El arco minero también nos preocupa
La gravedad de la difícil crisis que atraviesa el país trae como consecuencia que nos preocupemos únicamente por nuestros problemas más inmediatos, como lo son la alta e indetenible inflación, la escasez de medicinas y alimentos (crisis humanitaria), la necesidad de lograr una salida pacífica y electoral de este Gobierno a través de un Referéndum Revocatorio y la inseguridad que atenta contra nuestras vidas. Pero la realidad venezolana, debido a un Gobierno forajido a espaldas del Estado de Derecho, hace que existan otras aristas de esta crisis que podrían constituir daños irreparables. Tal es el caso del Arco Minero del Orinoco.
La explotación que se pretende en el Arco Minero del Orinoco forma parte de los 14 motores de la Economía Productiva relanzados por Maduro, en el que el motor minero constituye el octavo motor y surge como una estrategia gubernamental para que Venezuela obtenga más ingresos debido a la caída de los precios del petróleo. A través de este motor se pretende extraer oro, cobre, diamante, coltrán, hierro y bauxita. La idea es que con esa explotación Venezuela se ubique como el segundo país con mayor número de reservas de oro, tomando en cuenta que poseemos 7 mil toneladas de ese elemento, lo cual equivale a reservas para 70 años si se explotara y administrara de manera correcta.
Como consecuencia de ello, el Presidente de la República dictó el Decreto N° 2.248 del 24 de febrero de 2016, por medio del cual se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” que permite la explotación minera de 111.843,70 km2 en el Estado Bolívar.
Contra ese Decreto se intentó una demanda de nulidad que fue admitida por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa a través de la Decisión N° 177 del 21 de junio 2016. Nos adelantamos a opinar que esa demanda no prosperará, si tomamos en cuenta los datos contenidos en la obra El TSJ al servicio de la Revolución (Canova y otros), que evidencian que la mayoría de las decisiones favorecen al Gobierno desde hace ya largo tiempo. Lo anterior lo ha venido demostrando la Sala Constitucional a lo largo de este año con casi una veintena de decisiones que violan la Constitución y que evidencian la falta de independencia del Poder Judicial para favorecer al Ejecutivo en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
El desarrollo de esa explotación minera violará el artículo 127 de nuestra Constitución, que contempla el derecho de un medio ambiente sano y equilibrado, así como, el deber del Estado de proteger el ambiente. Particularmente, con esa minería se pondrá en peligro de extinción parte de la vegetación de ese territorio, afectará la biodiversidad y recursos naturales como el agua que podrá ser envenenada con mercurio y cianuro. También se incrementarán los sedimentos que llegarán hasta la represa del Guri, lo que disminuirá su capacidad para generar electricidad. Todo ello conlleva a pensar que la actividad minera que se desarrollará en el denominado Arco Minero seguramente tendrá un impacto negativo en el medio ambiente y los daños que allí se ocasionen serán irreversibles.
La posibilidad de que esos daños irreversibles se materialicen es prácticamente una realidad, pues estamos ante un Gobierno en el que la transparencia y el control son incómodos y por ello prefieren la opacidad en todas sus actuaciones, dado que en casi todos los casos los fines perseguidos por sus representantes son diametralmente opuestos a los que señalan antes de emprender sus actuaciones.
Resulta anecdótico decir que de producirse estos daños se desconocerá el Plan de la Patria, que es el Plan Nacional de Desarrollo (del período 2013-2019) que podría ser ejecutado por el Gobierno a través de sus actos, cuyo quinto gran objetivo, el de preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana contempla la necesidad de construir un modelo económico productivo eco socialista que garantice el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Objetivo que seguramente será desatendido debido a que si no se respeta nuestra vida, mucho menos se respetará el medio ambiente.
En concreto, la suma de problemas que hoy nos agobian (económicos, sociales y a partir de ahora ambientales) refuerzan la necesidad de un cambio de Gobierno que nos respete como ciudadanos y que sienta como suyos nuestros problemas y recursos naturales. Ese debe ser el punto de partida que nos permitirá superar esta grave crisis que hoy vivimos.
- La MUD es sorda - 13 agosto, 2017
- Basta de Ramos Allup - 6 agosto, 2017
- Derecho y literatura: El proceso (en Venezuela) - 4 diciembre, 2016
