Las cuatro guerras de Maduro
Por Carlos Reverón
@creveronb
El Gobierno ha demostrado una enorme capacidad de crear o inventar situaciones que pueden tener por finalidad, según la opinión pública, desviar la atención del venezolano de los problemas cotidianos, aglutinar a los simpatizantes del Gobierno en torno a un enemigo común para aumentar su popularidad o quizás para provocar una reacción violenta de quienes lo adversan para que el Estado, a través de la represión, tome un mayor control sobre el país. Lo que sí estamos seguros -por ser fácilmente constatable- es que estas situaciones dejan una profunda huella en lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico.
Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia el 19 de abril de 2013, ha declarado cuatro guerras a saber: la guerra económica; la guerra antiimperialista contra una Orden Ejecutiva dictada por Obama; la disputa con Guyana por el Esequibo; y la disputa en la frontera colombo-venezolana. Veamos de qué manera el Presidente ha tenido influencia en nuestro sistema jurídico como consecuencia de estos supuestos altercados:
La guerra económica apareció en los meses de noviembre y diciembre de 2013 con el conocido Dakazo (estrategia electoral para la elecciones municipales que se celebraron en diciembre de ese año) y paralelamente para hacer frente a ésta, la Asamblea Nacional otorgó una Ley Habilitante al Presidente el 19 de noviembre de 2013, cuya duración fue de un año, en la que se delegaba la facultad de legislar contra la corrupción y la economía. En el marco de esta Ley Habilitante se dictaron 51 Decretos-Leyes, en el que destaca, en lo que respecta a la lucha contra la guerra económica, la Ley Orgánica de Precios Justos.
Se debe destacar que esta Ley sanciona la especulación, el acaparamiento, la reventa de productos de primera necesidad, el contrabando de extracción y la alteración fraudulenta de precios, por lo que curiosamente luego de dictada esa Ley esas conductas contrarias a la misma, en lugar de disminuir han aumentado. Lo que demuestra que en Venezuela el problema no es la existencia de un marco normativo que sancione una u otra conducta, sino de hacerla cumplir por igual.
En virtud de las sanciones contra funcionarios venezolanos que violaron Derechos Humanos en nuestra país en el 2014 y que se encuentran contenidas en la Orden Ejecutiva (Decreto) dictada por el Presidente de los EE UU el 09 de marzo de 2015, el Gobierno inició la guerra antiimperialista en la que tambiénla Asamblea Nacional -a menos de 120 días de haberse terminado el lapso de duración de la anterior Ley Habilitante- dictó el 15 de marzo de 2015 y hasta el 31 de diciembre de este año, una nueva Ley Habilitante denominada como Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz. Es claro que a través de Decretos-Leyes es imposible combatir al imperio y, menos aún, de anular los efectos de las sanciones establecidas por aquel Gobierno contra aquellos que violaron los Derechos Humanos en Venezuela el año pasado.
Obsérvese que la Asamblea Nacional desde al año 2013 ha renunciado a su función esencial y natural que es legislar (con la participación inclusive de las minorías representadas en la Asamblea Nacional) al habérsela delegado al Presidente de la República hasta el 31 de diciembre de este año. Aún no se ha dictado un Decreto-Ley con base a esta Ley Habilitante, pero ello puede hacerse hasta el último día de este año.
La disputa con Guyana por el Esequibo se inició en virtud del acuerdo existente entre Guyana y Exxon Mobil para explorar las aguas del Esequibo. Aquí también se utilizaron instrumentos legales como armas del Gobierno, pues el Presidente de la República dictó el Decreto N° 1787 publicado el 08 de junio de 2015, por medio del cual se crearon las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (ZODIMAIN) Atlántica, Oriental, Central y Occidental que fijaban nuevos límites de nuestro territorio.
Así, se estableció en lo que respecta a la ZODIMAIN Atlántica, la cual incluía la proyección en el mar de la Guyana Esequiba -que es parte del territorio reclamado por Venezuela que está sujeto a delimitación- y que este Decreto lo incluía como parte del territorio venezolano. Por su parte, en la ZODIMAIN Occidental se indicaba que ésta comenzaba en la zona de Castillete, pasaba por las aguas del Golfo de Venezuela y tomaba parte de la zona que todavía está en disputa entre Colombia y Venezuela.
En virtud de las voces de queja por parte de Colombia y Guyana contra estos nuevos límites territoriales, ese Decreto fue derogado por el Decreto N° 1859 publicado el 06 de julio de 2015, en el que se modificaron ambos ZODIMAIN. En el relativo a la zona Atlántica se estableció que la ZODIMAIN comprende las áreas marinas inclusive las que están por determinarse con Guyana según el acuerdo de Ginebra de 1966, eliminándose lo que afirmaba el anterior Decreto en lo que respecta a que era parte del territorio de Venezuela las áreas marinas y submarinas que corresponden a la zona en reclamación. A su vez se eliminó la ZODIMAIN Occidental y todas las coordenadas que servían para delimitar los supuestos nuevos límites de nuestro territorio.
El conflicto en la frontera colombo-venezolana se inició luego de haberse dictado, hasta la fecha, 7 Decretos de Estado de Excepción en Municipios fronterizos con Colombia para hacer frente al paramilitarismo, narcotráfico, contrabando de extracción y delitos similares. Como consecuencia de ello, se han suspendido las garantías establecidas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución. Sobre esta medida en específico ya hemos opinado en otra oportunidad aquí en Guayoyo en Letras en días pasados.
Este último ardid para continuar con el complejo entramado jurídico que se ha venido dictando tiene como nota común con la guerra antiimperialista y la guerra económica que en ellos se ha pronunciado la Sala Constitucional. En lo que se refiere a los Estados de Excepción, la Sala Constitucional (según la competencia que le otorga la Constitución) ha declarado, hasta hoy, la constitucionalidad de los siete Decretos dictados (sentencias N° 1173/2015, 1174/2015, 1176/2015, 1181/2015, 1182/2015, 1183/2015 y 1184/2015). En el enfrentamiento contra la legislación “injerencista” la Sala Constitucional en sentencias N° 100/2015 y 443/2015, se pronunció en contra de esos instrumentos dictados por el Gobierno de los EE.UU, aún cuando -y como es evidente- tales medidas no son susceptibles de ser aplicadas en el país. En cuanto a la guerra económica, la Sala Constitucional -conforme a su competencia- se pronunció respecto a la constitucionalidad de los Decretos-Leyes dictados bajo el marco de la Ley Habilitante 2013, como consta en las decisiones N° 01/2014 (referida a la Ley Orgánica de Precios Justos), 1586/2014 y 1587/2014.
El conflicto de la frontera y la guerra antiimperialista coinciden en que se movilizaron efectivos militares de nuestra FANB. En la frontera con Colombia se han desplegado efectivos en la actualidad, como también debe recordarse que el 28 de marzo de 2015, se realizaron simulacros y prácticas militares en aquél denominado Escudo Bolivariano. Nótese que el nombre hace alusión a que en ningún momento se pretende atacar algún otro país, sino que eran ejercicio solo de defensa, esto es, que solo se trataba de una práctica que intentaba demostrar el arsenal militar del país, pero nunca a hacer uso de él.
Lo que nos preocupa no es el distorsionado régimen jurídico que se ha venido creando de manera inconsulta desde el Ejecutivo (pues desde el año 2000 se han dictado 213 Decretos-Leyes), ni siquiera que su gran mayoría sea inconstitucional o que fortalezca el Estado Policía que hoy nos gobierna. Lo que realmente nos alarma es que en un momento determinado el Gobierno deje de hacer alarde del arsenal militar adquirido en los últimos 16 años y tenga la mala idea de apretar el gatillo por motivos fútiles.
La historia da fe y fiel testimonio de los horrores de la guerra, lo cual no solo está relacionado con la cantidad de muertos que en su grandísima mayoría son injustas (por no decir todas), sino también por sus consabidos efectos colaterales. Es por ello que lo menos que necesita en este momento Venezuela (y el mundo) es una guerra para recuperar su moribunda moral. Por el contrario, lo que nos hace falta es paz, entendimiento y reconciliación para poder avanzar en el sendero del desarrollo (humano, económico, social, etc.) que nos permita celebrar nuevamente el hecho de ser venezolanos.
Caracas, 24 de septiembre de 2015.
