Ruinas Universitarias

La educación universitaria en Venezuela está en terapia intensiva. La anterior aseveración parece una exageración, pero no lo es, es una triste y lamentable realidad que están viviendo las universidades venezolanas y que estamos padeciendo los que estamos vinculados con el sistema universitario.

La infraestructura de las universidades están literalmente por el suelo, basta con recordar que el año pasado el techo de uno de los pasillos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se desplomó. Esa situación de falta de mantenimiento de las instalaciones es producto del escaso o inexistente presupuesto que desde el gobierno nacional le asignan a las universidades autónomas, lo que hace que su infraestructura no pueda ser reparada como es debido, teniendo como consecuencia que la UCV, declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 2001, pierda el brillo que en otros tiempos ostentaba.

Esa ausencia de presupuesto hace imposible el pago de salarios justos para los docentes y personal que labora en las universidades públicas. La lucha por salarios acordes por el compromiso y responsabilidad que acarrea el impartir cátedras en las universidades públicas y privadas es un tema de nunca acabar en Venezuela. 

Aunado a lo anterior, las universidades públicas han sufrido y padecido lo que significa la escalada de violencia y la inseguridad reinante en el país. La Universidad del Zulia (LUZ), ha sido una de las más afectadas por ese cáncer social. En 2020 fueron reportadas dos situaciones de robo dentro de esa casa de estudio. A principio del 2021, también fue denunciado un robo dentro de sus instalaciones, con el agravante en ese caso que los antisociales lanzaron a uno de los vigilantes que pretendía oponerse al robo desde un segundo piso causándole lesiones físicas.

La Universidad de Oriente (UDO), fue víctima de uno de los peores actos que pueda ejecutarse en contra de la educación, la quema de libros. En el mes de mayo de 2020, la biblioteca de esa casa de estudios ardió en llamas durante 6 largas y agonizantes horas, dejando miles de libros y material de investigación calcinados. Un hecho similar ocurrió en la ciudad de Barquisimeto durante el convulso año 2014, con la quema por parte de colectivos afectos al gobierno nacional de la sede de la Universidad Fermín Toro (UFT). En ese entonces, los victimarios actuaron como si estuviesen en la Alemania Nazi incendiando libros, trabajos de grado, investigaciones científicas y académicas que aportan un invaluable conocimiento a la comunidad universitaria.

Como corolario, la sede del Ministerio de Educación también fue quemada, el gobierno anuncio investigaciones en el caso, pero antes de emitir esa información personeros gubernamentales denunciaron que el hecho fue producto de un “sabotaje” como si eso fuese parte de un guion pre diseñado. Esperamos que esas investigaciones den resultados y lleven a que los verdaderos responsables sean puestos a la orden de la justicia.

La organización no gubernamental Aula Abierta, ha registrado solamente en el año 2020, un total de 175 hechos delictuales dentro de las universidades venezolanas, que van desde hurtos, robos, desmantelamiento de instalaciones, quema de sedes y agresiones al personal que labora en las instituciones afectadas, situaciones que en definitiva van en desmedro de la educación universitaria nacional.

Estos hechos tan sólo son el abreboca de las miles de situaciones que atraviesan en estos tiempos de pandemia mundial las universidades públicas y privadas en Venezuela.

Como si lo antes relatado no fuese suficiente, dos anuncios recientes por parte del gobierno nacional han terminado de poner en jaque a las instituciones universitarias. El primero de ellos relacionado con la congelación de las matriculas en las universidades privadas. El segundo con la “redimensión” del sistema nacional de ingreso universitario propuesto por el Ministro de Educación Superior, donde se “priorizan” 145 carreras universitarias, dejando de lado los estudios de Historia, Geografía, Ciencias Políticas, Derecho, Psicología, Trabajo Social, Comunicación Social, Estudios Internacionales, Letras, Filosofía, Sociología, entre otras.

En cuanto a la congelación de las matriculas, la experiencia nacional con la implementación de innumerables regulaciones en los precios de los bienes y servicios en Venezuela, nos ha llevado a entender que ese mecanismo de control nunca es beneficioso para nadie, tan sólo los altos funcionarios del gobierno nacional no han podido comprender el profundo daño que esa medida afecta a la economía, e insisten en implantarlo como si fuese la solución a todos los problemas.

Las universidades privadas viven del cobro de las matriculas, ese pago es necesario para la subsistencia de esas instituciones, y sí bien es cierto que en los últimos tiempos, producto de la hiperinflación, las matriculas han sido muy elevadas, no es menos cierto que deben cobrar un costo justo, más no regulado, de las cuotas universitarias. También debe existir un equilibrio entre ese monto percibido por concepto de cancelación de matrícula o cuota y el salario del personal obrero, administrativo y docente que imparten cátedras en esas casas de estudios superior privadas. No es posible que las universidades privadas cobren elevadas cuotas y su personal devengue sueldos pírricos que no dan para vivir, allí no hay justicia, allí hay es afectación de derechos sociales y educativos que van en contra de la comunidad universitaria.

La llamada “redimensión” y “priorización” de carreras en el ingreso a la educación superior pública, no es más que otro mecanismo de control que pretende ejercer el gobierno nacional en contra de las universidades públicas. Ese documento presentado por el Ministro de Educación Superior deja muchas dudas e interpretaciones ambiguas. ¿Se ¿están eliminando las carreras humanísticas en Venezuela? ¿Para ello no es necesaria una reforma constitucional y legislativa ampliamente discutida y aprobada por todos los sectores de la sociedad venezolana? ¿Cómo quedan los derechos de los estudiantes que quieran cursar estudios de Comunicación Social, Derecho o cualquier otra carrera “no priorizada”? ¿No son relevantes para el gobierno nacional ninguna de las carreras humanísticas? ¿No es importante para el desarrollo de la nación tener comunicadores sociales, sociólogos, abogados, historiadores, geógrafos, trabajadores sociales, politólogos, filósofos o psicólogos? ¿Qué sucede con la autonomía universitaria en ese caso? Estas tan sólo son algunas preguntas que surgen a raíz de ese anuncio y que aún no tienen respuestas.

Es necesaria una reforma total de la Ley de Universidades por ser una norma vetusta que no se adapta a las necesidades académicas y educativas actuales. Es necesario el reforzamiento de la autonomía universitaria, la posibilidad que tengan las universidades públicas de acceder a otras fuentes de financiamiento distintas al presupuesto nacional, la eliminación de la discrecionalidad que tiene el gobierno nacional en el otorgamiento de la categoría de universidad autónoma, la regulación de la educación a distancia, la capacitación constante del personal docente, la preponderancia del salario como fuente de ingreso del personal universitario, y muchos otros temas más, pero esa reforma debe hacerla un órgano que tenga absoluta legitimidad y reconocimiento internacional previo a la implantación de un amplio consenso nacional de todos los sectores vinculados a la educación universitaria para que realmente surta los efectos que el sistema educativo venezolano requiere.