El curioso imperio de la ley
El imperio de la ley (rule of law) no es otra cosa sino un régimen jurídico a través del cual los agentes del Estado, así como, los ciudadanos están sometidos a la observancia de las normas de derecho consagradas tanto en las leyes como en los reglamentos, se trata del gobierno de las leyes y no de los hombres; por lo que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley, a la vez que ésta limita el ejercicio del poder.
La ley es un precepto dictado por una autoridad competente, que en nuestro caso es la Asamblea Nacional, según lo establece el artículo 202 de nuestra Constitución, la cual exige o prohíbe algo para lograr la paz y la tranquilidad social, cuyas notas definitorias más importantes son: generalidad, pues aplica a todos los individuos de la sociedad; obligatoriedad por su imperactividad; y permanencia, ya que es dictada de manera indefinida.
No es baladí que el imperio de la ley sea uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, ya que el Estado debe regirse por un sistema de leyes en el que cualquiera de sus ramas debe estar sujeta a una norma jurídica preexistente. Así, todo el poder está subordinado al orden jurídico vigente. Además de esta sujeción del Estado a la ley, en el Estado de Derecho son necesarios además que se conjuguen estos otros principios: supremacía constitucional, responsabilidad del Estado, control de los poderes del Gobierno, respeto a los Derechos Humanos fundamentales, orden público, seguridad jurídica, división de las funciones del Estado, impugnabilidad de los actos del poder y justicia.
El imperio de la ley (como el Estado de Derecho) es uno de los principales pilares de la democracia, no solo porque todos los miembros de la sociedad están obligados por igual a cumplir las leyes, sino también porqué ese imperio de la ley obliga a que exista una separación de poderes entre las ramas del Gobierno, un sistema de frenos y contrapesos del Gobierno (principalmente ejercido por el Parlamento) y por un Poder Judicial independiente, cuya función más importante es la de garantizar la supremacía constitucional y la de que el Gobierno respete el impero de la ley; pero debe tenerse claro, que tal y como dijo Kennedy, los jueces deben ser independientes no para hacer lo que prefieran, son independientes para hacer lo que deben.
Resulta evidente que actualmente en Venezuela no existe imperio de la ley, ya que ésta solo obliga a algunos ciudadanos, visto que otros (principalmente los que ostentan el poder) cuentan con privilegios, el Presidente y otros representantes del Estado ejercen el poder de manera arbitraria y en clara violación tanto a la ley, como a los fines que están obligados a perseguir y que se desprenden del Estado Social de Derecho y de Justicia que contempla nuestra Constitución.
Pero mucho más grave aún es la ausencia de poderes autónomos, ya que principalmente al Poder Judicial, representado en su máxima instancia por el Tribunal Supremo de Justicia, hace ejercicio de sus funciones para limitar y desconocer la voluntad popular manifestada a través de la Asamblea Nacional y las leyes que ésta ha dictado y que han sido declaradas inconstitucionales en un abierto ataque contra un poder constituido que, nada más y nada menos, representa la voluntad soberana y que se manifiesta en la elaboración de las leyes que hoy en día han sido desconocidas por el Tribunal Supremo de Justicia que no actúa a través de la razón y del mandato de la Constitución y las leyes, sino para complacer al Poder Político cuya única finalidad es mantenerse en el poder sin importar las necesidades de los venezolanos y el respeto de los principios democráticos.
Bien es sabido que el ataque del Poder Judicial contra la Asamblea Nacional se ha manifestado en diversas decisiones, sin un sustrato jurídico real, que solo quiere desconocer la voluntad mayoritaria de los venezolanos que dieron una suerte de mandato a la Asamblea Nacional para que legisle en su nombre, para su beneficio y para el mantenimiento de la paz social.
Ese desprecio a la autoridad de la ley también se ha manifestado a través del Consejo Nacional Electoral que pareciera impedir o, por lo menos retrasar indebidamente, el ejercicio de un derecho ciudadano, cual es el acudir a un referéndum para revocar el mandato de Maduro, sobre el que se ha dicho -por representantes del Gobierno ajenos al Poder Electoral- que ese derecho es solo una opción, desconociendo así uno de los ejercicios fundamentales de la democracia como son las elecciones a las que ahora la revolución rehúye y teme.
Por lo hasta aquí dicho es claro que en Venezuela no existe el impero de la ley, como tampoco Estado de Derecho y, por lo tanto, no hay democracia, ya que el ejercicio del poder no puede realizarse de espaldas a la ley y la Constitución o a través de la manipulación de éstos para desconocer las competencias y atribuciones del órgano de representación popular, atacar a los ciudadanos en el ejercicio del derecho legítimo de protesta y para sabotear el derecho a elecciones libres según la voluntad de los ciudadanos. Atropellos que solo existen cuando los poderes no son independientes entre sí, violan el mandato que están obligados a seguir en sus actuaciones y le dan primacía al ejercicio arbitrario del poder que ostenta el Presidente de la República por encima de los derechos ciudadanos y los valores fundamentales de la democracia.
Es por ello que en Venezuela no solo hace falta un nuevo Gobierno, sino uno que revise de manera profunda cuáles son los límites del poder, de primacía al imperio de la ley, que curiosamente es el que nos va a permitir reconstruirnos como una sociedad libre, ya que la ley solo persigue que cada uno de los derechos individuales interactúen armónicamente entre sí para que ninguna persona sea más que la otra, es decir, que seamos iguales no solo ante la ley, sino entre cada uno de nosotros y es allí donde debe poner el acento el poder, pues el respeto a la ley logra la paz, la tranquilidad y el beneficio común.
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