Fraude Constituyente

El cese del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente sin haber redactado una nueva Constitución es un claro fraude constituyente.

Desde el mismo momento del anuncio de la creación de ese órgano la gran mayoría de la población estuvo reticente a aceptarlo, y la razón para ello estuvo clara desde un inicio, su convocatoria solamente pretendía conculcar competencias propias que dispone constitucionalmente la Asamblea Nacional como el único órgano con legitimidad plena en el país.

El proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente fue a todas luces inconstitucional por no haber garantizado la progresividad de los derechos humanos al no haber realizado una consulta al soberano sobre la necesidad de refundar el Estado mediante una modificación en pleno del texto constitucional.

Además, las bases comiciales tampoco fueron aprobadas por el soberano, como sí ocurrió con las dictadas en el proceso constituyente del año 1999, lo que trajo como consecuencia la inconstitucionalidad de ese decreto por no consultar la voz del pueblo.

Esas situaciones hicieron que la comunidad internacional viese con atención el caso venezolano, incluso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, expresó que la Asamblea Nacional Constituyente fue integrada: “tras un proceso electoral carente de inclusión política y viciado de irregularidades”, objetando con ello la creación de la denominada Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública por no cumplir con los estándares internacionales relativos a las comisiones de la verdad.

Sin embargo, desde el gobierno nacional se defendía a capa y espada la convocatoria del proceso electoral de la elección de los constituyentes, argumentando que ese órgano era necesario para el establecimiento de la paz en la República, cuestión está que terminó siendo una falacia dado que la paz no llegó con la instalación de ese órgano, como anunciaron en repetidas ocasiones voceros oficiales, por cuanto las manifestaciones de calle del año 2017 cesaron por el cansancio, el descontento y sobre todo por la brutal represión de los órgano de seguridad en contra de los manifestantes que dejó un lamentable saldo de más de 160 seres humanos fallecidos.

Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de agosto de 2017, uno de sus primeros decretos constituyentes fue la destitución de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, y acto seguido el nombramiento del para entonces Defensor del Pueblo Tarek William Saab como Fiscal General, arrebatando con esos decretos una competencia constitucional de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional Constituyente continuó actuando promulgando una serie de leyes “constitucionales” como por ejemplo la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, con la cual se ha instaurado persecuciones contra quienes emiten opiniones públicas contrarias al gobierno nacional.

Todas esas leyes dictadas por el órgano constituyente fueron sancionadas en usurpación de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, sin embargo, desde el Tribunal Supremo de Justicia y la propia Asamblea Nacional Constituyente argumentaron la tesis del carácter plenipotenciario y originario que presuntamente ostenta la ANC como una justificación jurídica para contrarrestar esa crítica, esbozos que quedan en un cascaron vacío al momento de no ser aprobado el órgano constituyente mediante referendo consultivo y de no cumplir con la función que la Constitución de 1999 le otorga, es decir, la creación de un nuevo texto constitucional.

Sin embargo, allí no quedaron las actuaciones realizadas por la Constituyente, para el año 2018 decide convocar las elecciones presidenciales en clara usurpación de las funciones constitucionales y legales del Consejo Nacional Electoral, situación que sirvió para que la Asamblea Nacional, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y el Parlamento Europeo se pronunciaran acerca de la ilegitimidad del evento electoral, de los posteriores resultados anunciados y de quien fue proclamado como ganador de la contienda electoral.

Ese cúmulo de situaciones nos lleva a entender que la voluntad de todos los venezolanos, tanto de aquellos que diferimos de las políticas del gobierno nacional como los que creyeron ciegamente en el proceso constituyente por las razones ideológicas, políticas o personales que sean no fue respetada, trayendo como consecuencia que con el próximo cese de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente sin haber redactado una nueva Constitución sea un claro fraude constituyente.