Desenlace, transición y reconstrucción (IV de IV)
Por Werner Corrales Leal
@wernercorrales
… Garantizar la paz y la irreversibilidad de los cambios
Los artículos II y III de esta serie discutieron las acciones y políticas que integran los campos económico y social de la Propuesta Ciudadana para la Transición. Corresponde a esta última entrega presentar los planteamientos de la Agenda Político-Institucional de aquella propuesta, dando el mayor énfasis a sus objetivos y estrategias centrales, y ofreciendo mayor detalle a los logros que se buscarían y las estrategias que serían seguidas para el corto plazo.
La Agenda Político-Institucional se refiere a las políticas y medidas que son necesarias para desmantelar el régimen protototalitario que montó el Socialismo del Siglo XXI, para que el proceso de Transición transcurra en paz y sus cambios se hagan irreversibles, y para ir creando las bases de una nueva institucionalidad que no sólo supere la actual sino también la que tuvimos en los últimos veinte años de la República Civil, cuyos vicios y debilidades contribuyeron a que desembocásemos en la dictadura y la crisis del Siglo XXI que hoy sufrimos.
La expresión política más clara del régimen a desmontar es su perverso sistema de control social para la dominación, compuesto de varias tramas que operan sintonizadas con un mismo fin, que no es otro que la sumisión de los ciudadanos. Desmantelar ese sistema es la finalidad política fundamental de la Transición; solo haciéndolo le será posible a Venezuela iniciar su tránsito a la democracia.
El sistema del que hablamos no se reduce a la sujeción de todos los Poderes Nacionales al Ejecutivo y a la manipulación de los comicios. Está constituido por un conjunto amplísimo de redes a través de las cuales se ejerce la hegemonía comunicacional para sembrar odios y distorsionar la realidad; se ideologiza y se hace partidista la Fuerza Armada para emplearla en la coerción a la disidencia política; se niega el acceso de la ciudadanía a elecciones justas y transparentes y se manipula a las comunidades con sistemas supuestamente participativos que las convierten en apéndices subordinados del partido gobernante; se excluye de la justicia a los ciudadanos no afectos; se mantiene a los pobres en dependencia permanente a través de “Misiones” que los proveen y en contrapartida condicionan políticamente a sus beneficiarios con la amenaza de exclusión de los no afectos; se somete a los empresarios a través de la disposición de divisas y los controles económicos de todo tipo; se compra voluntades y se extorsiona para someter a los gobiernos locales y regionales, y se acalla las disidencias ejerciendo violencia contra quienes protestan a través de grupos paramilitares indiferenciables del hampa. Es evidente que este sistema sólo puede ser desmantelado si hay un cambio efectivo que desplace el poder gubernamental que lo ha montado, y para ello ese cambio debe ser real y no gatopardiano, como advertíamos en la edición de esta columna del 2 de marzo del 2015.
Este, el último artículo de la serie, se estructura en dos partes basadas en los planteamientos de los expertos sobre lo que debería ser hecho una vez se inicie la Transición. La primera parte contiene las propuestas que conforman el núcleo central y la segunda presenta otras que dan soportes a las anteriores o preparan el largo plazo. Tal división no supone dilación entre la ejecución de unas y otras medidas, ya que todas deben comenzar a ser implementadas de inmediato.
Un próximo artículo dedicado al tema del tránsito a la democracia, de la sola responsabilidad de este columnista, trata de responder a dos preguntas que se hacen muchos compatriotas: … ¿Qué circunstancias políticas marcarían el inicio de la Transición?, y… ¿Qué probabilidades muestran hoy los diversos escenarios para que ella se inicie en un horizonte cercano?
Lo inmediato: Restablecer la legalidad republicana y garantizar la irreversibilidad de los cambios
El primer grupo de planteamientos de la Propuesta Ciudadana tiene la mira puesta en el muy difícil período que llega hasta un año después de iniciada la Transición, durante el cual se debe haber desmantelado el sistema de control social para la dominación y restablecido la legalidad, así como haber apuntalado el proceso para que avance en paz y no se revierta.
El foco político para estas acciones está en la Asamblea Nacional, la cual debe restablecer la legitimidad y la legalidad en el funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional, así como la autonomía del poder municipal y la descentralización a regiones y localidades. La AN debe designar nuevas autoridades del CNE, el TSJ, la Fiscalía general, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República; restablecer la legalidad del funcionamiento de esos órganos y exhortarlos a la acción inmediata en materias urgentes como la revisión de los instrumentos comiciales, entre otros; derogar y reformar leyes que fueron dictadas en violación o abuso de la Constitución, como son las del Poder Popular y algunas relativas al régimen electoral y a los derechos de expresión y comunicación. Por último, la Asamblea debe proveer la acción legislativa que dé sustento legal al desmontaje de la hegemonía comunicacional y de la red de coerción violenta a las que nos referimos más adelante, y que dé fundamento a las medidas y políticas complementarias que se plantean en la segunda parte de este artículo, así como a las agendas económica y social que fueron discutidas en los artículos II/IV y III/IV de esta serie.
Para el desmontaje de la malla hegemónica de comunicación el foco principal de la Propuesta Ciudadana está en limitar los poderes que tomó el Ejecutivo, apoyándose en los instrumentos legales que deba proveer la AN para que las redes de comunicación respondan a directrices e intereses independientes del Estado. Lo mismo se plantea para las “Misiones”, las cuales deben ser revisadas en sus logros y eficiencia y pasar a depender de los entes rectores de sus respectivos sectores, en los marcos legales que corresponde y bajo supervisión de órganos de control independientes para impedir que en el futuro sean manejadas con criterios de clientelismo y exclusión, como fue comentado en el pasado artículo III/IV.
Como última parte de las acciones dirigidas a desmantelar el sistema de control social para la dominación está la red que el régimen creó originalmente para la coerción política violenta, que ha derivado en un conjunto de organizaciones abiertamente delictivas que lo enfrentan, las cuales integran “actores libres” de los cuerpos oficiales, Pranes, Colectivos, Seudo-Sindicatos y Mega-Bandas que se reparten los “mercados” de secuestros, extorsión y grandes robos. Estas organizaciones se interconectan a su vez a través de los negocios de la droga y el tráfico de armas, que -de acuerdo con informes nacionales e internacionales- estarían controlados por altos jerarcas del régimen chavista. La Propuesta Ciudadana contempla acciones estratégicas y operaciones específicas que comienzan por el saneamiento de cúpulas militares, cuerpos policiales y segmentos del poder judicial, incluyen campañas de educación ciudadana y operaciones de desarme, y el restablecimiento progresivo de la vigilancia policial y la protección a la ciudadanía en todas las zonas urbanas y rurales del país.
La Transición sólo puede avanzar en dirección a los objetivos antes comentados si existe un nuevo equilibrio de poder que incluya una mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional y si no se genera un conflicto mayor de poderes entre ella, el TSJ y el Ejecutivo. Para asegurar esas condiciones es indispensable la negociación de alianzas, y para defender la irreversibilidad es necesario ganar la lealtad de la Fuerza Armada a la Constitución y su apoyo a la reinstitucionalización.
La Propuesta Ciudadana explora alianzas y acuerdos para diversos escenarios con actores políticos nacionales, incluyendo a los medios de comunicación, algunos dirigidos a facilitar la gobernabilidad pacífica de la transición en general, y otros más específicos orientados a generar las mayorías necesarias para adoptar decisiones en el parlamento. La puesta en marcha de los programas económicos y sociales comentados en artículos anteriores abre oportunidades adicionales de alianzas con empresarios, alcaldes y gobernadores, tanto chavistas como de actual postura opositora, que contribuyan al mismo fin mencionado de lograr una transición pacífica.
Lograr el apoyo de la Fuerza Armada Nacional a los cambios y su lealtad a la Constitución es indispensable y no será una tarea sencilla porque vicios muy graves han hecho mella en sus cuadros más altos. Pero la FAN cuenta seguramente con reservas en sus líderes de todos los niveles, quienes entienden el peligro de desintegración moral al que ella está expuesta y el riesgo inminente de una crisis disolvente de la sociedad si los propios integrantes de la FAN no dan un paso al frente y la recuperan en su moral, su visión republicana y su eficacia. La Propuesta Ciudadana dedica planteamientos específicos a la relación del liderazgo civil con ellos, buscando promover su lealtad activa a la Constitución y su apoyo a una Transición que aseguraría en el corto plazo un funcionamiento de la FAN eficiente y apegado a la normativa, y un proyecto de desarrollo ulterior que la fortalezca de manera sostenida en sus valores, misión y capacidades.
Construir bases que consoliden los logros de la Transición, y dar pasos hacia un nuevo modelo institucional
La Propuesta Ciudadana incluye un segundo conjunto de programas que persigue consolidar la estabilidad política y los logros de reconstrucción institucional a lo largo de un horizonte no mayor de tres años, y un tercero cuyo objetivo es promover consensos sobre un nuevo modelo institucional para la República, que deba enmarcar el futuro desarrollo de Venezuela. Todas las estrategias, políticas y medidas de estos dos conjuntos deben ser implementadas a partir del inicio mismo de la Transición y son tan importantes como las del primero, a las cuales no solamente dan soporte sino también un marco de visión para el largo plazo.
Para consolidar la estabilidad política y hacer viable la reconstrucción, Venezuela deberá mirar hacia afuera y buscar cooperación internacional, pero fundamentalmente deberá mirarse a sí misma y desde adentro hacer lo necesario para sumar voluntades en su reconstrucción, para superar sus traumas y progresar en paz sin ahondar la división sino buscando activamente la reconciliación política y social, y para ello debe establecer la verdad de lo que hemos vivido en estos años, debe saber perdonar y a la vez reparar e impedir la impunidad; es decir, debe hacer justicia y no retaliación.
En función de estos juicios, la Propuesta Ciudadana plantea un programa para relegitimar a Venezuela internacionalmente, neutralizar eventuales intentos exógenos de impedir la Transición y ganar el apoyo del mundo para su reconstrucción, y tres programas internos mutuamente complementarios, el de Conocimiento de la Verdad, el de Reconciliación y Despolarización, y el de Justicia Transicional.
Por último, los especialistas que han desarrollado la Propuesta Ciudadana plantean, igual que en las agendas económica y social, que se inicie muy temprano en la Transición la promoción de consensos acerca de la institucionalidad que queremos en la Visión Compartida de País. Se trata de un proceso de participación amplia de la ciudadanía en el cual se establezcan los marcos jurídico-institucionales que harán viables y exitosos los objetivos económicos, sociales y ambientales de desarrollo de aquella Visión, y se llegue a las precisiones necesarias en materias políticas fundamentales que preocupan a la ciudadanía y que deben ser reformadas para salir de los vicios que nos han traído hasta aquí. Entre las materias que requieren de nuevos consensos están las relativas a los sistemas de justicia; las respuestas al excesivo presidencialismo, al centralismo y a la voluntad de Venezuela por una descentralización que camine hacia la participación local en otros modelos de Estado; los nuevos roles y maneras de cooperación entre los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil; y una visión del mundo que señale los caminos institucionales para la cooperación de Venezuela y el resto del planeta.
La Transición a la Democracia busca todo esto. Viendo la dimensión del reto, la necesidad impostergable de asumirlo y la talla del liderazgo necesario para conducirlo, comparto con mis lectores una reflexión que hiciese algo más de quince años Rubens Ricupero, académico, diplomático y político brasileño a la sazón Secretario General de la UNCTAD…
… “Si hubiera una marea así, pondría a flote todos los barcos, pero este camino no es fácil… requiere liderazgo de verdad y espíritu de cooperación… Por el bien de las generaciones futuras, cuanto antes haya ambas cosas mejor será”.
Para leer los artículos anteriores de esta serie, dale clic a los siguientes links:
Desenlace, transición y reconstrucción (I de IV)
Desenlace, transición y reconstrucción (II de IV)
Desenlace, transición y reconstrucción (III de IV)
