Y ahora, la elección presidencial (I)

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De nuevo el mismo falso dilema de votar o abstenerse. Esta vez, ante la nueva trampa electoral de las municipales, que tiene dos objetivos políticos bien definidos. Uno, profundizar las contradicciones internas en la MUD; otro, preparar el terreno para sembrar al futuro precandidato presidencial de la oposición, seleccionado de antemano por Miraflores. Precisamente para eso sirvieron las negociaciones de Primero Justicia y Acción Democrática con los representantes del régimen, cuyo primer resultado fue la adjudicación de 5 gobernaciones y la genuflexa juramentación ante la ANC de cuatro de ellos, los de Acción Democrática.

Quizá por eso, la alternativa de los partidos y electores de la oposición a participar en esta convocatoria no parece tan dilemática. Para comprender los dramáticos alcances de la perversa maniobra “bolivariana” basta tener presente el desconocimiento progresivo y sistemático de la Asamblea Nacional desde el día siguiente de su instalación hasta el hasta ahora su último episodio, la grosera burla del 30 de julio para designar a dedo la llamada Constituyente, cuya única finalidad ha sido usurpar las muy pocas funciones constitucionales que todavía conservaba el legítimo Poder Legislativo y poner en las manos de  Nicolás Maduro todas las riendas del poder más personal y absoluto que haya ejercido jamás mandatario venezolano alguno.

Desde esta atroz perspectiva, si bien nadie puede poner en duda lo que significa dejar en manos del PSUV la totalidad de los poderes municipales, lo cierto es que tampoco puede dudarse de que los candidatos “opositores” que se midan en estas elecciones municipales y lleguen a ser beneficiados por la generosidad del régimen correrán la misma patética suerte de los diputados de la Asamblea y de los cuatro gobernadores adecos, que sólo son, hasta que Maduro quiera, piezas insignificantes y desechables de un aparato estatal que apenas les reconoce su precaria presencia protocolar.

Esta es la encrucijada que le presenta al país y a la comunidad internacional la actual realidad política venezolana. Su única novedad, que la MUD, como alianza de partidos con fines electorales, está a punto de perder el único efecto positivo de su existencia, la unidad, un logro atado a las relativas oportunidades electorales que ofrecía el régimen para validar ante los ojos del mundo su supuesta naturaleza democrática. Una unidad cuya importancia los asesores electorales de Maduro no calcularon en todas sus dimensiones en diciembre de 2015, hasta que de pronto se vieron desbordados por el impacto de aquella derrota aplastante de los candidatos del PSUV. Nunca más se dejaría Maduro sorprender por ninguna excepcionalidad electoral. De ahí su estrategia negociadora para llegar a acuerdos constructivos con diversos sectores de la oposición, a veces juntos, pero mucho mejor por separado. Eso explica la insuficiencia de la Asamblea Nacional durante el vociferante, y nada más que vociferante reinado de Ramos Allup, su desvanecimiento durante la más discreta pero igualmente inútil Presidencia de Borges y el 15 de octubre.

Esta magnífica relación del gobierno y la oposición ha dado frutos suculentos. El primero, dejar sin respuesta cabal la desincorporación ilegal de los diputados electos por el estado Amazonas y despojar así a la oposición de su mayoría calificada. El último, presagio de lo que ocurriría el 15 de octubre y de lo que sucede desde entonces, el tajante abandono del mandato popular de casi 8 millones de electores, expresado en la consulta popular del 16 de julio, que le permitió a la MUD desactivar la calle y entregarse de lleno al tramposo llamado electoral de las regionales.

El desenlace de esa maniobra artera representa a su vez el paso necesario para llegar a estas elecciones municipales. De ahí, lo analizaremos la semana que viene, que gracias a estas elecciones el régimen quedará en condiciones de avanzar hacia lo que de veras le importa, su definitiva pirueta electoral, o sea, la elección presidencial, prevista para diciembre de 2018, pero que bien podría adelantarse para el próximo domingo 4 de febrero y aprovechar en su favor el valor simbólico del día, la fuerza actual del ejercicio del poder sin oposición y la honda desmoralización del pueblo opositor tras la bochornosa conducta de sus dirigentes desde el pasado 30 de julio.

 

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