EL CHAVISMO Y LA HEGEMONÍA: UN GIGANTE CON PIES DE BARRO (2 DE 3)

 Por Carlos Miguel Rodrigues

 

 

El chavismo controla un Estado que recibe y distribuye una renta captada internacionalmente. La mayor parte del ingreso petrolero es renta por la sencilla razón de que no guarda relación con la productividad de la sociedad; es, en sentido estricto, un ingreso percibido mas no producido. Esto le da al Estado venezolano una significativa entrada de recursos que, al no depender de ningún actor local, puede distribuir con excepcional holgura política en función de sus propios intereses, con las únicas limitantes de los controles institucionales y las presiones sociales.

 

El carácter rentístico del Estado venezolano implica que su legitimidad se encuentra esencialmente ligada a la forma como distribuye esa renta a nivel social, sectorial y territorial. Y la forma en que decida esta distribución impactará de forma determinante sobre el funcionamiento global del Estado y el tipo de relación que establece éste con la sociedad; el rentismo impone así una lógica a las sociedades que de él viven, lógica que penetra directamente sobre la cultura y las prácticas políticas.

 

El chavismo ha sabido aprovechar esta lógica rentística, la cual ha profundizado a niveles sin precedentes. El aumento de los precios del petróleo en 2003 permitió inaugurar un ciclo expansivo del gasto público social concebido de manera clientelar: las misiones sociales, a confesión del propio Chávez, respondieron a una necesidad electoral –ganar el revocatorio de 2004- y, en consecuencia, se estructuraron más como una estrategia electoral que como una política pública. La medición positiva de su efectividad se hizo precisamente a partir de los resultados de los comicios, lo que las convirtió en el núcleo de la estrategia de legitimación y captación de apoyos del chavismo desde entonces.

 

Con el uso clientelar de la renta, el chavismo ha buscado –y logrado- crear lazos de afinidad, apoyo y lealtad con una proporción mayoritaria de la población. Los programas de asistencia social se han dirigido a los sectores empobrecidos urbanos y rurales, a los cuales se les ha transferido directamente ingresos y se les ha proporcionado acceso a bienes -algunos públicos pero la mayor parte privados- de los cuales estaban excluidos y a los cuales no tenían ninguna esperanza de acceder por vía del mercado. Se trata de una estrategia de distribución de valores materiales a cambio de apoyo político-electoral, por lo cual es clave lograr un sentido de agradecimiento y deuda que motive y garantice el apoyo, propósito alrededor del cual se han desarrollado las misiones.

 

Su origen, como se dijo, siempre ha estado asociado a un período pre-electoral (2003 y 2011), sobretodo de los comicios en los que se juega la Presidencia. En las misiones, las actuaciones del Estado, el gobierno y el partido se confunden, siendo difícil diferenciarlas. La negativa a institucionalizarlas responde al claro interés de mantenerlas como beneficios exclusivos del gobierno chavista, que desaparecerían en cuanto no sea Chávez el Presidente. Por ello, se conceptualizan a nivel propagandístico como productos de la buena voluntad y el compromiso social de Chávez como individuo, nunca como políticas estratégicas del gobierno o como estrategia global de transformación social.

 

Igualmente, es visible la dedicación de un esfuerzo significativo al registro y a la organización socio-política de los participantes, esfuerzo que en ocasiones puede incluso superar el que se dedica a la misma prestación del servicio o bien que dio origen formal al programa. ¿Acaso este país no vivió sucesivos y muy bien organizados procesos de registro en las Grandes Misiones, ejecutados como grandes obras de la gestión gubernamental?

 

Sin embargo,  es el carácter privado de los bienes entregados a través de las misiones, carácter que se ha profundizado significativamente en las últimas versiones, lo que resulta más funcional a su utilización clientelar. Las viviendas, los créditos, las becas, son, en sentido económico, bienes privados, ya que permiten la exclusión en su consumo; es decir, son bienes distribuibles y entregables a determinados individuos y grupos y a otros no. Esta posibilidad es la que garantiza que las misiones arrojen beneficios materiales individuales y concretos, entregados a una persona en particular, persona con la cual es posible crear el lazo directo de agradecimiento, lealtad y, más precisamente, dependencia, que el chavismo requiere para que su hegemonía prospere.

 

La construcción de una carretera o la disminución de los índices delictivos son funciones básicas del Estado pero que generan beneficios muy difusos, que disfrutan muchas personas anónimas a las cuales es muy difícil contactar o aún persuadir en su motivación al voto. La hegemonía chavista no funcionaría tan efectivamente si dedicara su gigantesca renta petrolera a atender estos asuntos que son de un marcado carácter público-estatal; por ello, el chavismo ha redirigido la gestión pública hacia el ámbito del consumo de los bienes privados, entregando viviendas, vehículos, puestos de trabajo o créditos a personas que no tienen posibilidades de acceder a ellos a través del mercado. En este esquema, la contraprestación y el retorno no se miden en dinero –como en el mercado- ni en la mejora de los indicadores sociales –como en los Estados realmente sociales- sino en votos.

 

Se trata de una decisión muy racional por parte del gobierno que, además, se apoya en la psicología egocéntrica del elector promedio venezolano, quien prioriza su bienestar personal y el de su entorno inmediato a la situación local o nacional a la hora de determinar su voto. Este elector evalúa una mejora muy importante de su situación individual y la contrasta con problemas públicos relevantes pero que afectan a muchos: lo que compara es un beneficio intenso y directo –que proporciona Chávez- frente a un perjuicio difuso e indirecto –que denuncia la oposición-.

 

La campaña propagandística gubernamental y la llamada conexión “religiosa” del Presidente con el pueblo vendrían a ser elementos adicionales, que solo refuerzan el efecto de este sistema clientelar. Con el despliegue de propaganda, se fortalece el sentido de agradecimiento y se logra mantener viva la esperanza de que sea cuestión de tiempo recibir beneficios, bajo la prueba de que “ya hay muchos beneficiados”; con el discurso de reconocimiento y la conexión emocional, muchos electores intentan racionalizar su apoyo -el cual no pueden asumir descarnadamente como un intercambio de beneficios por votos-. El hecho de que lo emocional en el chavismo no sea más que un agregado de refuerzo a la estructura material de redes clientelares, que son las que sostienen la hegemonía, ha quedado muy en evidencia en las recientes elecciones presidenciales, en las que la ventaja estratégica de controlar el Estado ha sido explotada por el chavismo como nunca antes.

 

De esta forma, el chavismo comparte con AD y COPEI dos de las condiciones de supervivencia de su hegemonía: los abundantes ingresos petroleros y el crecimiento lento y controlado de las expectativas sociales. Un eventual efecto combinado en ambos pilares –caída de precios y aumento de expectativas- representaría la entrada en crisis del sistema, momento en el que verificaríamos, nuevamente, lo débil que puede ser la gobernabilidad en un sistema hegemónico que se funda sobre variables que no controla y que alimenta dinámicas sociales insostenibles.