Venezuela: una bomba de tiempo
En Venezuela la libre participación del pueblo en manifestaciones de calle se ha vuelto algo exclusivo para los rojos, cada vez que la oposición solicita un permiso para marchar en el Municipio Libertador, la respuesta siempre resulta ser negativa.
Sin embargo a pesar de las limitaciones y las barreras impuestas por los cuerpos de seguridad, los manifestantes han aprendido a evadir los piquetes de la policía, los mueve las ansias de cambio, el hambre y la indignación por la injusticia. La respuesta que reciben es bombas y perdigones, accionados por quienes también son víctimas de la crisis pero que visten de uniforme.
Los resultados de las manifestaciones públicas que se han realizado durante el mes de mayo demuestran el claro conflicto social que se presenta actualmente en Venezuela. En este punto se puede evidenciar como algunos grupos de presión de los dos bandos de la política venezolana empiezan a dirigir su discurso al dialogo político, con la finalidad de encaminar al país hacia el “destino correcto”; como es el caso de la iglesia católica y ciertas organizaciones sindicales.
Por otra parte se encuentran otros grupos de presión que se encargan de seguir creando división y limitantes entre la sociedad venezolana, estos buscan (aunque no sea lo correcto) defender intereses más individuales e institucionales que los comunes de la nación.
La mayoría de los venezolanos opinan que todos los componentes de seguridad del Estado están al servicio de los intereses propios del Gobierno. Esto genera una clara violación a lo establecido en la Constitución, donde se expresa que no se les permite a los funcionarios de seguridad involucrarse de manera participativa en la política venezolana.
Este desconocimiento a la Carta Magna ha hecho que en ocasiones se pueda percibir que los órganos de seguridad en Venezuela, más allá de velar por la paz y la soberanía, se encargan de fungir como las fuerzas coercitivas de un Gobierno que posee una hegemonía política sobre todas las instituciones públicas del país.
Al igual que las distorsiones que se evidencian en los grupos de poder, los Poderes Públicos también forman parte de esta triste realidad política. Todas las instituciones públicas a excepción de la Asamblea Nacional están bajo el dominio del Gobierno. Lo que representa atentado a la transparencia y funcionalidad de cada uno de ellos, puesto a que sus decisiones van dirigidas al beneficio del régimen.
Uno de los casos más demostrativos es el del argumento que utiliza la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para anular o rechazar cualquier reglamento o ley emanada desde el Palacio legislativo, y por el contrario aprueba y legaliza cualquier petición hecha desde Miraflores, así esto vaya en contra de lo establecido en la Constitución.
El CNE por su parte como un órgano “independiente” y garante de la transparencia de los procesos electorales que se llevan a cabo en el país, también deja ver sus costuras con la utilización de pasos innecesarios y tardíos que no se encuentran establecidos en el Reglamento de Referendo, con el único fin de alargar los plazos de tiempos para la realización del mismo.
Todos estos abusos de poder han desatado una serie de conflictos moderados por parte de la sociedad civil organizada, que busca con presión de calle alzar la voz como inconformidad a las políticas que se ejecutan actualmente en el país. Ante esta realidad la respuesta del Gobierno es poner a tope todo su poder coercitivo para anular o invalidar cualquier indicio de manifestación que se genere.
La cantidad de militares que custodian las calles parece ser un poco exagerada, lo que parece no serlo es la incertidumbre y el miedo que tiene el Gobierno a que se genere un estallido social; algo que nadie desea, pero que si es posible. Cada vez son más las protestas en las calles, cada día incrementan los saqueos. La situación país es una bomba de tiempo.
Vehemente de la geopolítica internacional, los temas económicos y su impacto social.
Fiel creyente de las causas justas.
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