¿Cambio o normalización?: agendas transversales de conflicto en Venezuela

Por Ysrrael Camero

@ysrraelcamero

 

 

 

La conflictividad política y la destrucción económica que vive la sociedad venezolana no son expresión coyuntural y pasajera, sino evidencias de una crisis estructural del modelo de desarrollo y de la incapacidad de la facción gobernante para implantar un proyecto político que cuenta con el rechazo de la mitad de la población.

 

Sea por medio de la confrontación en calle o a través de diálogo y negociación, probablemente por una combinación de ambas, el conflicto sociopolítico seguirá. La correlación y el funcionamiento del poder en Venezuela no se corresponden a la dinámica de las fuerzas sociales que subyacen, como magma, debajo de nuestros pies, si esa disonancia no se resuelve el conflicto persistirá. De allí que, aunque sea por oleadas sucesivas, interrumpidas por etapas de ilusoria tranquilidad, la presión de calle continuará.

 

En Venezuela no hay paz, no me refiero exclusivamente a la ola de manifestaciones que se han desarrollado nacionalmente desde el 12 de febrero, hablo de las miles de protestas que cada año desbordan las calles, por razones laborales, de crisis de servicios públicos, por causas políticas, económicas y sociales. Hablo también de los cientos de miles de víctimas del hampa en estos quince años, de los más de 24 mil asesinados impunemente por la delincuencia el año pasado, de los más de dos mil muertos por manos criminales entre enero y febrero del presente año, sin que hayan juicios, ni tribunales, ni justicia.

 

En lo que se refiere a la falta de paz este mes de protesta ha sido especialmente visible y mortal, acumulando ya más de dos docenas de fallecidos en manifestaciones públicas, cientos de heridos y miles de detenidos, generando una crisis de gobernabilidad que se extiende de oriente a occidente y de norte a sur.

 

En Venezuela no hay democracia. Quizás esta constituya una de las frases más polémicas para quienes siguen con mirada distante y distraída, aunque con curiosidad, nuestra dinámica política. La recurrencia de los procesos electorales puede generar confusión en quienes confunden el rito del sufragio con la sustancia democrática. La sociedad venezolana sufre lo que algunos pensadores han dado en llamar un “régimen híbrido”, ornitorrinco político surgido de las cenizas de la guerra fría, que usa los métodos y rutinas de la democracia para destruir su naturaleza, demoliendo libertades civiles y políticas, cercenando la autonomía vital, la capacidad de agencia, de organización, de la sociedad.

 

Venezuela es un “autoritarismo competitivo”, régimen cada vez más autoritario donde los rituales democráticos no sirven para cambiar la correlación y el funcionamiento del poder real, y donde las instituciones controladas desde un centro, sirven fundamentalmente como instrumento de control despótico y arbitrario de la población.

 

En Venezuela no hay progreso socioeconómico, porque todo el sistema económico se ha levantado en estos quince años para destruir la capacidad productiva de la sociedad, demoler su capacidad de agencia, construir una economía dependiente y clientelar en la que los ciudadanos dejan de ser gestores activos de su propia vida. Los recursos petroleros han sido explícitamente usados para destruir cualquier tipo de producción autónoma privada, convertida para el gobierno en objetivo político a destruir.

 

La disonancia entre la correlación de las fuerzas sociales y el funcionamiento del poder institucional, monopolizado por una facción, agregado a estos tres déficit, de paz, de democracia, y de progreso, crean un escenario de prolongada y profunda confrontación. Para que la sociedad venezolana pueda superar esta confrontación requiere ir superando un conjunto de agendas, de problemas a resolver.

 

De este modo, pretender que Venezuela avance hacia una “normalización” que no implique cambios sustantivos en el poder, en la manera como se origina, en la manera en que funciona, en el destino y límites de su accionar, no solo es falso sino que constituye un error grave que dilatará el conflicto en vez de resolverlo, y agotará a los actores sociales y políticos en el proceso, mermando su legitimidad y reduciendo la gobernabilidad.

 

Este artículo no pretende entonces ser una agenda de diálogo, aunque alguno de sus elementos podría resultar pertinente para alcanzarlo, sino más bien una agenda de temas pendientes que debemos resolver, como sociedad, para que podamos construir la paz, alcanzar la democracia y abrir paso a la posibilidad de generar un desarrollo humano sustentable para todos los venezolanos.

 

Algunos de estos requerimientos son urgentes, otros han de construirse paso a paso, todos son imprescindibles, muchos pueden ser resueltos con voluntad política real de parte del gobierno nacional, algunos requieren cambios de política, otros exigen un cambio político sustancial. Cada uno de ellos compromete el futuro de nuestro país.

 

1.Exigencias para la agenda de la paz: unos primeros pasos

 

Acá hemos de separar la paja del trigo, el apaciguamiento construido por medio de la represión y el terror, la aceptación de un orden impuesto despóticamente no es la paz que Venezuela requiere. Por eso la agenda de “paz” y de “diálogo” que ofrece el gobierno es un fruto envenenado, y está condenada al fracaso.

 

La paz necesaria requiere de reconocimiento, justicia y libertad. No se han creado en Venezuela las condiciones objetivas y subjetivas para avanzar en este sentido, y la responsabilidad corre por cuenta del gobierno, quien mantiene un férreo control de todas las instituciones del Estado.

 

El actor primero y primario del escenario de confrontación actual es el movimiento estudiantil, por ende, es con los estudiantes con quienes el gobierno tiene que sentarse a construir acuerdos, es decir, con disposición a cambiar políticas, tomar acciones de poder, a ceder. Solo cediendo podrá el gobierno hacer posible una paz real.

 

Construir un mínimo de gobernabilidad requiere cambios que van más allá de lo cosmético. Respetar el derecho constitucional a la protesta pacífica es una obligación del Estado y una exigencia que el gobierno tiene que atender. Eso implica, para hacer posible el común caminar hacia la paz, el cese inmediato de la represión desatada contra las manifestaciones públicas, y la amnistía plena a los estudiantes detenidos. A esto deberíamos agregar la remoción de los principales responsables políticos de la represión y la realización de verdaderas investigaciones independientes sobre los asesinatos.

 

Por otro lado, la existencia aupada, financiada, aplaudida, por el gobierno nacional, de grupos paramilitares o parapoliciales armados, denominados “colectivos”, a los que se les ha entregado el control de porciones de algunas ciudades, incluyendo urbanizaciones de Caracas, es obstáculo gigantesco para caminar a la paz. El retiro inmediato de los colectivos armados del chavismo es imprescindible y urgente, así como el inicio inmediato de su desarme. Sin que el gobierno avance en este sentido su propuesta de “diálogo” no tiene credibilidad.

 

La desaparición de la censura y de los mecanismos de presión que promueven la autocensura también es requerimiento para que avancemos hacia la paz. La aprobación inmediata de las solicitudes de divisas de los medios de comunicación sería un paso en la dirección correcta.

 

Solo avanzando en este sentido el gobierno podría hacer creíble su retórica de diálogo político y de paz. Caso contrario seguirá monologando, mientras la crisis de gobernabilidad se prolonga en el tiempo.

 

2.Exigencias para la agenda de la democracia

 

Pero avanzar hacia la paz no es suficiente. La conflictividad social y política tiene en la ausencia de democracia una de sus causas más profundas. Es el problema de la correlación y funcionamiento del poder un tema que no podemos evadir, es acá donde la agenda específicamente política ha de emerger con contundencia, con firmeza.

 

Llevan razón quienes señalan que la política de la alternativa democrática debe centrarse en presentar soluciones a los problemas de la gente común, especialmente de los sectores populares, para consolidarse como mayoría social que se convierta posteriormente en mayoría electoral. Como principio general esta política es radicalmente cierta, pero en la expresión concreta actual resulta insuficiente. Si no se combina esta estrategia de crecimiento social con una de cambio político-institucional podemos consolidarnos como una mayoría impotente.

 

Evadir la relación entre protesta social y crisis política brinda un flaco servicio a las causas democráticas, porque ese vínculo funciona en ambas direcciones. Es responsabilidad del liderazgo desnudar las responsabilidades institucionales de la crisis social y económica. También lo es concientizar a la ciudadanía en que la resolución de los problemas cotidianos pasa por un cambio político.

 

Una fuerte presión debe apuntar en esa dirección, combinando con firmeza la protesta de calle, las manifestaciones públicas, con exigencias concretas que afecten tanto la correlación como el funcionamiento del poder. Estas exigencias son absolutamente democráticas.

 

Varios objetivos político institucionales se encuentran ante nosotros. La selección paritaria de los miembros directivos del Consejo Nacional Electoral, aplicando los procedimientos constitucionales, para construir un Poder Electoral independiente, es una demanda no solo legítima, sino imprescindible para hacer posible que la mayoría social se exprese libre y abiertamente. La reforma completa del régimen electoral venezolano, pasando por la confección conjunta de los circuitos electorales para las parlamentarias de 2015, es un objetivo a destacar.

 

En ese mismo sentido la renovación paritaria, consensuada, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podría ser también objeto de una firme presión política, combinando calle con diálogo. Podemos agregar la selección constitucional de un nuevo Contralor General de la República que sea independiente, separado del gobierno nacional. Igualmente se puede exigir la separación de la Fiscal General de la República y de la Defensora del Pueblo de sus cargos para proceder a la selección consensual de nuevos funcionarios independientes.

 

El necesario cambio político institucional pasa también por el Parlamento. Las exigencias son múltiples, todas legítimas, todas democráticas. Que se garantice una distribución equitativa de las Comisiones de la Asamblea Nacional, que la presidencia de la Comisión de Contraloría esté permanentemente en manos de la oposición. Que una Comisión paritaria de diputados realice un nuevo reglamento del funcionamiento interno de la Asamblea Nacional que garantice que funcione equitativamente para la pluralidad de los sectores políticos representados.

 

Una nueva gestión de la política comunicacional del Estado también ha de estar en la agenda para que avancemos hacia la democracia. Sería un punto importante para presionar al gobierno la exigencia de creación de una Comisión paritaria, con representantes del gobierno, de la oposición, de las universidades autónomas, de los gremios periodísticos, para gestionar el sistema nacional de medios públicos de todos los venezolanos de manera que reconozca la pluralidad de la sociedad. En el mismo espíritu podríamos agregar la creación de una Comisión bipartita, gobierno y oposición, para la reestructuración de ANTV, reflejando la pluralidad del parlamento venezolano.

 

La descentralización es uno de los más importantes logros contemporáneos de la sociedad venezolana. En el desarrollo de su proyecto político el gobierno ha venido destruyendo las bases institucionales de dicho proceso, ha centralizado competencias, ha arrebatado recursos, ha impuesto autoridades paralelas a las existentes, ha creado una estructura “comunal” controlada centralmente, perjudicando la capacidad de gestión de las instituciones descentralizadas y sus autoridades electas. Detener la centralización del poder, cesar las acciones destinadas a destruir a las autoridades locales, es importante para que pueda retomarse la senda democrática.

 

Ninguna de estas exigencias violenta la Constitución, ninguna de ellas constituye un Golpe de Estado, todas ellas harían posible que la sociedad venezolana reiniciara su camino a la democracia, deteniendo la implantación del proyecto totalitario y revirtiendo los efectos perniciosos del autoritarismo desatado.

 

Estos cambios son posibles manteniendo la presión en calle, la protesta pacífica, con objetivos políticos concretos, combinada con exigencias específicas que lleven al gobierno a hacer lo que no quiere hacer, lo que teme hacer, para eso se presiona al poder, para eso se dialoga políticamente, para eso se negocia en condiciones hostiles con un autoritarismo competitivo, para evitar el deslizamiento autoritario y hacer posible una transición a la democracia.

 

Acá aprovecho para ratificar que el diálogo y la presión en calle solo tienen efectividad si están vinculadas. Un diálogo político solo será efectivo frente a este gobierno si está acompañado por una firme presencia en calle; en caso contrario el gobierno no cambiará sus políticas, y mucho menos detendrá la implantación de su proyecto político. La presión de calle se agota sin interlocución política. Separadas son actos impotentes. El gobierno juega a separarlas, para neutralizarlas. Eso es lo que debemos evitar.

 

3.Construyendo una agenda del progreso socioeconómico

 

Revertir el daño que el intento de implantar este modelo político ha causado sobre las fuerzas productivas venezolanas será un proceso largo y complejo. El modelo económico ha fracasado con estruendo, la necesaria agenda de cambio económico está vinculada con una nueva agenda de cambio social, siendo este un proyecto de largo aliento que debe empezar pronto.

 

Volver a transitar el camino del progreso socioeconómico no exige solo un cambio de políticas, sino que requiere un cambio político general, lo que implica el retorno de la democracia y la conversión de una mayoría social en una mayoría electoral efectiva.

 

Pero a corto plazo se pueden dar importantes pasos, y hacia allá puede estar dirigida la presión política concreta. Luchar contra la inflación implica ordenar las finanzas públicas, abrir los fondos “fantasma” que se encuentran fuera del control parlamentario y reducir el gasto derrochador y la impresión de dinero inorgánico.

 

La creación una Mesa de diálogo económico real con los sectores políticos y productivos sería creíble si hubiera un cambio global de políticas. Exigir la remoción del Vicepresidente económico, Rafael Ramírez, del Ministro de Planificación, Jorge Giordani, y de todo el gabinete económico es una demanda política que corresponde al tamaño del desastre económico que vivimos.

 

De igual manera debería exigirse el cese de la persecución contra productores y comerciantes, la derogación de la Ley de Precios Justos, y la creación una comisión paritaria para evaluar resultado de los procesos expropiatorios contra los productores.

 

El reconocimiento de los derechos de propiedad, como parte del Estado de Derecho, es prioritario para hacer posible que la inversión privada acompañe a la inversión pública, para que se genere empleo decente y producción suficiente. La creación de reglas de juego inclusivas, estables, hospitalarias para el emprendimiento privado, para la generación de autonomía económica vital, es punto clave de la agenda del cambio económico imprescindible para sacar a Venezuela del foso de estanflación, escasez, dependencia y aislamiento donde se encuentra.

 

Confrontación y diálogo: las dos caras de la moneda

 

Ningún elemento presentado en estas agendas constituye un acto inconstitucional ni equivale a un golpe de Estado, ninguna de estas exigencias es antidemocrática. El presente régimen sí que lo es, y no debemos perder de vista su carácter autoritario durante todo el recorrido futuro.

 

La conflictividad en Venezuela no cesará con facilidad. Un posible cese de la actual ola de protestas sería solo una pausa temporal. A lo largo de estos quince años la presión de calle ha sido recurrente, derivada en gran parte de la incapacidad del proyecto chavista de convivir con la pluralidad social y política. Hay razones para pensar que esto no cambiará. La crisis económica nos augura un año 2014 de recurrentes conflictos públicos. Que estos conflictos deriven en cambios políticos será el reto de los sectores democráticos.

 

La violencia política ha sido consustancial con la historia del chavismo desde su aparición pública el 4 de febrero de 1992, ese ha sido su legado central. La destrucción de la maltrecha institucionalidad democrática fue su primer y fatídico logro; la construcción de una institucionalidad crecientemente autoritaria fue su vocación; y el establecimiento de un control total sobre la sociedad, inhibiendo su capacidad de producción autónoma, destruyendo su base productiva, ha sido su proyecto.

 

La ausencia de paz social y política, la evidente crisis de gobernabilidad, y la pérdida de la senda de desarrollo humano integral, de progreso socioeconómico, se han agravado por la ausencia de democracia. Avanzar hacia la verdadera paz, reconstruir la democracia, volver a tomar el camino del progreso socioeconómico, son las agendas presentes y futuras de la sociedad venezolana.

 

Estas agendas implicarán escenarios de confrontación política en múltiples tableros, en la arena de la calle, en el ámbito parlamentario, en el escenario judicial, en la coyuntura electoral; en todos estos espacios y momentos ha de combinarse la presión masiva de calle con la exigencia política, la confrontación con el diálogo, el conflicto con la negociación. Pretender dialogar sin presionar en calle es infructuoso, pretender hacer política de calle sin abrir juego al diálogo agota todos los recursos; ambas pretensiones conducen a la frustración. El camino es largo, pero es el camino que hemos de transitar juntos.