

Se cae un poco en la parábola del niño llorón: ¿de quién es la culpa en este caso?

Ojalá una buena parte de la oposición política en Venezuela entienda, que su rol no es exclusivamente la denuncia. Contrario a lo que pudo pensarse luego de un resultado electoral como el del 6 de diciembre de 2015, el país se está perdiendo, y eso ya no sólo es culpa de la dictadura del Siglo XXI; es también culpa de una oposición que utiliza como discurso el «ya falta poco», cuando la realidad es que falta mucho por reconstruir un país que está francamente en ruinas.