La “liberación” de la Panamericana
Por Andrés Abreu Urdaneta
@andresabreu
aabreu@guayoyoenletras.com
El viernes 24 de julio los habitantes del Cují, un sector popular ubicado en el kilómetro 3 de la carretera Panamericana, fueron tomados por sorpresa cuando a las 4:00 de la mañana funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional iniciaron lo que se conoce como la “Operación Liberación del Pueblo”. Recordemos que esta operación se había llevado a cabo hace algunos días en la Cota 905, dando como resultado una cantidad considerable de detenciones, delincuentes abatidos y vehículos recuperados que se encontraban en el sector.
Sin embargo ese no fue el caso del Cují, donde, según fuentes oficiales, fueron demolidas 229 viviendas construidas en zonas de alto riesgo. Además, el ministro de relaciones interiores, justicia y paz, Gustavo González López, informó que fue detenida una persona solicitada por violación, otra por tráfico de drogas y también 15 extranjeros.
Al respecto, el periodista de El Universal, Deivis Ramírez, informó en su cuenta en Twitter @deivisramirez que los detenidos en este operativo presuntamente habían sido detenidos en Petare y Santa Lucía y fueron llevados a la zona donde fueron señalados de invasores y paramilitares. Es decir, no eran habitantes del Cují.
El ministro González López también hizo referencia a que se recuperaron vehículos y uniformes robados. Sin embargo no precisó más detalles al respecto y, al momento del cierre de este artículo, no se conoce cuántos vehículos y uniformes fueron recuperados ni las características de los mismos.
La Operación Liberación del Pueblo (OLP) ha sido definida en distintos medios como un operativo de los organismos de seguridad del Estado para combatir la delincuencia y el paramilitarismo. Por lo que se ha podido observar hasta ahora, se trata de una operación conjunta entre los distintos cuerpos de seguridad dentro de la cual ingresan, al parecer por sorpresa, a sectores populares donde realizan especies de redadas, en las que el resultado es la detención de presuntos delincuentes así como la recuperación de vehículos y objetos robados que se encontraban escondidos en el sector.
Hasta ahí pareciera que todo está bien, que el gobierno finalmente se está encargando de la delincuencia, la cual representa uno de los mayores miedos del venezolano. Pero tal parece que no todo es tan fácil, para muestra el caso del Cují.
¿Liberación del pueblo o liberación de espacio?
Según distintas fuentes, los vecinos del Cují habían recibido en días anteriores la visita de representantes del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres (IMGRAD) de la Alcaldía del Municipio Libertador. Los funcionarios habrían realizado un censo y hecho un llamado a que se desalojara el sector debido a que formaría parte de lo que será el Parque Hugo Chávez. Recordemos que este parque es un proyecto del Gobierno Nacional en conjunto con la Alcaldía del Municipio Libertador y se trata de un gran complejo que se encuentra actualmente en construcción, en lo que es hoy el Hipódromo de La Rinconada. La inauguración del parque había sido prometida para octubre de este año pero fue pospuesta para octubre de 2017.
Todo esto trae a colación una interrogante: ¿El sector el Cují fue realmente desalojado como parte de la OLP o simplemente esto fue una excusa para quitar esa “piedra” en el camino de la construcción del Parque Hugo Chávez?
Pareciera que todo apunta hacia lo segundo, el barrio era un obstáculo para el proyecto. Pero, ¿qué va a pasar con los habitantes del Cují? El día del desalojo la información que manejaban era que debían ir al Poliedro de Caracas en donde les asignarían un refugio, mientras que sus cosas iban a ser resguardadas en La Yaguara. Sin embargo, quienes se acercaron al Poliedro no fueron atendidos y la respuesta de las autoridades fue que no iban a tener ningún beneficio porque eran invasores.
A medida que se conoce más del caso del Cují nacen más y más interrogantes, algunas aún sin respuesta. Son estas mismas interrogantes las que atormentan a los vecinos que hoy se encuentran viviendo a orillas de la carretera Panamericana, en pequeños refugios improvisados y sin ninguna ayuda de los entes del Estado. Según afirman, los habitantes de El Encantado son los únicos que los han ayudado y son quienes les llevan comida que es compartida entre más de 300 familias que se encuentran en la zona. Mujeres embarazadas o que dieron a luz hace poco, niños y personas de la tercera edad son algunas de las víctimas que fueron sacadas a la fuerza de sus casas en donde vivían hace más de 20 años.
Es necesario destacar que en el sector se estaba instaurando lo que se conoce como la comuna “El sueño de un gigante”, integrada por once consejos comunales y un comité agrario encargado de una zona agrícola con más de 450 árboles de aguacate. Todo esto responde al plan de organización comunal implementado durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez y que ha dado resultados en distintas zonas del país.
También llama la atención que muchos de los habitantes del sector se habían visto beneficiados por el plan de sustitución de ranchos por casas, implementado por el gobierno nacional a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es decir, los habitantes del Cují eran reconocidos como una comunidad ante el gobierno, situación que se reafirma con el hecho de que existía un centro de votación en la comunidad. Sin embargo, de un día para otro son tildados de invasores y paramilitares.
Al margen de la ley
El desalojo que se realizó en la madrugada del día 24 de julio fue una operación, según afirman los propios vecinos, bastante violenta, donde algunas personas resultaron golpeadas por las autoridades. ¿Está esto ajustado a las normas? ¿Existen reglas que deban seguirse en este tipo de procedimientos?
En el año 1991, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, estableció en su observación general número 4:
Independientemente del tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de la tenencia que les garantice una protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
Cuando se habla de “seguridad de la tenencia” se hace referencia a que sin importar el tipo de vivienda que se tenga; sea una vivienda privada o sea una ocupación de tierras u otros bienes, todas las personas se encuentran bajo la protección contra desalojos forzosos. La falta de un título de propiedad no significa que puedan ser violados los Derechos Humanos, ya que los mismos no dependen de condiciones particulares como la propiedad.
Sin embargo, cuando los desalojos son inevitables los mismos pueden realizarse, siempre y cuando se cumpla con el respeto a los Derechos Humanos y a las garantías procesales, las cuales han sido desarrolladas por DISEC (Comisión de las Naciones Unidas para el Desarme y la Seguridad Internacional) en su observación general número 7:
1. Una auténtica consulta con las personas afectadas
2. Plazo razonable de notificación previa
3. Funcionarios debidamente identificados
4. No ejecutar desalojos bajo mal tiempo o de noche
5. Ofrecer asistencia jurídica a las personas que pidan reparación en tribunales
6. Cuando los desalojados no cuenten con recursos, el gobierno debe adoptar medidas para proporcionar otra vivienda.
Estas medidas han sido reafirmadas en el año 2014 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en conjunto con ONU Hábitat, emitió un boletín informativo dedicado exclusivamente a los desalojos forzosos y a los derechos de las personas víctimas de estos.
¿Se respetaron estas directrices en el desalojo realizado en El Cují? Pues no, no se respetaron en lo más mínimo. Los vecinos afirman que cuando en IMGRAD realizó ese primer censo se les prometió que asistirían al desalojo funcionarios del consejo de protección del niño, niña y adolescente, al igual que funcionarios de la defensoría del pueblo. Esto no ocurrió.
Hoy son los vecinos del Cují quienes sufren las consecuencias de los caprichos del gobierno y de una operación mal orquestada que, más allá del nombre, no libera a ningún pueblo. Mañana pueden ser los vecinos del Encantado o de cualquiera de los sectores populares que se encuentran en la carretera Panamericana o incluso en el resto del país. ¿Hasta dónde piensa llegar el Gobierno Nacional con esta operación? Solo el tiempo lo dirá.
Con información de Contrapunto.com, Efecto Cocuyo y Venezolana de Televisión.
Fotos:Horacio Siciliano (@hsiciliano)
