La Universidad

La universidad pública venezolana actual se encuentra tan mal que hablar de ella puede ser doloroso y casi intolerable. No obstante, debemos hacerlo porque, a fin de cuentas, ¿el silencio corregirá los entuertos? ¿Si cerramos los ojos las fallas dejarán de existir?

Hoy un salario mínimo se encuentra en 2$ al mes, en la administración pública los sueldos más altos rondan los 10$ y en el sector privado la media puede estar cercano a los 40$ y la canasta básica alimentaria para una familia de cinco integrantes ronda los 350$. Soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo y mi sueldo, sumando lo que el sistema Patria, al cual se me conminó a agregarme porque la universidad dejó de ser autónoma hasta para pagar salarios, no llega a 5$ al mes. Esta realidad económica permite entender el por qué muchos estudiantes quedaron fuera del sistema educativo y por qué muchos docentes abandonaron sus roles para dedicarse a cualquier otra cosa, no es vagancia, es sobrevivencia. 

Esa realidad se suma a la crónica asfixia presupuestaria que aplica el Estado Venezolano contra la universidad desde hace 20 años. La universidad que conocimos en los 90s mis contemporáneos ya no existe, no hay comedor, no hay transporte, no hay laboratorios, no hay investigación, no hay extensión y el servicio comunitario se redujo a que los estudiantes procedan a desmalezar, a punta de machete, el propio Campus de Bárbula. Todo esto no cayó del cielo, no subió del infierno, fue una decisión política desde Miraflores con fines inconfesables. 

Sumergidos en este drama, para colmo de males, acontece la pandemia y de forma apresurada se recurrió a la educación a distancia. Las fallas de la conectividad, de la electricidad, la ausencia de equipos y muchos etcéteras condujo a que el 75% de los estudiantes quedaran fuera del sistema educativo y el 25% que logró continuar se enfrentó, en el caso de la Universidad de Carabobo, a una Aula Virtual en la que la experiencia educativa se restringió a algunos vídeos instruccionales, un examen de selección simple y un ensayo obligatorio pero sin ponderación. La interacción docente – estudiante fue nula y la evaluación, por más justificativos que se puedan usar, no pudo constatar el cumplimiento de los objetivo programáticos. Así terminó el último periodo lectivo y no podemos aplaudirlo.

El periodo denominado de “Prosecución” está en curso, es algo parecido a lo que antes denominábamos “Verano”. Pues bien, el costo que los estudiantes deben cancelar por materia en este periodo de “Prosecución” es de 0.3 petros (15$). Tengo una hija de 4 años, pero si ella estuviera en la Universidad no podría pagarle una materia con mi sueldo de docente universitario. Resumiendo, la educación pública empeoró en calidad, sus servicios desaparecieron, su incidencia sobre el entorno se hizo inexistente y, finalmente, se hizo costosa (cuestión insólita para una universidad pública). Nada de esto ocurre por azar, repito, es una decisión política desde Miraflores.

La Constitución nacional, que sigue vigente y todos los venezolanos tenemos el deber de defenderla, estipula en su Artículo 103: “Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva”.

Estimados colegas, docentes, estudiantes, obreros y trabajadores universitarios ¿a quién le sirve una universidad tan alejada de la previsión constitucional? Se los diré: le sirve a la dictadura. Alguna persona diría, del seno de su natural indignación, que las autoridades universitarias son culpables pero, siendo precisos, todos somos culpables, algunos son culpables por acción, principalmente la dictadura, otros lo somos por omisión, unos se dejaron arrebatar la autonomía, otros fuimos cómplices, otros callamos y otros no nos enteramos. 

Ahora ¿Qué hacer?. No tengo las respuestas. Solo podría recomendar que digamos la verdad, que hablemos de la universidad que tenemos y debatamos sobre la universidad que queremos y necesitamos. Abandonemos el infame pacto de silencio que suscribimos por el miedo, por las conveniencias o por el amiguismo. Estos problemas no desaparecerán por obra y gracia del espíritu santo, requieren la acción creadora de los venezolanos, de todos los venezolanos.