Horas decisivas para los jueces destituidos

Un viejo axioma indica que la mejor manera de unir a la Corte Suprema de Justicia es atacándola, ya sea porque la aprietan en público o porque simplemente la detestan. El gobierno de Alberto Fernández cumplió acabadamente en los últimos días con esos requisitos para abroquelar al máximo tribunal de justicia del país. La gestión no solo fue impolítica, sino también inoportuna. Los cinco jueces supremos trabajan este fin de semana en la redacción de sus posiciones sobre la situación de los tres jueces destituidos por el cristinismo con la complicidad previa del gobierno albertista. Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los magistrados que juzgaron o juzgarán Cristina Kirchner, están de licencia hasta mañana. La intención de la Corte es conseguir una mayoría en los próximos días para resolver la situación de esos jueces maltratados por el oficialismo. Se propuso terminar con el tema, que ya provocó la protesta social durante varios banderazos, en la semana que se inicia. La pregunta que nadie puede responder es si logrará alcanzar la mayoría en las próximas horas. La fecha de culminación de la licencia de los tres jueces no es, sin embargo, un obstáculo o un límite; esa licencia podría prorrogarse.

Otra pregunta que tiene solo respuestas aproximadas refiere al sentido final de la resolución de los jueces supremos. ¿Respaldarán a los magistrados destituidos y los reincorporarán a sus cargos? ¿O, en cambio, buscarán una diagonal que terminará depositando de nuevo a los tres jueces en la ingrata calle a la que los mandó el cristinismo? Los cinco jueces supremos aprobaron en su momento, con mayor o con menor amplitud, los traslados de jueces, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Igual jerarquía y jurisdicción entre la vieja y la nueva función, por ejemplo. El núcleo central del problema consiste en resolver si esos jueces, que tienen acuerdo del Senado, necesitan un nuevo consentimiento de la cámara que Cristina Kirchner controla como si fuera una estancia familiar.

El asunto no es muy complejo. El Presidente viene diciendo desde que era candidato que su compañera de fórmula es inocente de todas las denuncias que le hicieron por prácticas corruptas durante su administración (y la de su marido). También advirtió que los jueces que la investigaron y la procesaron deberían dar explicaciones. Ya en el Gobierno, Alberto Fernández mandó a su representante ante el Consejo de la Magistratura a cuestionar a Bruglia y a Bertuzzi, que procesaron a la vicepresidenta y en algunos casos ordenaron su prisión preventiva, y a Castelli, juez del tribunal oral que debe juzgar a Cristina nada menos que por la causa de los cuadernos de los sobornos. Cuestionar a esos jueces significaba que el Senado volvería a evaluar su situación para darles -o no- el respectivo acuerdo. Volvió a evaluarlos. Después de que el Presidente los debilitó en el Consejo, Cristina los despachó definitivamente en el Senado. El acuerdo de los jueces fue rechazado. Esa es, tal vez, la única promesa de campaña que Alberto Fernández cumplió y concluyó. Dicho de otra manera, denunciada y defensor usaron los recursos institucionales para limpiar a los jueces que molestaban su futuro. Si lo consiguen, habrán quedado solo retazos de la república.

Carlos Fayt , el destacado juez de la Corte que murió hace cuatro años, tenía una doctrina implícita que casi todos los supremos hacen suya: «Si se cambia la jurisprudencia, hay que explicarlo». Como todos los actuales miembros de la Corte avalaron los traslados de los jueces, es conveniente saber qué harán con la doctrina Fayt. «Esta Corte no está dispuesta a dar explicaciones», dice uno de los jueces supremos. Significa que no cambiarán. Significa también que respaldarán a los jueces destituidos. Pero, ¿es así? Depende, agrega otro supremo, desde dónde se llegue al caso de los tres jueces. Podrían tratar exclusivamente el caso de ellos o podrían llegar a ellos después de una referencia general a los traslados. Si dijeran, por caso, que los tres jueces deben volver a sus funciones hasta tanto se hayan concursado sus cargos, estarán convalidando de hecho la destitución de ellos. Nunca pasarán por el Consejo de la Magistratura ni mucho menos por un acuerdo del Senado en poder de Cristina.

Los jueces Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco ya firmaron en su momento que los traslados son posibles hasta en los casos en los que la migración es de los tribunales ordinarios a los federales. A su vez, una mayoría integrada por los jueces Juan Carlos Maqueda , Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti especificó, también en su momento, algunas condiciones. Los traslados son posibles, dijeron, si existe igual jerarquía y jurisdicción, y avalaron el traslado de Bruglia. Bertuzzi y Castelli están en la misma situación. En las últimas horas (y en los últimos días) hubo un intenso diálogo entre Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para encontrar una posición común. También existe un diálogo bilateral entre Rosenkrantz y Highton de Nolasco porque ellos fueron más amplios en su convalidación de los traslados. La firma de tres jueces en el mismo sentido es el mínimo requerido para construir una mayoría.

La meta no parece lejana. Es casi imposible imaginar a Rosenkrantz cambiando su posición solo porque el Gobierno lo maltrató. Maqueda y Rosatti tampoco tienen antecedentes de jueces que modificaron su propia historia llevados de las narices por un poder que no es el suyo. Y Highton de Nolasco fue jueza casi gran parte de su vida, no solo en la Corte. Sabe lo que significan el mandato constitucional de la inamovilidad de los jueces y el respeto al juez natural. Con personalidades y formaciones distintas, esos jueces coinciden en una certeza común: después vendrán por ellos. La ruptura del contrato constitucional terminará forzosamente en la licuación del poder de la Corte Suprema.

Las peleas internas en el máximo tribunal habitan más en los pasillos de los tribunales que en la Corte misma. La cuestión de fondo fue siempre la estabilidad de su actual presidente, Rosenkrantz, porque en algunas oficinas de la Corte se trabaja, en efecto, para desestabilizarlo. Pero esa cuestión está zanjada desde junio del año pasado, cuando todos los supremos tomaron nota de que no existe en la Corte una mayoría para acortar el mandato de Rosenkrantz, que concluirá a fines del año próximo. Tampoco existirá. Las conspiraciones se agotan en trascendidos inciertos o en noticias falsas. La mayoría de los jueces tiene buena relación entre ellos y se eriza cuando los ataques al tribunal vienen desde afuera.

Alberto Fernández debería saberlo, pero fue él quien comenzó una saga de críticas públicas a la Corte que no ha cesado. Si bien centró su diatriba en Rosenkrantz, luego se extendió a toda la Corte porque supuestamente esta no aceptaba participar de los talleres de aprendizaje de igualdad de género que estableció una ley. La crítica presidencial enfureció sobre todo a Highton de Nolasco, la jueza de la Corte que, junto con la recordada Carmen Argibay , llevó más lejos en la Justicia una noción de igualdad entre hombres y mujeres. Argibay y Highton de Nolasco promovieron hace más de diez años la creación de la Oficina de la Mujer en la Corte. La ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, intentó darle clases de igualdad de género a esa Corte. La Corte le respondió, con palabras más elegantes, que sabe de eso más que la ministra. Alberto Fernández debió esforzarse mucho para lograr que Highton de Nolasco se enojara con él. A él le debe el cargo de jueza suprema, favor que ella nunca negó.

Un desaire mayor sucedió cuando la ministra de Justicia, Marcela Losardo , y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, rechazaron una invitación de Rosenkrantz a una reunión para agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad. «Oportunista», lo llamaron sin tener en cuenta que toda la Corte se ofendería en el acto. La Corte se ofendió. El supuesto «oportunismo» de Rosenkrantz se fundaba en que la diputada cristinista Vanesa Siley presentó justo en esos días un pedido de juicio político al titular de la Corte. Implícitamente, Losardo y Pietragalla avalaron el pedido de juicio político a Rosenkrantz de parte de Siley; es decir, de parte de Cristina. Un pedido imposible porque el oficialismo no tiene los números para hacerle juicio político a nadie. Eso significa crear problemas donde no los debe haber. Rosenkrantz invitó también a esa reunión a los organismos de derechos humanos. Todos se bajaron de la reunión, menos el CELS, inmediatamente después de que lo hiciera el Gobierno. ¿Pedido del Gobierno? Tal vez.

¿Los sucesivos empellones del Gobierno a la Corte sucedieron porque sabe que el tribunal respaldará a los tres jueces destituidos? Puede ser. No se explicaría tanta saña de otra manera. Los kirchneristas se enojan siempre antes, durante y después de derrotas que afanosamente buscaron.

Fuente: La Nación