Funcionarios en campaña
Por Francisco Alfonzo
@FranciscoAlfonz
Las campañas electorales siempre son un período revuelto en Venezuela, lastimosamente estamos demasiado acostumbrados a ese sacudón político que anualmente ha ocupado gran parte de nuestra atención desde los últimos años. Y decimos lo anterior con connotación negativa porque las campañas electorales en el país se desarrollan en condiciones profundamente antidemocráticas, confusas y hasta invasivas de la privacidad de los venezolanos. La principal causa de lo anterior es la falta de separación entre Estado y sociedad, así como la confusión del partido de gobierno con el Gobierno propiamente dicho y la no distinción entre lo público, lo político y lo privado.
En ese sentido, debemos prestar especial atención a las malas costumbres que han tenido tradicionalmente los funcionarios públicos del país frente a las campañas electorales. El funcionario público, como su nombre lo dice, es una persona que –mientras actúa como tal– debe dedicar su labor a la consecución de los fines del Estado en beneficio de la sociedad y jamás eso debe significar el favorecimiento de una determinada parcialidad, partido o élite política. En Venezuela nunca se ha fomentado una cultura que propicie lo anterior, sino todo lo contrario, por eso hoy día encontramos lamentables y graves irregularidades en las recurrentes campañas electorales venezolanas.
Un funcionario público es, por explicarlo de alguna forma, dos personas a la misma vez. La primera es el individuo particular, el padre de familia, el amigo, el deportista, el bonchero o el intelectual, es una persona que deja el trabajo en la calle o en la oficina y en el hogar es una persona privada, titular de los mismos derechos y, sobre todo, de las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos. La segunda persona es aquel que está al servicio de la sociedad, lo encontramos en las oficinas públicas o quizás en las calles, pero sea donde esté, mientras se desempeña en su cargo debe destinar su tiempo, sus recursos, potestades y medios para cumplir con una labor que esta previamente establecida de manera rígida en una Ley o en un Reglamento, sin posibilidad de atribuirse facultades extraordinarias. La conducta del funcionario público debe ser siempre democrática, imparcializada y servicial.
Ahora bien, ocurren situaciones en las que el funcionario público adquiere una tercera personalidad, la del político que sale a buscar votos en la calle. Ahí es cuando el asunto se vuelve más complicado todavía. Lo anterior, no está del todo mal per sé, pero la conducta, los motivos y las circunstancias de esa situación deben ser cuidadosamente consideradas y vigiladas a los fines de evitar los excesos antidemocráticos que hoy día sufre la política venezolana. Las leyes venezolanas permiten que ciertos funcionarios públicos hagan campaña en determinadas circunstancias, sin embargo ello no es aplicable a todos automáticamente al iniciar lo período comicial, debe haber un motivo que justifique su participación en las actividades de captación de votos. Adicionalmente, cuando algún servidor público se enrola en una actividad de proselitismo electoral debe hacerlo separado de su cargo, sin utilizar sus potestades oficiales que le da la Ley, ni su uniforme, ni los recursos del Estado, ni las oportunidades que se presentan cuando se desempeña el cargo para favorecer a una parcialidad política.
Por ejemplo, los ministros del tren ejecutivo presidencial. Es evidente que deben abstenerse, en todo momento, de hacer campaña mientras desempeñan el cargo y si desean participar en las actividades de captación de votos celebradas por su Partido, deben hacerlo en todo momento como personas individuales, privadas, como un ciudadano más que va a una marcha, sin aprovecharse de circunstancias especiales para favorecer a una parte de la contienda electoral o perjudicar a alguna otra. Eso es aplicable a los dos bandos de cualquier contienda electoral, no obstante, en la medida en la que un bando tenga mayores funcionarios y participación en lo-público, superior debe ser la vigilancia y el cuidado de esa conducta. No se justifica que, por ejemplo, todos los altos funcionarios del Gobierno Nacional pasen todos los días de la semana criticando públicamente y en actos oficiales a la oposición, a los partidos políticos adversos y buscando favorecer la imagen de su partido. Hoy día los métodos publicitarios y retóricos pueden ser muy efectivos para lograr lo anterior de manera subliminal y discreta, pero ello no lo hace legal ni democrático.
Ese régimen de conducta es aplicable a cualquier servidor público, del rango que sea e independientemente del órgano o ente al que pertenezca. No solo los ministros sino todos los empleados de cada ministerio, pero también a los miembros de la Fuerza Armada, a los empleados de las Empresas del Estado, a los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Moral y Electoral, también a los burócratas de los institutos autónomos. Por supuesto que lo anterior es además aplicable a los funcionarios de los poderes estadales y municipales, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados regionales y todo lo que de ahí para abajo se desprenda.
El caso del Gobernador de Miranda no escapa de lo anterior. Como militante de la oposición y vocero fundamental en la presente campaña electoral, Henrique Capriles debe cuidar mucho no desviar sus funciones, atribuciones, recursos y ventajas del cargo para favorecer a la parcialidad política que representa o para perjudicar a la del adversario oficial.
Es evidente que el Presidente de la República es el primer ciudadano del país que debería dar una conducta ejemplar en cumplimiento del régimen de conducta al que se ha hecho referencia. Lamentablemente ese señor está haciendo todo lo contrario. En ningún momento se ha quitado la investidura de presidente para actuar en actos públicos, además todos esos actos han sido oficiales, actos de Estado o de Gobierno, no obstante, en ellos no ha desperdiciado ni una oportunidad para participar, como Presidente, en la campaña electoral, atacando férreamente a la oposición y buscando dañar la imagen pública de esta, a su vez que intenta descaradamente ganar votos y adeptos para su partido.
Es importante que en Venezuela recobremos el sentido de la institucionalidad y el respeto por la majestad de los cargos del Estado. Sin embargo, es sumamente difícil que lo anterior ocurra si los mismos individuos que ocupan los más altos puestos públicos son los primeros que no honran su investidura y la desvirtúan a diario con actuaciones que verdaderamente resultan siendo vergonzosas.
