Corrupción e ineficiencia en el sistema judicial venezolano
Por Lorena G. Díaz
@ddilorena
En Venezuela existen 15 internados judiciales, 12 centros penitenciarios, 1 centro experimental, 1 cárcel nacional y 1 instituto femenino. Con una población reclusa de 51.526, la capacidad de las instalaciones penitenciarias es de 19.000 con un excedente de 32.256.
La violencia nos afecta a todos los ciudadanos, bien sea por actos de criminalidad común u organizada, también por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades encargadas del orden. Asimismo, la violencia afecta de manera particular a las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado, recluidos en centros de privación de libertad, donde miles de personas han sido heridas y han muerto en los últimos años. Desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Junio del 2011, hasta Diciembre del 2014 murieron 1.781 personas y otras 2.393 resultaron heridas dentro de los centros de privación de libertad.
El 38% de la población reclusa está en un limbo judicial, no saben cuál es el estatus de su proceso. El proceso está diseñado para que en seis meses una persona detenida, imputada y acusada, ya esté sentenciada pero la realidad no es esa.
En una encuesta que realizó el Observatorio Venezolano de Prisiones, el 70% de los familiares consultados no tienen idea de cuál es el estatus del proceso de su familiar. Eso quiere decir que es posible que a aquellos que esperan por la audiencia preliminar ya se les venció el tiempo para que se les acusara; y que a los que están en la fase preparatoria o de investigación también se les venció el tiempo para la continuidad del proceso.
Actualmente existe un hacinamiento crítico de 170%, causado por el retardo procesal, las reformas al Código Orgánico Procesal Penal, falta de construcción de nuevos centros de reclusión y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva. Generando enfermedades (dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias) y violación del derecho a la salud, ya que no existe atención medica constante en los centros de reclusión y el Estado no ofrece tratamiento a los internos que lo requieren, son los familiares quienes cubren por su cuenta todos los gastos relacionados a la compra de medicamentos.
“Toda enfermedad contraída en un lugar de reclusión o agravada por las malas condiciones de reclusión se convierte en una cuestión de salud pública. El VIH, la hepatitis y la tuberculosis y todos los demás aspectos de la salud física y mental en las cárceles debe interesar a los profesionales de la salud en ambos lados de los muros de la cárcel”. Organización Mundial de la Salud, 2013.
El Gobierno no ha atacado los principales problemas de las cárceles como es el caso del retardo procesal, la violencia, el ocio, la insalubridad, el hacinamiento, falta de acceso al agua potable, alimentación inadecuada, medios insuficientes para el aseo personal, entre otros.
Una situación que ha llevado a los venezolanos a no creer en la justicia, al no dar respuestas sino que por el contrario fomentar la impunidad.
Los que no hacen justicia generan acciones injustas.
