¡Adiós Derecho Electoral!

Desde la época de la independencia venezolana la lucha por obtener un eficiente derecho electoral ha sido la constante en el país. En esa etapa de la historia venezolana la batalla se gestaba por tener la posibilidad de votar libremente para designar representantes del pueblo que creasen una Constitución republicana que nos otorgase la anhelada libertad y soberanía del entonces imperio español.

Esa lucha surtió sus frutos sancionándose la primigenia Constitución de 1811. Poco tiempo duró en vigencia por la caída de la primera república, sin embargo, la ambición seguía siendo la misma, poder elegir libremente los destinos de la nación.

Años después de consolidada la independencia venezolana, la lucha cambio de frente. Las mujeres buscaban férreamente tener derecho al voto, obteniéndolo en los comicios electorales del año 1946, es decir, tuvieron que transcurrir muchos años después de lograda la independencia nacional para que el género femenino lograse ganar esa importante victoria que enriquecía gratamente al derecho electoral.

Esa batalla ganada por los patriotas en la guerra de independencia y posteriormente por las mujeres venezolanas con relación al derecho al voto, se desvaneció durante la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez. Varios años estuvo la nación sin poder elegir libremente a sus representantes en el poder. La disidencia política era perseguida y torturada por la Seguridad Nacional, eran tiempos oscuros para el derecho electoral.

Durante ese periodo, en materia electoral no hubo libertad de elección que es uno de los principios fundamentales que sustentan al derecho electoral, situación que quedó plenamente demostrada con la realización del plebiscito de 1957, donde según el órgano electoral perejimenista ganó el Sí a la continuidad del mandato del General con un 86,7% de aprobación, cuando esa institución jurídica ni siquiera estaba contemplada en la Constitución de 1953.

Luego de la caída de Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1961 el Congreso de la República aprobó la Constitución Nacional de 1961, donde se estatuyó el derecho al voto de todos los venezolanos mayores de 18 años no sujetos a interdicción civil ni inhabilitación política.

El evidente avance del derecho electoral en Venezuela perduro durante los llamados 40 años de la cuarta república. La Constitución del año 1999 vino a dar un giro positivo al derecho electoral, estableciendo las características del derecho al voto como universal, directo y secreto, así como la categorización de ese derecho dentro del amplio catálogo que conforman los derechos humanos.

A pesar de esos avances constitucionales el órgano rector en materia electoral nunca fue elegido en base a las disposiciones estatuidas en la carta fundamental, siempre hubo una intervención del Poder Judicial declarando la omisión legislativa de la Asamblea Nacional y en consecuencia designando a los rectores del ente comicial, situación que se repitió en 2020.

La intervención del Poder Judicial en las competencias del Legislativo era tan sólo el inicio de los síntomas que llevarían a la liquidación definitiva del derecho electoral venezolano. La situación empeoró con la sanción de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que otorga una amplia discrecionalidad al Consejo Nacional Electoral, y en base a esa facultad exorbitante e inconstitucional inicio una serie de modificaciones al sistema electoral que en definitiva atentarían contra la denominada representación proporcional.

A pesar de todos esos hechos jurídicos y fácticos que lograban una evidente desconfianza dentro del electorado en el órgano rector y el sistema electoral, la oposición venezolana decidió acudir unida a los comicios parlamentarios del 2015, ganando una mayoría que le permitiría revertir muchas situaciones generadas por años de socialismo en el poder.

La victoria opositora causó que puertas adentro el gobierno nacional decidiese no acudir más a un evento electoral libre y con garantías suficientes en donde pudiesen perder las prebendas que otorga el poder. La Asamblea Nacional del 2015 no pudo ejercer sus funciones constitucionales, motivado a la creación de la tesis del desacato judicial enarbolada por la Sala Electoral y secundada por la Constitucional.

En el año 2017, luego de 4 meses de intensas protestas en el país que dejaron un lamentable saldo de más de 130 ciudadanos venezolanos fallecidos a manos de los órganos de seguridad del estado, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que en definitiva no cumplió su fin principal sancionar una nueva Constitución nacional, constituyendo esa acción en un evidente fraude constitucional.

En el año 2018, la ANC convocó a elecciones presidenciales las cuales fueron cuestionadas inmediatamente por la comunidad internacional por no cumplir con los estándares internacionales electorales.

El inicio de la liquidación definitiva del derecho electoral en Venezuela se dio con la designación de los rectores del CNE, donde el TSJ fungió como juez y parte al designar a la creadora de la tesis del desacato como Presidenta del ente comicial y a la ex Procuradora General de la República y ex Presidenta del mismo TSJ como una de sus rectoras, continuo con la intervención de los partidos políticos de oposición secuestrando sus tarjetas electorales, entregándoselas a personas que se prestarían a acudir a un proceso parlamentario a la medida de las necesidades del gobierno nacional.

El adiós al derecho electoral se materializó el 6 de diciembre de 2020 con la elección parlamentaria, luego de eso la recuperación de la confianza del electorado venezolano en el sistema electoral será una situación prioritaria de la oposición, sin embargo, antes de transitar por ese difícil camino deben ser modificadas las normas electorales eliminando la excesiva discrecionalidad del órgano electoral y estableciendo garantías que deben ser cumplidas durante todos los procesos electorales venideros, mientras eso no ocurra el adiós al derecho electoral será definitivo en Venezuela.