De esas leyes cargadas de “buenas intenciones” y sus efectos

Por Daniel González G.

@GonzalezGDaniel

 

 

 

Se llama Maruja y su rostro devela, aparte de su edad, las preocupaciones que la agobian por estos días. Tiene sesenta años y al menos cuatro de ellos han transcurrido en una controversia legal con el dueño del apartamento donde vive en la parte alta de San Bernardino, en el municipio Libertador de Caracas. Un buen día del año 2010, cuando el tema de los alquileres estaba en la boca de todos y empezaba a preocupar a los dueños, el propietario la visitó de buena manera y le solicitó la entrega del apartamento. Le dio para ello el lapso de tiempo que establecía la ley y el contrato, pero cuando ese lapso se venció, ella aún no tenía un lugar para donde irse. Hoy, Maruja tiene una sentencia en su contra y favorable al dueño del apartamento, pero que no es ejecutable por ningún tribunal hasta que ella no tenga una “vivienda digna”. En este momento la relación entre ella y su casero se reduce a un expediente numerado que reposa en un tribunal del este de la ciudad y que cada tanto revisan los abogados de ambos.

 

El 12 de noviembre de 2011 apareció publicada en la Gaceta Extraordinaria N° 6.053 la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en la actualidad mejor conocida como Ley de Alquileres. Esta ley es una muestra de que el tener buenas intenciones al momento de dictar una norma, no implica que su efecto será favorable a la sociedad. El numeral 7 del artículo 5 de la ley establece que con ella se procura “combatir el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de viviendas; así como la especulación, discriminación y relaciones de explotación del ser humano por el ser humano, asociadas al arrendamiento de vivienda”. Sin embargo, el resultado hoy es trágico.

 

Maruja no tiene intenciones de quedarse con el apartamento que ocupa en la avenida Los Próceres de San Bernardino, pero los refugios tampoco se dan abasto y eso se lo hicieron saber en la Superintendencia respectiva. Está inscrita en todos los censos de la Gran Misión Vivienda Venezuela pero esta también avanza lentamente. A ella solo le gustaría tener la opción de alquilar, mientras tanto, en otro lugar. Pero esto ya no es una posibilidad. Desde que la Ley de Alquileres se publicó en Gaceta, incluso mucho antes, la oferta de viviendas en alquiler empezó a disminuir dramáticamente. Hoy, las opciones para alquilar en Caracas son nulas para personas y familias de ingresos bajos o medios. Una página como tuinmueble.com muestra un apartamento de apenas 45 metros cuadrados en alquiler. ¿El canon de arrendamiento mensual? Veintiséis mil bolívares. Recordemos que el salario mínimo en Venezuela apenas llega a 3.270,3 bolívares y la inflación en 2013 cerró en más de 56%. Maruja solo percibe ingresos por su pensión y por la venta de productos de limpieza, por lo que tampoco puede alquilar una habitación decente. En la misma página web el alquiler mínimo de una habitación es de 5 mil bolívares.

 

Hace un mes, el alguacil del tribunal que lleva el caso de Maruja golpeó a su puerta. Le llevaba una notificación para que compareciera ante el juzgado. El cuerpo se le descompuso. Los nervios la acompañaron durante todo ese día y volvió, como todos los días, a los clasificados de Últimas Noticias. Ya está convencida de que muchos de los anuncios que publican allí son un fraude. Ofrecen alquileres muy económicos y nunca atienden el celular. Ella tiene miedo, porque a pesar de que la ley la “protege”, sabe que todo puede cambiar en cualquier momento. El abogado, amigos y familiares le dicen que la figura de los desalojos arbitrarios no existe, pero aun así, no está tranquila. En el Tribunal le dieron ciento ochenta días más para ubicar un lugar donde vivir. No sabe qué hacer. Hoy, Maruja solo quisiera poder alquilar algo de acuerdo a sus posibilidades, pero esa opción ya no existe en esta Venezuela. La ley mató ese mercado. Al menos le consuela saber que no está sola.

 

Cuando visita la Superintendencia que rige la materia, ve caras y situaciones similares a las suyas. Las mismas preocupaciones. Los mismos problemas. La misma ley y miles de venezolanos afectados por ella, esperando eso que algunos han decidido llamar “una vivienda digna”; pero mientras eso pasa, sus vidas transcurren entre los tribunales y el terror a que algo les pueda pasar.

 

Punto final

 

El más grave de los problemas, sin duda, recae sobre las personas enfrentadas en tribunales por este tema. Pero hoy la realidad del país es que muchos jóvenes no pueden salir del hogar de sus padres e independizarse, porque ofertas de alquiler, sencillamente no hay.