Uribana: turbia, tensa y tóxica
Por Claudia Alizo
@ClaudiaAlizo
El lunes 24 de noviembre inició la huelga de hambre que terminaría en una mortal intoxicación de más de 40 presos, un hecho inconcluso y sin precedentes en la historia de las cárceles venezolanas y sobre el cual aún se cierne una densa nube de hipótesis explicativas sin comprobar.
De acuerdo al diario El Universal, un grupo de 3500 reos del Centro Penitenciario de Occidente “David Viloria”, conocido como Uribana, en el Estado Lara, privaban de combustible indefinidamente a su cuerpo, el único sistema que aún funciona, para exigir a Iris Valera, titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios, la destitución del director del penal, Julio César Pérez, a quien, presuntamente y a través de un comunicado publicado en el diario El Impulso, acusaban de maltrato físico, psicológico y moral a la población recluida en el recinto.
En la madrugada del martes 25, unos 400 reclusos fueron trasladados de Uribana a la Penitenciaría General de Venezuela, localizada en San Juan de Los Morros, Estado Guárico. Este acuerdo se habría dado entre las autoridades del penal y los internos, quienes aceptaban la reubicación, dada las precarias condiciones en las que se encontraban.
Hasta entonces, no existía un pronunciamiento por parte de las autoridades del recinto que ofreciera una explicación sobre lo que estaba ocurriendo.
Al día siguiente, el miércoles 26, se emitió un comunicado oficial desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que refería la huelga de hambre iniciada por los “recluidos del módulo 2” de un centro penitenciario del Estado Lara, el día 24 en horas de la mañana.
El documento sostiene que una conducta violenta por parte de los reos, que comenzaron a romper paredes y puertas del área de reclusión, obligó a las autoridades a solicitar el apoyo de la GNB que, en horas del mediodía, se dispuso a iniciar el proceso de diálogo con los reclusos que se amontonaban a las puertas de la cárcel.
La versión oficial narraba cómo los presos que se agrupaban en el portón principal manifestaron que varios internos se encontraban en un estado de sobredosis “debido a que, en situación de insubordinación, procedieron a asaltar el puesto de salud, e ingresaron violentamente al área de enfermería, asaltaron la farmacia y los talleres, procediendo a ingerir múltiples fármacos tales como: antibióticos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, antiepilépticos, alcohol absoluto, entre otros; lo cual produjo una intoxicación de un grupo importante de privados de libertad”.
Cifras, versiones e hipótesis
Un total de 1.369 reclusos fueron trasladados de Uribana a otros centros de detención durante el alzamiento como forma de dispersar el motín; 631 reubicados en la Penitenciaría General de Venezuela, en el Estado Guárico, 718 al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón y fuentes extraoficiales sostienen que otro grupo fue transferido al Centro Penitenciario de Los Llanos.
Seis de estos presos transferidos fallecerían más tarde, como consecuencia de la sobredosis ingerida que ya se encontraba en su sistema. Cuatro de los trasladados a la PGV, permanecerían entubados en la Hospital Israel Ranuárez Balza de San Juan de Los Morros. Un total de 145 internos intoxicados sería la cifra oficial publicada en el comunicado del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. 43 es, hasta la fecha, el número de fallecidos contabilizados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), víctimas del envenenamiento.
Tomando en cuenta que aún se están haciendo las investigaciones para esclarecer los hechos, existen distintas versiones e hipótesis para explicar lo ocurrido en la cárcel de Uribana.
En el diario Últimas Noticias, se maneja la versión de que los custodios del penal, funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios que se encargan de velar por el orden interno de las cárceles, serían quienes habrían incitado la protesta de los reclusos. Se presume que un grupo de estos funcionarios, en colaboración con algunos guardias nacionales, habrían dejado pasar al recinto pequeñas porciones de drogas y algunas armas.
Enterada de esto, la Ministra Iris Varela comisionó a Julio César Pérez para realizar las correspondientes requisas que resultaron en el hallazgo de los artículos ilegales. Los custodios y guardias nacionales, quienes se verían como los responsables de esto, abrieron las celdas de los módulos 7 y 8, e instaron a los presos a que protestaran en contra del director de la cárcel, lo que terminó en los hechos ya referidos. En relación a esta versión, ofrecida por un informante al popular diario, Varela respondería que había “ordenado una investigación interna cuyos resultados aún no posee”.
Réplica
Varias instancias religiosas y políticas se pronunciaron. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), emitió un comunicado exigiendo la investigación de los hechos y la renuncia de Iris Varela, a quien acusan de no cumplir con la obligación de velar por los derechos humanos e integridad física de los privados de libertad. Se dice que unos 1.500 reclusos han muerto desde julio de 2011, cuando asumió el cargo.
Según Carlos Nieto Palma, abogado y coordinador general del OVP, existe un 60% de retardo procesal en el sistema judicial, lo que contribuye al hacinamiento en los penales, que se registra en un 220%. Uribana tiene una capacidad para albergar a 800 reclusos, pero la población carcelaria del recinto llega a los 12.000 presos. La falta de espacio y comodidad no es lo más grave de la situación, sino las condiciones de insalubridad, el limitado acceso al agua potable y la alimentación escasa e inadecuada.
Las condiciones infrahumanas de las cárceles venezolanas tienen diversos y latentes factores que se unen como los eslabones de una cadena oxidada. Elementos como la criminalidad, la violencia, el deficiente sistema judicial y la impunidad llevan a la sobrepoblación de los centros penitenciarios que, en vez de reformar al privado de libertad ofreciéndole espacios para el aprendizaje, las prácticas deportivas y la cultura con la finalidad de ser reintroducidos en la sociedad, los condena a ser marginados por el sector civil y al deficiente manejo de las instancias gubernamentales.
La degradante y cruel situación de los presos no puede abandonarse a las manos de Ministerios de Asuntos Penitenciarios. Extender una mano como sociedad a los niños que hoy son víctimas de la violencia en todos los estratos socioeconómicos, y a quienes tienen menos oportunidades es el primer paso para el largo camino que llevará a la construcción de un país más humano.
