De los bolivianos, para los bolivianos

Daría la impresión de que una parte importante de los ciudadanos bolivianos tienen una preferencia respecto a que las empresas e industrias del país sean controladas por el Estado.  Si bien, a priori esta preferencia romántica suena interesante, las estadísticas nos muestran otra realidad.  Mayoritariamente, los países que han alcanzado un grado de desarrollo alto, han trabajado en mayor o menor grado con el mundo privado para lograr un mayor bienestar para sus ciudadanos.  Por lo general, los Estados son administradores deficientes y ello se exacerba cuando el capital humano estatal no es calificado, generando ineficiencias devastadoras para el progreso de los países.  En cambio, las empresas privadas tienen incentivos relevantes para administrar correctamente sus intereses, ya que, de lo contrario, podrían quebrar y dejar de existir.  Ningún extremo es correcto a mi parecer, pero un adecuado equilibrio de coexistencia parece ser la receta que se repite una y otra vez en países exitosos.  Cuando a las empresas privadas y/o públicas les va bien, la recaudación fiscal crece y se pueden financiar programas de desarrollo que lleven a su población a alcanzar un mayor bienestar.

Antes de tratar de convencer al lector con retórica idealista abstracta, me gustaría citar algunos ejemplos que validan lo que planteo:

La industria de gas y petróleo en Bolivia fue impulsada por empresas privadas hacia fines de la década de los 90, que luego fueron pseudo nacionalizadas en el año 2006.  Fue el super ciclo de las materias primas, sumado a la infraestructura empresarial existente, que permitieron expandir la producción gasífera sustancialmente a lo largo de una década.  Sin embargo, fue el Estado quien fallidamente trató de renovar la totalidad de los contratos de gas clave para la nación y quien tuvo gastos exacerbados en exploración que dieron virtualmente un resultado nulo.  La realidad actual de dicha industria es que las reservas languidecen, que no existe transparencia en la administración y entrega de resultados y que las exportaciones, y por ende la recaudación, van a ser sustancialmente menores a periodos previos.  Probablemente la historia de contratos y reservas sería distinta si el Estado se hubiera dedicado a la regular y no a administrar, o bien, hubiese existido un sistema mixto público/privado para tomar decisiones acertadas.

En minería ocurrió algo similar, a pesar de que Bolivia es un país históricamente minero.  Se aprobó una ley minera virtualmente opuesta a las de aquellos países que atraen toda la inversión minera de la región.  Destruyeron una parte de la poca minería privada industrial del país (Glencore) y entregaron a COMIBOL, empresa minera estatal, la dirección de dicha industria en el país.  El proyecto de cobre de Coro Coro por ejemplo, en manos de COMIBOL, produce cerca de 2k TM de cátodos de cobre (cobre fino) anuales, con un potencial máximo de producción de 5k TM anuales.  Dicho proyecto fue inmensamente promocionado por el gobierno de turno en el año 2012 como el gran proyecto de cobre de los bolivianos para los bolivianos.  Si bien lo anterior es cierto, nadie le informó a la gente que dicho proyecto carece de escala en el espectro regional.  En concreto, Chile y Perú produjeron en el año 2020 cerca de 5.7m TM y 2.15m TM de cobre fino respectivamente.  Es decir, Coro Coro representa menos del 0.01% de lo que produce cualquiera de los dos países antes mencionados.

Ahora bien, el cobre no es representativo de la producción minera total en Bolivia, pero es un buen ejemplo de la propaganda política que muchas veces confunde a la gente.  Lo que si es un buen indicador de que las cosas no andan bien es que la inversión extranjera en minería en Bolivia en el año 2020 fue virtualmente nula y la de Chile y Perú fueron de USD 6bn y USD 5bn respectivamente, países donde las iniciativas privadas, y en el caso de Chile también la estatal, son fundamentales.  Dichos montos se suman a los de las anteriores décadas que llenaron las arcas fiscales de ambos países a través de impuestos y royalties.  En Chile, las 10 mayores empresas mineras privadas del país pagaron USD 49bn en impuestos los últimos 14 años.

El ingenio azucarero Buenaventura y el proyecto de Urea y Amoniaco Bulo Bulo hablan por si solos.  Ambos son proyectos greenfield o proyectos que empiezan de cero y que deben contar con todas las condiciones correctas para ser financiados.  Entre las más obvias son: un mercado al que vender, acceso a materias primas, contratos que aseguren los usos de planta, etc.  En términos financieros, se debe asegurar la “bancabilidad” de un proyecto para que los flujos de este repaguen la inversión en cierto periodo de tiempo.  El no asegurar dicha “bancabilidad” y hacer los proyectos, es como salir a navegar a altamar con un hoyo en el barco, esperando que en el camino alguien pueda resolver el problema sin las herramientas adecuadas.  Buenaventura y Bulo Bulo no eran bancables porque carecían de materia prima y contratos comerciales respectivamente, entre otros problemas, sin embargo, el capricho político permitió que se hicieran.  Si estas iniciativas hubieran sido privadas, probablemente nunca se hubieran gestado, ya que la evaluación de viabilidad de los proyectos hubiese sido negativa.

Hoy Bolivia tiene majestuosos elefantes blancos como Buenaventura, Bulo Bulo, aeropuertos internacionales sin uso, estadios de fútbol en el medio de la nada, y un largo etcétera.  Además, mantiene diferentes empresas públicas deficitarias que son sustentadas con los impuestos de los ciudadanos, las cuales debiesen haber cerrado hace tiempo porque destruyen valor sistemáticamente (PAPELBOL, CARTONBOL, MUTUN, etc,).  Mientras tanto Bolivia sigue siendo un país pobre, derrochando recursos importantísimos que hubieran servido para elevar el bienestar de sus ciudadanos.  Quizás convenga repensar la preferencia autárquica de muchos y aspirar a fortalecer la presencia de la empresa privada local e internacional en el país, permitiendo que el Estado se encargue de controlar que se respeten las normas.  Las excepciones debiesen ser bienvenidas cuando priman aspectos geopolíticos como en el caso del gas y el litio, donde una cooperación público-privada sería óptima.