¿Podrá renacer la república?

La república civil ha muerto. El socialismo del siglo XXI se ha convertido en un entramado de intereses que se entretejen hasta lograr asfixiar cualquier intento de libertad y derecho. Los efectos están a la vista en la represión, la primacía del socialismo policial, el racionamiento y la debacle de la dignidad humana usada como palanca para lograr la servidumbre de la nación. Pasamos a ser una ficción en la que todavía alucinan los resquicios de una oposición que prefirió ser contraparte estable y no ruptura definitiva.

Sin embargo, el colapso sigue su curso y no hay alternativa a la debacle del régimen. Se hundirá y en su síncope arrastrará consigo la orquestación colaboracionista, la complicidad de los mandos militares, los negociados que arruinaron al país y la fábula del bienestar socialista. Todos ellos formarán parte de un repudio inconsciente, de un esfuerzo para que nunca más caigamos en la felonía caudillesca que, por quedarse en el poder para siempre, es incluso capaz de entregar soberanía y recursos a otro país.

Algún día toda esta tragedia pasará y tocará a los supervivientes responder interrogantes y actuar en consecuencia. La primera de ellas no es retórica ni meramente legalista. Superado el socialismo ¿podemos restaurar la república invocando la misma constitución que la abrogó, o necesitamos una nueva constituyente? ¿Y si regresamos a la constitución de 1961? Ninguna de ellas nos saca del yugo de un estado fuerte, propietario indebido de los recursos del país, oferente de un conjunto de derechos que no se pueden cumplir, excesivamente centralista, negador de la aspiración federalista y excesivamente presidencialista. Esas constituciones restringen el libre mercado, recelan de los derechos de propiedad, delimitan el emprendimiento y colocan al gobernante en la posición de ser mejor que el resto de los venezolanos. Ellas pretenden un país rico cuando es lo contrario, y asumen como proyecto a seguir el capitalismo de estado, error de fatal arrogancia, que ahora nos tiene al borde de la quiebra, si no es que más allá de ella. Necesitamos una constitución nueva, en la que se pacten límites al gobierno, se replantee el rol de las FFAA, se garantice estabilidad económica y donde el populismo no sea la ideología oficial.

Y en la transición deseable, ¿cuál es la legalidad que se puede invocar? Se recibirá un país arruinado, violentado, devastado en los servicios públicos, sin instituciones confiables, y tomado por grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo se puede garantizar la gobernabilidad de un régimen de transición? ¿Cómo se puede decidir con rapidez, eficacia y respetando los derechos de las gentes? Esto solo será viable con un gobierno de unidad nacional que permita presuponer los acuerdos necesarios para sacar al país del foso. No es un pacto para repartirse el poder sino para sacar adelante un proyecto de país estable y capaz de progresar. Probablemente haya que actuar en el marco de la sensatez para pasar del desgobierno a un gobierno que quiera y pueda resolver problemas hasta llegar a un mínimo aceptable: Seguridad creciente, estabilidad económica progresiva, y restablecimiento del estado de derecho.  Hay que refundar el poder judicial, reconocer la autonomía del parlamento, derogar la legislación de la tiranía, y reactivar la economía privada mediante el establecimiento del libre mercado y el reconocimiento de los derechos de propiedad.  Que no se nos olvide señalar el deber moral de decretar una amplia amnistía que libere a todos los presos políticos, los civiles y los militares, los que son de nuestro gusto y los que no lo son. No podemos transformar esa promesa en una nueva parodia.

Hay que decirlo. Se recibirá una tragedia humanitaria en lugar de un país con posibilidades. Habrá que atender la urgencia y sentar las bases de una recuperación estable. Solo una economía de mercado permitirá reencontrarnos con el sendero que lleva al progreso. Empresas, producción y empleos son el triángulo dorado de la prosperidad. Y mientras más rápido se decida, más rápida será la recuperación.

En muchos aspectos habrá que comenzar de cero. El daño institucional es mayor. El abandono de la función de gobierno y su sustitución por el diletantismo ideológico y la lógica mafiosa hacen que muchas entidades luzcan inservibles. Ese va a ser el desafío a la hora de restablecer el orden público, porque los cuerpos policiales tendrán que ser revaluados integralmente. El indicador de éxito será la derrota de la impunidad y el abandono de la política de raseros múltiples aplicado por la revolución. No se puede obviar el esfuerzo pedagógico para evitar que haya un retroceso fatal. Tiene que instrumentarse una “comisión de la verdad” y mecanismos de justicia transicional que acompañen el esfuerzo de rescatar la decencia y la probidad. Ojalá que la pedagogía política intentada permita determinar quiénes son los enemigos de Venezuela, de su libertad, democracia, independencia, soberanía, dignidad y justicia, para denunciarlos y apartarlos definitivamente. El continente tiene mucho que aprender con nuestra experiencia.

Una fiscalía independiente, nombrada a título temporal, deberá garantizar el debido proceso y la vigencia de los derechos humanos. La firmeza en el combate a la delincuencia no puede llevarse por delante el derecho a la vida y la preeminencia de la justicia. Este tipo de designaciones implica nuevos aprendizajes institucionales. No se trata de intentar negociar cuotas partidistas. Se trata de intentar consensos sobre personas cuyo mandato sea provisto de independencia y autonomía institucional.

Otro proyecto urgente es “la descubanización” de las FFAA y los sistemas de registro público e identidad. Terminada la fatal intervención castro-comunista las instituciones deberán volver a su espacio natural de servicio público. El militarismo empresarial tiene que concluir. El control de información sensible por parte de los cubanos tiene que eliminarse. Y probablemente se deba hacer otro registro de identidad, para superar la malversación de cédulas y pasaportes.

Respecto al capitalismo de estado hay que ser realistas. ¿Podemos financiar un gobierno que tiene más de quinientas empresas quebradas y más de 2,7 millones de empleados públicos? Este socialismo acabó con esa ilusión. La nacionalización de activos productivos que comenzó hace cuarenta años terminó en esta ruina que ahora experimentamos. PDVSA es la mejor representación de lo que nunca más debe ocurrir.

Hay que intentar rescatar los recursos saqueados. Esa tarea debe comenzarse de inmediato y no cesar hasta que tengan perfectamente mapeados donde están y quien los tiene indebidamente. Esos recursos son necesarios para reconstruir la infraestructura del país y recomponer la economía. Identificar a los saqueadores, neutralizarlos y llevarlos a juicio tiene que convertirse en parte del esfuerzo de restaurar la soberanía nacional. Pero no podremos hacerlo solos. Necesitamos cooperación internacional para que se haga justicia y también para evitar que esta tragedia se repita.

Rescatar a Venezuela va a requerir de un gran apoyo continental. Nuestro país ha sido entregado de facto a intereses geopolíticos que nada tienen que ver con la democracia y la libertad. Sacarnos del trance exige, por lo tanto, de un esfuerzo sostenido para librar a américa latina de los peligros del terrorismo, la delincuencia organizada en mafias, la penetración del comunismo en alianza con los integrismos, y por supuesto, la guerrilla transformada en negocio trasnacional.

Son muchos los desafíos de la primera etapa. Todos parecen urgentes. Todos forman parte de un acertijo que si no se resuelve apropiadamente va a terminar por condenarnos a ser un crónico país fallido. Por eso es tan importante tener las metas claras y a la mano los acuerdos mínimos para darle viabilidad a nuestro futuro. La transición será menos turbulenta si nos hemos paseado por el desafío de recomponer un país cuando ha sido arruinado, violentado, saqueado y tomado por fuerzas e intereses hostiles. Y cuando las instituciones esenciales han traicionado a la patria. Por eso es por lo que solo tiene sentido una unidad de propósitos, que piense en términos del fin que aspiramos y los medios para conseguirla.

Por último, debemos preocuparnos por la estabilidad. “Soy Venezuela” ha propuesto su proyecto “Venezuela tierra de gracia” en la que visualiza un país donde rigen diez consensos esenciales. Todos ellos van en la dirección de deponer la tradición de los gobiernos que dicen ser fuertes pero que son pasto de los personalismos y el faccionalismo que al final trae como consecuencia una nueva temporada de inestabilidad. Hay que apostar a las instituciones, la vigencia del derecho, y, sobre todo, aprender a vivir con gobiernos limitados pero eficaces, no patrimonialistas, y por eso mismo, inhabilitados para aplastar nuestra libertad. El gobierno no puede seguir siendo visto como un botín, sino como una oportunidad para proveer de libertades y prosperidad a los venezolanos. La no reelección es por eso, el principio de cualquier cambio institucional que nos propongamos.

¿Podrá renacer la república? Sin duda, pero solos no podemos. En su momento requeriremos de todo el apoyo posible para refundarla. Y de toda la coherencia y determinación que podamos aportar. Lo demás vendrá por añadidura.