El caso Machado vs. La dictadura
Por Francisco Alfonzo
@FranciscoAlfonz
Una de las características más importantes de la democracia es el respeto a la disidencia. Para que un gobierno pueda llamarse “democrático” no solo requiere que esté regido por la regla de “la mayoría”, sino que además necesita tener un conjunto de otras características esenciales. El gobierno de Maduro ha intentado con gran esfuerzo aparentar ser una democracia, sin embargo, el excesivo uso de la regla de la mayoría lo ha convertido, precisamente, en todo lo contrario.
La democracia requiere que la mayoría sea la que gobierne. Sin embargo, también necesita que el ejercicio de ese gobierno por parte de la mayoría sea, en todo momento, respetuoso de los derechos y espacios de las minorías. Las minorías son tan importantes como las mayorías para una democracia. Esas minorías están compuestas por los distintos grupos y sectores de la sociedad, pero también por personas individualmente consideradas que son titulares de un conjunto de derechos que tienen que ser respetados de forma absoluta e incuestionable por el gobierno, ni si quiera por voluntad de la mayoría se pueden violar los derechos de la minoría. Los derechos de las personas son límites al poder porque se enfrentan a las mayorías y prohíben a estas vulnerarlos.
En Venezuela, la mayoría del gobierno está altamente cuestionada. Empezando porque los resultados electorales reflejaron una división casi idéntica en la voluntad del soberano y el gobierno actual conservó el poder por solo un pequeño margen de votos, altamente cuestionado. Ello significa que esa dudosa mayoría que esta en el poder puede gobernar en la medida en la que respete, sin excepción, los derechos de la otra mitad del país que se le asemeja en tamaño.
En Venezuela no hay democracia porque no se reconoce a la otra mitad del país, a la cual ni si quiera puede llamársele minoría, además de porque tampoco se respetan los derechos individuales de las personas cuando estos se enfrentan a los intereses de esa supuesta “mayoría”.
El caso de la diputada María Corina Machado y la persecución en su contra es un claro ejemplo del irrespeto a las reglas de la democracia. El órgano legislativo, parlamento, Asamblea Nacional, está compuesto de una forma que busca, en teoría, reflejar las distintas opiniones y voluntades de los diferentes sectores de la sociedad. Si las minorías en las democracias no fuesen importantes, los parlamentos estarían compuestos solamente por miembros del partido mayoritario.
Las acciones de la tiranía que buscan anular la voz de la diputada Machado son una muestra del odio que siente el régimen por las reglas de la democracia, sobre todo, por la regla del respeto a la disidencia.
El país sabe que las acciones de Diosdado y del Poder Judicial en contra de la diputada Machado son arbitrarias y carecen de fundamento. Es evidente que quieren quitarle la investidura parlamentaria porque les molesta la verdad que ella le está mostrando al mundo (http://www.youtube.com/watch?v=0HNFrXsgkBs).
María Corina Machado acudió a una reunión de la OEA en representación del pueblo que la eligió, fue a allá precisamente a hacer la labor de un diputado: hablar, parlamentar, argumentar, reclamar y exponer la realidad de la gente que representa, defendiendo los derechos de sus electores.
La Diputada Machado en ningún momento aceptó un cargo de un gobierno extranjero porque ese cargo jamás fue ofrecido, el gobierno de Panamá no le pagó para que cumpliese con alguna función y porque no se juramentó frente a ninguna autoridad panameña. Lo que fue a hacer la Diputada en la OEA en ningún momento representa los intereses y derechos del gobierno o pueblo panameño. La invitación del gobierno de Panamá, para que María Corina hablase en la OEA, es un mecanismo diplomático que ha sido utilizado en situaciones anteriores, inclusive por Venezuela, donde en ninguna de ellas se ha considerado que el “invitado” asume un cargo en el país que hace la invitación.
Por si fuera poco, la norma aplicada a María Corina para hacer posible esta aberrante persecución es el artículo 191 de la Constitución, que contempla expresamente una excepción que exoneraría de toda responsabilidad a la Diputada en el presente caso. El artículo dice: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva.” Si lo que fue a hacer María Corina a la OEA no representa una situación o una actividad “accidental”, entonces no podríamos imaginarnos a qué se refiere la Constitución con esa expresión.
En todo caso, si se quisiera abrir el debate sobre la procedencia o no de los argumentos de Diosdado y si se quisiera determinar verdaderamente cuál es el deber ser, constitucionalmente hablando, en el presente asunto, para ello se debe seguir un procedimiento jurídico estricto. En otras palabras, si se quiere quitarle el cargo a una diputada democráticamente electa, para ello debió haberse procedido a través de los mecanismos constitucionalmente establecidos.
Lamentándolo mucho, el pasado 31 de mayo la Sala Constitucional del TSJ procedió a actuar, una vez más, de manera arbitraria, inconstitucional y antidemocrática para complacer los caprichos dictatoriales del régimen tiránico, emitiendo una sentencia donde “interpretó” el citado artículo 191 de la Constitución para concluir afirmando que Machado había perdido su investidura (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/162546-207-31314-2014-14-0286.HTML).
Si querían revocar el cargo de María Corina debieron abrir un juicio, donde se le diera la oportunidad a ella de defenderse de argumentar, alegar y probar todo lo que tuviese en su favor. Un juicio donde se escuchase la opinión fundamental del Estado de Panamá sobre lo que ellos consideran que es un “cargo” dentro del Poder Público de ese país, así como en el cual se respetasen las garantías del debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa. Lo anterior no se hizo, sino que se procedió de forma sumaria, expedita y arbitraria, en desconocimiento del Estado de Derecho.
Deben tenerse presentes, cuando estudiamos del caso de la Diputada Machado, otros ejemplos en nuestro parlamento que ilustran situaciones similares, con la diferencia que se trata de diputados del PSUV. La forma en como esos casos han sido tratados demuestran que en definitiva aquí de lo que se trata es de aplastar a la disidencia, a la oposición, a la “minoría”: que tiene el mismo tamaño electoral de la “mayoría”.
En primer lugar, esta el caso del Diputado Diosdado, quien al aceptar un ascenso por parte de Maduro se convirtió nuevamente en militar “activo” lo cual es incompatible con el ejercicio del cargo de diputado, conforme al citado artículo 191 de la Constitución. Sin embargo, a pesar de ser un militar activo, Diosdado no ha perdido su cargo, no hay quien se atreva a quitárselo.
Igualmente, encontramos el caso del Diputado Adel El Zebayar, también del PSUV, quien suspendió su labor de parlamentario para tomar un fusil e ir a Siria a defender la dictadura de ese país frente a las fuerzas opositoras que claman por un régimen democrático, para posteriormente regresar a Venezuela y retomar su cargo legislativo. El diputado y combatiente sirio no ha perdido su curul de la Asamblea Nacional.
Los ejemplos anteriores, contrastados con el caso de la Diputada María Corina, demuestran que el verdadero interés del régimen no es proteger lo que dicen las normas de la Constitución. Lo que realmente quiere la tiranía es perseguir y aplastar a la oposición y a la disidencia, en desconocimiento de las reglas democráticas que exigen el respeto de las “minorías”, que además, en el caso de la Diputada Machado, esa minoría no es tal, debido a que es la legisladora electa con más votos en toda nuestra historia republicana.
La falta de democracia en Venezuela puede ser igualmente apreciada si estudiamos los casos de los encarcelamientos y las destituciones arbitrarias de los alcaldes opositores Enzo Scarano (San. Diego, Edo. Carabobo) y Daniel Ceballos (Mun. San Cristóbal, Edo. Táchira) de manera sumaria, sin procedimiento, sin derecho a la defensa, por un tribunal incompetente, sin permitirles argumentar y probar en su favor y, además, sin derecho a apelación ante un tribunal superior. A las mismas conclusiones llegaríamos si estudiamos con esa misma óptica el juicio en contra del líder opositor Leopoldo López, quien tantos problemas les causaba a la tiranía y todavía sigue haciéndolo.
La careta democrática del régimen venezolano ya se desvaneció, quedó desnudo como una tiranía dictatorial. Con ejemplos como el anterior lo podemos apreciar claramente, así como a través de muchos otros casos, como el de la represión desproporcionada a la protesta pacífica, el irrespeto a los derechos humanos como por ejemplo a la libertad de expresión y a la propiedad, entre otros casos.
El régimen podrá impedir que María Corina vuelva a ingresar a la Asamblea Nacional, ocupe su curul y haga uso de su derecho a palabra. Sin embargo, no podrá conseguir que la Diputada Machado calle su voz que representa la de al menos la mitad del país, y tampoco podrán evitar que ella siga llevando ese mensaje dentro y fuera de nuestras fronteras exponiendo de manera brillante los motivos por los cuales no puede considerarse que en Venezuela hay una democracia.
No solo en Venezuela, sino que poco a poco en el mundo también se han dado cuenta de que nuestro país es gobernado bajo un sistema dictatorial. En estos tiempos de conflicto las próximas semanas serán decisivas para el futuro del país, pero en definitiva entender que nos enfrentamos a una férrea dictadura es uno de los primeros pasos necesarios para lograr derrotarla.
