Un viernes negro para la libertad de expresión

El pasado viernes 8 de enero, los derechos a la libertad de expresión e información en Venezuela sufrieron una terrible arremetida por parte de los órganos del estado venezolano.

Ciertamente no es la primera vez que una situación así ocurre en Venezuela. Debemos recordar el año 2007, donde la más grande estación televisiva del país cerró sus puertas, donde se censuró a un medio de comunicación nacional de tanto arraigo dentro de la población como lo fue Radio Caracas Televisión (RCTV).

Posteriormente al cierre, sus directivos buscaron la manera de volver a las pantallas de los hogares venezolanos a través de los servicios de suscripción por cable, pero tal iniciativa también fue bloqueada por los entes gubernamentales mediante las constantes amenazas realizadas a las distintas cableras que tenían dentro de su parrilla a esa estación de televisión.   

No conforme con la violación del derecho a la libertad de expresión e información materializada tras el cierre de RCTV, en el año 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), tomó la decisión de cerrar 32 estaciones radiales, haciendo que con estas acciones quede en evidencia el declive progresivo que iba teniendo tan importante derecho constitucional en Venezuela.

Muchos han sido los casos de cierres y ataques a los medios de comunicación y a los profesionales que en esa área laboran para ser reseñados, sin embargo, los últimos ataques a la libertad de expresión deben servir como un llamado de alerta para la comunidad internacional sobre la constante y flagrante vulneración que sobre este derecho se cierne por parte del Estado venezolano.

El día 8 de enero en la ciudad de Caracas la televisora VPI TV fue objeto de un ilegal comiso de bienes por parte de una comisión mixta de funcionarios adscritos a CONATEL y al SENIAT. En paralelo, en la ciudad de Maracaibo, autoridades del SENIAT se presentaron ante la sede del Diario Panorama cerrándolo hasta el día 12 de enero, y como si eso no fuese poco, a través de las redes sociales se dio a conocer que el Diario Tal Cual estaba siendo objeto de un ataque cibernético a sus equipos tecnológicos que impedía su normal funcionamiento.         

Como corolario de la situación, el portal de noticias Efecto Cocuyo estaba siendo blanco de una campaña de descredito promovida desde el Ejecutivo Nacional, por presuntamente ser promotores de golpes de estado en el país. Dicha situación motivo a que sus directivos emitiesen un comunicado en contra de la atroz campaña de descredito al cual estaba siendo sometidos.

Otro hecho que causó conmoción ese viernes negro fue la denuncia realizada por los directivos de la emisora Radio Fe y Alegría ubicada en el Estado Monagas, acerca del robo que personas encapuchadas cometieron llevándose computadoras, consolas, cableados, entre otras cosas. Este hecho ciertamente parece ser aislado de los otros casos, pero llama poderosamente la atención que el robo haya sido en contra de una estación radial, el mismo día en donde otros medios fueron atacados de manera simultánea.

Posteriormente a la ocurrencia de estos eventos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió un comunicado en favor de la libertad de expresión, los medios de comunicación y periodistas, a pesar de ello, desde la recién instalada Asamblea Nacional, justificaron las acciones de CONATEL y del SENIAT, arguyendo que la libertad de expresión tiene límites establecidos en la ley y que los medios de comunicación no pueden ser fachadas para ejercer acciones distintas a la del periodismo.

Si bien es cierto que la libertad de expresión encuentra limites concretos dentro de la Constitución, tales como la prohibición de campañas de guerra, el anonimato y los mensajes discriminatorios, no es menos cierto que la legislación debe estar diseñada para que este derecho se pueda ejercer con todas las garantías necesarias propias de un estado de derecho.

Sin embargo, en el caso venezolano la legislación que regula este importante derecho humano no contiene esas garantías. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos es una norma enormemente punitiva que establece sanciones extremas por cualquier conducta que a discreción del Directorio de Responsabilidad Social atente contra los demás derechos constitucionales regulados en la carta magna, en especial los vinculados a la protección de los niños, niñas y adolescente.

Dentro de esta norma existe la posibilidad que CONATEL con una amplia carga discrecional pueda dictar medidas cautelares en cualquier momento, como por ejemplo el comiso de bienes. Un ejemplo de una arbitrariedad cometida mediante la emisión de una medida cautelar ocurrió en el año 2017 con el cierre del programa “Municipio Venezuela” conducido por el Alcalde del Municipio El Hatillo, David Smolansky, la comisión simplemente alegó que el conductor era un terrorista y el programa desapareció de la parrilla de programación de Radio Caracas Radio. Un caso más reciente es el acaecido con VPI TV, al momento de incautar todos los equipos, esa acción hace que sea materialmente imposible sus transmisiones, violentando con ello la libertad de expresión que irónicamente la norma debe garantizar.

Desde la oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos en sucesivos informes ha alertado sobre esta situación. Por ello, es necesario una modificación legislativa en materia comunicacional, sin embargo, esa posible reforma no se de en el corto tiempo debido a que el estado venezolano ha dejado en claro que su prioridad no está en la lucha por la libertad de expresión sino en su destrucción.