Tribunal Supremo Vs Asamblea Nacional: guerra de poderes que cruzó la constitucionalidad
Entre ambos bandos son recurrentes las acusaciones de violación a la Carta Magna
La madrugada del 7 de diciembre de 2015, más de la mitad de los venezolanos celebraron el triunfo de los diputados opositores en la contienda electoral por la Asamblea Nacional. Una atmosfera de alivio y satisfacción impregnaba calles y expectativas, ¡el cambio por fin comenzaría a materializarse!… frustración y desconcierto torcieron expresiones y rictus en las filas del Gran Polo Patriótico.
Volaron las hojas del calendario y se acerca el 5 de enero, (fecha en que los miembros de la MUD asumieron formalmente sus funciones dentro del hemiciclo). En casi un año, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido un total de 41 sentencias inconstitucionales, 31 de ellas dirigidas cual ariete de la Sala Constitucional contra la gestión del Parlamento.
Durante todo ese tiempo, Nicolás Maduro y Henry Ramos Allup se acribillaron a dardos retóricos prometiendo reír al último, mientras tanto; el revocatorio quedó sin efecto y la mesa de dialogo se rompió. El martes, la Asamblea Nacional discutió sobre la responsabilidad política de Maduro ante la crisis del país.
Los miembros de la unidad ahora promueven un juicio político contra el Presidente. En Respuesta el TSJ declaró la nulidad de ese proceso, del mismo modo que ratificó en sus cargos a Socorro Hernández y Tania D Amelio, en contra de lo establecido en la Carta Magna, que atribuye al poder legislativo la potestad para sustituir a las rectoras del Consejo Nacional Electoral una vez finalizado su mandato.
Tribunal Supremo en la mira
José Vicente Haro, tiene las cuentas claras (y sistematizadas), en las salas Constitucional y Electoral del TSJ: “ambas han incidido, y afectado la soberanía de la Asamblea Nacional, el pueblo y los partidos políticos” explicó el abogado.
De las 41 decisiones emanadas del TSJ:
- 4 pesan sobre los Diputados electos por el estado Amazonas: Desincorporados en enero, nuevamente admitidos en julio, y vueltos a apartar en un eterno vaivén; “¡desacato! y ¡nulidad! ¡Fraude electoral! Clamaron los magistrados… “Nunca se ha demostrado el supuesto desacato, por lo que jurídicamente esas sentencias no deberían proceder”, señaló Haro quien es especialista en el tema y preside la Asociación Venezolana Derecho Constitucional.
- 2 condicionaron el Referéndum Revocatotorio: . El presidente de la A.V.D.C, enumeró las acciones para frenar el revocatorio, desde la desestimación de un recurso constitucional para ratificar la validez del proceso, a la recolección (por estado) del 20% de manifestaciones de voluntad.
- 7 aprobaron el decreto de Emergencia Económica: Haro reiteró que este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, procedió inconstitucionalmente al poner en vigencia el Estado de Excepción sin la aprobación del Parlamento. “Lo más grave de este decreto y las sentencias que lo prolongaron es que cita al Plan de la Patria e insiste en el modelo económico”.
El listado completo de sentencias puede consultarse aquí
El abogado destacó que desde la sala constitucional del TSJ se han declarado nulas 8 de las 10 leyes sancionadas por la Asamblea Nacional… “el bono de alimentación para pensionados y jubilados fue aprobado, pero se va a poner en vigencia cuando el presidente de la República lo disponga, se dejó en un limbo jurídico al punto de que no se está cumpliendo”, enfatizó.
Haro expresó que gran parte de sentencias en contra del parlamento, buscan castrar sus facultades de contraloría y control político: “Se anularon artículos de la ley de interior y debates, y pretendió controlarse desde el orden del día hasta el funcionamiento interno, en contra de la autonomía del poder legislativo”. De esta manera se le impidió a la Asamblea Nacional; oponerse a la designación de Magistrados Express, suscribir acuerdos internacionales, o investigar casos como el del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez y la nacionalidad de Maduro.
Pluralidad política en riesgo
A Juicio de José Vicente Haro, el poder electoral amenaza entre líneas con disolver los Partidos de oposición que no actúen al margen de sus condiciones. El especialista detalló que a partir de enero, el Consejo Nacional Electoral arranca un periodo de actualización de datos, donde coacciona a las diferentes toldas y sus seguidores a someterse a un registro biométrico: “se limita la participación con tarjeta nacional a aquellos partidos que obtengan el 5% de militancia en al menos dos estados”, denunció el abogado.
Tensiones y divergencias se han venido observando en la Mesa de la Unidad Democrática. Enrique Márquez primer vicepresidente del parlamento y líder de Un Nuevo Tiempo, rechazó la ausencia de tres diputados en la sesión del 15 de Diciembre, en la que designarían a los rectores del CNE. Márquez declaró que su partido inició investigaciones en torno a; William Barrientos, Ricardo Fernández y Adolfo Superlano. En paralelo, el diputado Freddy Guevara, (Voluntad Popular) abogó por la reunificación de la coalición.
Sentencias de dudosa factura
Vicente Gonzales de la Vega, especialista en Derecho administrativo, manifestó que desde 2004 el Tribunal Supremo de Justicia no ha avalado una sola decisión en contra de la gestión del Estado: “Al cambiar la realidad política de la Asamblea Nacional, los Magistrados del TSJ se propusieron preservar al gobierno en el poder en lugar de administrar justicia” puntualizó.
Gonzales expresó que los problemas del chavismo se reflejan en la baja calidad de sus sentencias, también señaló que la Sala Constitucional utiliza las proclamas de desacato y el Plan de la Patria (llevado al nivel de una ley) a modo de comodines para validar sus dictámenes, por lo que reiteró la necesidad de que se revoque ese instrumento.
“Nicolás Maduro le debe la presidencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aseveró el abogado: fueron ellos quienes prepararon el camino para que hubiera un presidente candidato. Cuando Chávez se despidió del pueblo en 2012, el cargo de presidente interino le correspondía al entonces diputado Diosdado Cabello, que más tarde designaría a los magistrados correspondientes al periodo 2014, mediante un procedimiento contrario a la Constitución y a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, aclaró.
Sobre la sentencia que declara la nacionalidad del presidente Gonzales destacó que la Sala constitucional del TSJ omitió elementos que pudo haber utilizado para esclarecer el caso: “En lo personal creo que esa omisión tiene piquete, no para esconder una realidad sino para dejar esa duda sobre el tapete” argumentó.
De la misma manera, González de la Vega, cuestionó la fiabilidad de las leyes y acuerdos provenientes de la oposición, criticó que sugerencias y opiniones sean desechadas bajo el argumento de hacer política para enfrentarse al gobierno. “Es valido buscar una salida constitucional, pero debe hacerse con un trabajo de filigrana”. El especialista advirtió que aunque se trata de una decisión política, la declaración de abandono del cargo por parte del presidente, más allá del discurso tiene que asentarse en una base jurídica sustentada; en hechos documentos y pruebas que no se tienen”.
El abogado rechazó la irrupción del Tribunal Supremo de Justicia en otros aspectos de la vida nacional: ¿Qué tanto Sabe un Tribunal de Economía para pretender controlarla a base de sentencias?, inquirió. Gonzales de la Vega denunció a raíz de políticas como la ley de créditos indexados, que desde el TSJ se ha atentado contra el sector inmobiliario, acto seguido abogó por los jóvenes que no pueden optar por independizarse mediante la compra de un inmueble: “Habría que inventarse algo como la Gran misión Vivienda Venezuela, para luego declarar inconstitucional la ley que otorga los títulos de propiedad”, ironizó.
Aunque admitió tener una postura bastante crítica con respecto al reciente acercamiento entre el gobierno y la oposición, González de la Vega no descarta la mediación por medio de la palabra: “En algún momento tendrán que verse las caras, y retomar la sindéresis para poner las cosas en su lugar; que las leyes mantengan los principios que deben mantener, que las sentencias del TSJ sean administración de justicia y no discursos ideológicos. Desentrañar este juego político pasa por recuperar la institucionalidad”, Subrayó.
